Los socialistas indican que quedan 30 concesiones de Costas por resolver y están en manos de los tribunales
El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley impulsada por el Grupo Popular en la que pide al Gobierno de Cantabria instar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITRERD) a resolver de manera inmediata los expedientes pendientes de renovación de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre anteriores a la Ley de Costas de 1988.
La propuesta ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo el socialista, que se ha abstenido explicando que ya se ha dado respuesta a unos 60 casos –salvo unos nueve en los que se ha rechazado la petición– y quedan «en torno a 30 afectados» que no han solucionado la prórroga de sus concesiones pero cuyos expedientes están paralizados en la Administración porque han acudido a la vía judicial.
«Cuando un asunto se judicializa automáticamente el Gobierno tiene la obligación de paralizar el trámite administrativo», por tanto hasta que los tribunales no se pronuncien «no podemos pedir a la Demarcación de Costas que siga adelante con expedientes» porque «es ilegal», ha argumentado el portavoz socialista, Javier García-Oliva.
Además, ha defendido que las concesiones de estos terrenos son «un préstamo de algo que es de todos los españoles para un lucro particular», y que «tiene una fecha de caducidad».
Frente a esta postura, el resto de grupos han defendido que se prorroguen las concesiones afectadas por la Ley de Costas ya que en Cantabria se ubican en ellas pequeños negocios, conserveras o explotaciones ganaderas.
También se ha desmarcado del PSOE su socio en el Gobierno regional, el PRC, que está a favor de mantener los usos existentes en esos terrenos y cree que «no es aceptable una demora tan larga en la resolución de las concesiones, estén judicializadas o no», como ha dicho el regionalista Francisco Ortiz, que ha pedido a los responsables del MITERD que «sean diligentes».
Y desde la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox han denunciado el «sectarismo» y el «radicalismo climático» del Gobierno central, de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de «los amigos de García-Oliva», que el portavoz ‘popular’ Iñigo Fernández ha tildado de «ecologistas de salón», que «dictan normas desde Madrid» pero «no han venido por aquí».
Fernández, que ha sido el defensor de la moción, ha pedido a Ribera que «deje de agredir a quienes tienen sus negocios» en estos terrenos y ha denunciado que «no se ha resuelto ni una sola renovación» de las concesiones desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno.
Desde Cs, Félix Álvarez ha defendido que la transición ecológica y energética «tienen que hacerse con sentido común, sin poner en peligro el futuro» de las familias y negocios, que además «no han hecho más que proteger y mejorar el medioambiente». Y desde Vox, Armando Blanco ha llamado a pensar «en nuestra tierra y en nuestra gente y no en ese radicalismo climático que defiende la izquierda, que trata de imponernos un mudo sin gente en el campo y en las costas».
