Los últimos flecos de la autonomía

El paso a manos del Estado de todo el edificio de los Ministerios, en la calle Vargas de Santander, va a permitir unificar unos servicios demasiado dispersos y, al mismo tiempo, será el penúltimo paso para clarificar un embrollo inmobiliario que dura casi veinte años.
Desde que se produjeron las primeras transferencias a la comunidad autónoma quedó pendiente una deuda en locales de oficinas que el Estado nunca saldó, en buena parte porque la comunidad autónoma no fue capaz de decidir con qué edificios prefería resarcirse y en otra parte porque la cuantificación en metros cuadrados de la deuda (unos 6.000) era discutible, en la medida que la situación de los ya cedidos no había sido bien clarificada al firmar las transferencias y no pocos de ellos estaban en precario, por lo que la Administración regional los perdió de manera irremediable al poco tiempo de tomar su control.
En cualquier caso, la deuda preocupó tan poco a la autonomía que, incluso, llegó a olvidarse de ella, redescubriéndola en 1991 con el Gobierno de Gestión, para regresar los expedientes a los cajones con la vuelta de Hormaechea y la política de aislamiento.
Los contactos con la Administración central para resolver estos flecos se reanudaron con el Gobierno de Martínez Sieso y en 1996 se alcanzó un acuerdo para dejar saldada la cuenta. El Estado, con cierta generosidad, no tuvo reparos en aceptar la entrega del antiguo almacén de Tabacalera, unos 12.000 metros cuadrados que, inicialmente iban a ser destinados a la nueva sede del Gobierno regional. Pero el Ejecutivo cántabro cambió de opinión y el acuerdo no pudo materializarse.
Madrid, en cualquier caso, ya había rescatado el edificio de manos de Tabacalera y, sin un uso concreto que darle, aprovechó más tarde la ocasión para saldar con él otra deuda antigua: la construcción en Santander de una biblioteca y un archivo histórico. Una solución que no sólo va a permitir disponer del edificio, sino que eximirá a la autonomía de los gastos de su adecuación, ya que el Ministerio de Cultura se hará cargo de los 3.000 millones de pesetas que va a costar la obra.
Esta decisión provocaba, de forma indirecta la liberación de un solar en San Martín, que en su día cedió Cantabria para que el Estado construyese allí el Archivo Histórico.

Un vehículo muy a mano

Madrid también acaba de entregar el solar de la calle Barcelona, contiguo a la sede del Gobierno regional y que ahora es imprescindible, junto con el que ocupaba el Garaje Loriente, para la nueva sede del Gobierno regional. La cesión ha sido muy trabajosa, dado que dependía del Ministerio del Interior (en su día fue ocupado por un cuartel de la Policía) y la vía de entrega ha sido curiosa. Para evitar más retrasos, cuando ya estuvo concluido el trámite de desafección, el Estado optó por vincular este solar al INEM, que obviamente no lo necesitaba para nada, utilizando al Instituto de Empleo como un simple vehículo para hacérselo llegar a la autonomía de la manera más rápida, a la vista de que el INEM iba a ser transferido el 1 de enero de este año.
La Delegación del Gobierno también ha mediado para la entrega de algo más de 800 metros en la calle Bonifaz, donde ahora se levanta la nueva Filmoteca.
Con los intercambios quedaba saldada la deuda histórica, aunque por poco tiempo, ya que se ha generado otra nueva, como consecuencia de la política de Cuartas de concentrar lo que resta de la Administración del Estado en seis edificios, para resolver los problemas que provoca la actual dispersión y reducir el centenar de millones de pesetas que viene pagando cada año por alquileres en la capital cántabra.
Esta operación, que convierte el edificio santanderino de los Ministerios en el buque insignia de la administración del Estado en Cantabria, ha resultado aún más compleja que las anteriores, puesto que ha sido necesario poner de acuerdo no sólo a las dos administraciones públicas, sino también a los sindicatos UGT, CC OO, USO y a la patronal CEOE, que en realidad eran los propietarios del inmueble, aunque nunca lo hayan ocupado. El titular del edificio era un organismo constituido por los agentes sociales denominado Patrimonio Sindical Acumulado, una especie de inmobiliaria en la que se han recogido todos aquellos edificios y locales que financiaron los trabajadores durante el franquismo a través de las cuotas sindicales y que, veinticinco años después de la llegada de la democracia, aún están por repartir.
Patrimonio del Estado se ha hecho con la propiedad, compensando a UGT y a CC OO fuera de Cantabria a través de la sociedad Patrimonio Sindical Acumulado, que a su vez acaba de vender un piso que poseía en El Sardinero. Por su parte, USO y CEOE han obtenido su contraprestación en Santander. USO pasa a ser propietaria de unos locales en la calle Burgos que en su día pertenecieron a la Obra 18 de Julio, mientras que CEOE se queda con un edificio administrativo sin uso anexo al de los Ministerios, que también procedía del patrimonio sindical, aunque nunca llegó a ocuparse un solo metro con este fin.

Situaciones insólitas

Todo este intercambio de fichas podrá poner fin a algunas situaciones insólitas que se vivían en la administración. Por ejemplo, que la Consejería de Educación se encuentre en precario, y sin pagar, en un edificio que era de los sindicatos, pero que en realidad estaba siendo gestionado por el Gobierno central. Y se acabarán algunas otras situaciones inverosímiles más, como el hecho de que la Administración central tuviese 70 metros de su propiedad en mitad de la Consejería de Cultura y un pequeño espacio en el Laboratorio de Ganadería, cuando tiene su propio Laboratorio Agrario, o que dentro en la Consejería de Sanidad hubiese un funcionario del Estado. Flecos que, a pesar de la carencia de lógica, el tiempo consolidó.