Los tribunales cántabros han tramitado casi 48.000 divorcios y separaciones en 40 años
Los tribunales cántabros han tramitado 47.767 procedimientos de separación y divorcio, tanto consensuados como no, y 46 de nulidad matrimonial en 40 años, desde que se aprobó la primera ley en la materia en España.
En todo el país, los juzgados han tramitado 3.658.530 procedimientos de separación y divorcio, consensuados y no consensuados, y 4.754 de nulidad matrimonial.
El total, ha habido 3.663.284 expedientes judiciales de disolución matrimonial -47.813 en la región- desde la aprobación de la primera Ley el divorcio en España en 1981 y hasta 2020, según ha informado este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, se han registrado 86,8 disoluciones por cada 1.000 habitantes, una décima más en Cantabria.
Desde 1939 hasta 1981, la única disolución posible del matrimonio era la muerte o declaración de fallecimiento o la nulidad (canónica en la mayoría de los casos), que no es propiamente una disolución sino la desaparición del vínculo matrimonial con efectos retroactivos.
Fue la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, la que volvió a permitir en España el divorcio como causa de disolución del matrimonio mediante la modificación del Código Civil.
Con posterioridad, hubo otros dos hitos legales: la Ley 15/2005, de 8 de julio, que eliminó la separación como requisito previo indispensable para la obtención de una sentencia de divorcio y fijó, tanto para separaciones como para divorcios, un plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio para poder presentar la demanda, en la que ya no debía especificarse la causa.
Esta ley estableció también que no sería necesario el transcurso del plazo de tres meses en caso de riesgo para la vida, la integridad física o moral y para la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos.
Finalmente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria previó la tramitación de determinados procesos de separación y divorcio ante notario.
LA REFORMA DE 2005 CONVIRTIÓ LAS SEPARACIONES EN RESIDUALES
Los datos ponen de manifiesto cómo, a partir de 1983 y hasta 2005, el número de separaciones superó al de divorcios en cada ejercicio. La aprobación de la Ley 5/2005 invirtió la situación y, al simplificarse los trámites del proceso de divorcio, desde 2006 las separaciones se convirtieron en un procedimiento residual.
De las 82.340 separaciones de 2004 se pasó a 55.640 de 2005 y a las 14.158 de 2006. En esos mismos años, los divorcios pasaron de 52.591 en 2004 a 93.615 en 2005 y a 141.317 en 2006.
Además, entre 1981 y 1995, separaciones y divorcios eran en su mayoría procesos contenciosos. Desde 1995 para las separaciones y desde 1999 para los divorcios, las disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo tendieron a ser predominantes.
DESCENSO POR LA CRISIS ECONÓMICA Y DURANTE LA PANDEMIA
El número total de procesos de disolución matrimonial por año, desde 1981, experimentó su máximo en 2006, lo mismo que el número de disoluciones. por 1.000 habitantes. Desde 2007, se aprecia una importante caída, posiblemente como consecuencia de la crisis económica, según apunta el CGPJ.
En 2010 los datos se estabilizan y, entre 2015 y 2019, se aprecia un nuevo descenso, aunque más suave. Además, el CGPJ apunta que la disminución en el número de procesos de disolución en 2020 puede atribuirse a los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19.
Además, la comparación entre el número de matrimonios y de disoluciones (incluidas las notariales) muestra cómo en 2020, por primera vez en la serie histórica, las segundas superaron a los primeros, hecho que puede también atribuirse a la pandemia.
En términos absolutos, Cataluña (671.582), Andalucía y Madrid (523.205), son las comunidades que más procedimientos han tramitado. Mientras que, según la tasa por cada 1.000 habitantes, lidera el ranking Canarias, con 120,5 procedimientos por cada 1.000 habitantes; Islas Baleares, con 109,2; y de nuevo Cataluña, con 100,7.
LAS ISLAS LIDERAN LA TASA POR CADA 1.000 HABITANTES
Según explica el CGPJ, la elaboración del estudio ha requerido complementar los datos estadísticos recopilados desde 1995 por el Servicio de Estadística Judicial del CGPJ con los de los ejercicios anteriores, hasta 1981, provenientes de las Memorias del CGPJ. Los datos de 1981 corresponden a los últimos cuatro meses del año.
Además, para la elaboración de la estadística por territorios, se ha tenido en cuenta que los datos correspondientes al periodo 1981 a 1988 provienen de las antiguas Audiencias Territoriales, mientras que los del periodo 1989 a 2020 son datos recabados de los Tribunales Superiores de Justicia.
Por tanto, para la elaboración de la estadística completa (desde 1981 hasta 2020) se han imputado a los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja los correspondientes a las audiencias territoriales de Albacete, Burgos, Pamplona y Madrid, realizando un reparto proporcional con los datos provinciales de 1995 a 2000.
