Los Presupuestos de Cantabria de 2025 siguen su tramitación tras rechazar PP y PRC las enmiendas de PSOE y Vox

El Presupuesto de Cantabria (PGC) para 2025, que asciende a 3.749 millones de euros, continúa su tramitación parlamentaria tras haber sido rechazadas este jueves en el Parlamento las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox.

En contra de ellas ha votado el PP, que sustenta al Gobierno en minoría liderado por la ‘popular’ María José Sáenz de Buruaga, y el PRC, que aunque está en la oposición ha suscrito por segundo año un acuerdo con los ‘populares’ para sacar adelante las cuentas, que se aprobarán el 20 de diciembre –una vez transcurra el trámite de enmiendas parciales– para entrar en vigor el 1 de enero de 2025.

Además de PP y PRC, cada grupo proponente ha votado en contra de la enmienda del otro. Así, los socialistas han rechazado la planteada por Vox y éste ha hecho lo propio con la del PSOE.

Idéntico resultado han obtenido las enmiendas a la totalidad que PSOE y Vox han presentado al proyecto de Medidas Fiscales y Administrativas de 2024, la conocida como ‘ley de acompañamiento’.

De esta forma, en el caso de las enmiendas socialistas –a los PGC y a la ley de acompañamiento– han sido rechazadas por los votos en contra del PP (15), PRC (8) y Vox (3), que suman 26, y solo ha contado con el apoyo de los propios diputados socialistas, mientras que el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, se ha abstenido.

También lo ha hecho con la enmienda del que hasta hace poco era su grupo, Vox, que han votado en contra PP, PRC y PSOE, con lo que solo ha tenido tres votos a favor frente a 31 ‘noes’.

POSICIONES CONTRARIAS

PP y PRC han defendido que este presupuesto es «social» y «ambicioso». El grupo que sustenta al Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga ha señalado que estas cuentas promueven «el cambio que Cantabria necesita» y los regionalistas han señalado que es un presupuesto «ambicioso e histórico por el PRC» y sus aportaciones con «impronta».

Frente a ello, los socialistas han criticado que se trata de un «presupuesto de las derechas», que es «insuficiente» y «no hace frente a los tres grandes problemas de Cantabria: el caos en la sanidad pública, el declive industrial y la crisis de vivienda».

Mientras que Vox ha considerado que son «continuistas con las políticas de izquierdas», no afrontan «las reformas estructurales que Cantabria necesita» y son «un fraude» para los ciudadanos.

11 MODIFICACIONES EN LA ‘LEY DE ACOMPAÑAMIENTO’

Los grupos parlamentarios han debatido las enmiendas de PSOE y Vox a la totalidad del presupuesto durante la sesión matinal y, ya por la tarde, las enmiendas a la totalidad de ambos partidos al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ‘ley de acompañamiento’ a los presupuestos.

En la segunda parte de la sesión, el Gobierno ha destacado que en esta ocasión la ley de acompañamiento solo recoge modificaciones en 11 leyes, pues venía siendo una crítica habitual de cada ejercicio el hecho de utilizarla para hacer cambios normativos «por la puerta de atrás», evitando el debate parlamentario. El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha detallado que en con la ley aprobada junto a los presupuestos de 2024 se modificaron 26, en 2023 otras 20, 26 en 2022 y 21 en 2021 y 2020.

Agüeros ha asegurado que este año todas las variaciones «están justificadas», y el PRC le ha reconocido que «ha cumplido» en ese aspecto.

En materia fiscal, la ley de acompañamiento introduce las cuatro nuevas deducciones anunciadas para atraer la inversión extranjera, el empadronamiento de residentes en comunidades limítrofes, favorecer que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler y luchar contra la despoblación en zonas rurales.

Además, se va a unificar la lista de los municipios ahora divididos entre los considerados en riesgo de despoblamiento y los catalogados en situación de reto demográfico. Actualmente pueden acogerse a deducciones por esta consideración 55 ayuntamientos, y el consejero ha señalado que desconoce si con la actualización serán «más o menos».

Este punto ha sido uno de los más criticados junto a la modificación de la Ley de subvenciones de Cantabria, que Agüeros ha defendido se adapta al reglamento europeo que indica que éstas se pueden pagar desde su solicitud hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente, pero PSOE y Vox han subrayado que el texto del Ejecutivo cántabro habla de que en ese plazo se van a «resolver y notificar, no pagar».

Por ello, han opinado que en la práctica supone alargar el pago de subvenciones y en especial han mencionado las de la Política Agraria Comunitaria (PAC), aunque el consejero ha asegurado que «no alterará para nada el calendario de pagos».

26 MILLONES MÁS RECAUDADOS

Otro foco de críticas ha sido de nuevo la reforma fiscal impulsada por el PP. Agüeros ha destacado que, gracias a la rebaja lanzada a su llegada al poder, el Gobierno ha recaudado hasta el 30 de octubre 26 millones de euros más a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, «con cientos de transacciones y autoliquidaciones más».

Una cifra que han cuestionado las portavoces de PSOE y Vox, que han señalado que el aumento en la recaudación se debe al IPC y al incremento del precio de la vivienda y no a que se hayan incentivado las operaciones.

La socialista Ana Belén Álvarez ha advertido que el Gobierno central «puede recriminar» la reducción de impuestos cuando Cantabria pida recursos «de la cesta común de todos los españoles». Además, ha criticado que se vaya a dejar fuera de las deducciones fiscales a los habitantes de municipios catalogados en reto demográfico y tener en cuenta solo a aquellos en riesgo de despoblamiento, una diferenciación que «no es baladí».

«Eliminar las deducciones a municipios como Reinosa, Potes o Selaya es no entender para nada el despoblamiento», ha sentenciado. El consejero ha subrayado que de los 55 municipios que hasta ahora podían beneficiarse, solo algo más de 400 contribuyentes se han acogido a estas deducciones, pero Álvarez ha replicado que «no sabemos» de qué ayuntamientos son porque la medida «no ha sido evaluada» antes de cambiarla. Un cambio que, además, ha dicho que produce «inseguridad jurídica» a los ciudadanos.

Por su parte, Leticia Díaz, de Vox, ha asegurado que la reforma fiscal del PP «es falsa» y lo seguirá siendo mientras no deflacten todos los impuestos, algo para lo que cree que «tienen mucho margen si hay voluntad».

También ha lamentado que el PP mantenga una estructura administrativa «sobredimensionada» y el mismo número de altos cargos y consejerías pese a que cuando estaba en la oposición era una de sus principales críticas.

Desde el Grupo Popular han calificado de «incoherentes y sin fundamento» las críticas de PSOE y Vox y han defendido las medidas fiscales introducidas por el Gobierno, que «consolidan la bajada definitiva de los impuestos», estimulando la economía con «objetivos claros que benefician a los cántabros».

El diputado del PP Carlos Caramés ha opinado que la enmienda presentada por los socialistas «no hay por donde cogerla», mientras que de Vox ha criticado su «insistencia» en medidas como la deflactación del IRPF cuando «no tiene sentido en un contexto de inflación moderada y tras una bajada efectiva de impuestos».

Por su parte, los regionalistas se han mostrado «de acuerdo» con la ley de acompañamiento salvo en algunas «puntualizaciones», y han ensalzado las propuestas exigidas por su formación en el acuerdo presupuestario con el PP.

A su juicio, la política fiscal va a ser «determinante» en los próximos años porque va a estar «permanentemente unida a la financiación autonómica», un ámbito donde «tenemos uno de los graves problemas del futuro», ha asegurado el diputado Pedro Hernando.