Martín se compromete a presentar el plan estratégico de Cantabria en el Parlamento en septiembre

El consejero de Industria, Francisco Martín, se ha comprometido a presentar a los grupos parlamentarios el próximo mes de septiembre las bases del plan estratégico de Cantabria, un plan de región y de «nuevo modelo productivo» que según ha dicho está «prácticamente finalizado» pero ha pedido tiempo para analizar e incluir «las nuevas realidades» que la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto.

Durante su respuesta a una interpelación de Vox en el Pleno del Parlamento de este lunes en relación a este plan que el consejero tendría que haber presentado a mediados de marzo, justo cuando se declaró el estado de alarma, Martín ha explicado que la crisis derivada de la pandemia de coronavirus ha permitido detectar «dos debes» en la estructura económica de Cantabria.

Por un lado, la gran dependencia del sector de la automoción, de la que se desprende la necesidad de ayudar a las empresas de componentes de Cantabria, que representan el 30% del PIB industrial, al cambio tecnológico que supondrá el motor eléctrico. Y por otro lado, la necesidad de convertir en un sector estratégico de Cantabria la industria de suministros sanitarios, para lo que se ha decidido poner en marcha un cluster.

Martín ha señalado que estos dos «debes» deben incluirse en el plan que está diseñando la mesa de nuevo patrón de crecimiento en el seno del Diálogo Social, de acuerdo al compromiso adquirido por el Gobierno de convertir en un único plan los cuatro planes estratégicos en vigor: el de innovación, el industrial, el plan 20-30 de la CEOE y el plan de transición industrial de la Unión Europea.

Sus ejes estratégicos se han unificado en siete: innovación; formación, talento y capacitación; infraestructuras; emprendimiento; sostenibilidad y economías bajas en carbono; crecimiento inclusivo y territorial; e integración exterior y capital imagen.

El consejero ha puntualizado que lo que presentará en septiembre será un borrador porque le gustaría contar con la participación de los grupos parlamentarios, de forma que el plan sea «de consenso».

EMPLEO

Por otra parte, en el Pleno de este lunes ha decaído una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre formación de personas paradas, en contra de la que han votado los grupos que sustentan al Gobierno, esto es PRC y PSOE, y frente a la que se han abstenido los tres diputados de Cs.

Con esta iniciativa, solo apoyada por el PP además de por los proponentes, se pretendía instar al Ejecutivo PRC-PSOE a llevar a cabo una política de fomento de la formación de personas en paro y demandaba que se condicionara el cobro de cualquier tipo de prestación económica procedente de fondos públicos por cese en la actividad laboral a la realización de cursos de formación que se oferten para estos trabajadores en desempleo.

Además, demandaba que se considerara a los centros colaboradores de como interlocutores válidos para la planificación de la formación e instaba al Ejecutivo a pagarlas las cantidades que, según ha dicho, estaban pendientes por los cursos impartidos en 2018 por estos centros de formación. La iniciativa concluía también pidiendo que se reactivara el plan de formación continua que el Gobierno no publicó en 2019 y tampoco este año.

El PP había presentado una enmienda de modificación que cambiaba parte del contenido de la iniciativa de Vox en cuanto a la primera de sus peticiones.

Así los ‘populares’ instaban al bipartito a ejecutar una política de fomento de la formación de personas paradas ampliando el catálogo de cursos obligatorios cuya realización sea condicionante para la percepción de la prestación por desempleo. La enmienda fue aceptada por Vox al considerar que no modificaba sustancialmente el fondo de la PNL.

Pese a ello, esto no ha servido para sacar adelante la PNL después de que PSOE y PRC, que sustenta con mayoría absoluta al Ejecutivo regional en la Cámara, votaran en contra, y Cs se abstuviera.

Regionalistas y socialistas han reivindicado la actuación del Ejecutivo en esta materia y, por ejemplo, el PSOE ha justificado su ‘no’ en que, a su entender, la iniciativa solo responde «a la voz» de los centros de formación –y no de empresas y trabajadores– y sus intereses y, por tanto, «no es imparcial».

Además, la portavoz socialista, Noelia Cobo, ha asegurado que el Gobierno «no le debe nada» a los centros de formación y ha indicado que lo que no ha abonado por los cursos de formación es porque estas academias aún no lo han justificado.

Cobo sí cree, en cambio, que debería de haber un cambio normativo que haga que los centros de formación tengan financiación suficiente desde el principio para sufragar gastos y contrataciones para llevar a cabo esta formación.

Además, en cuanto a la formación de personas ocupadas, Cobo ha señalado que, debido al COVID, el Ejecutivo va a tener que «replantearse» la convocatoria redactada para este año con el fin de «adaptarse a la nueva situación». «Las necesidades han cambiado y la programación del EMCAN tiene que adaptarse al nuevo escenario», ha dicho.

Tampoco se ha aprobado otra PNL, en este caso presentada por Cs, relativa a la convocatoria de la Oferta de Empleo Pública (OPE) de este año para la Fundación Marqués de Valdecilla y las futuras del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y del Hospital Virtual Marqués de Valdecilla. De nuevo han votado en contra de la que han votado PRC y PSOE y a la que también se han abstenido PP y Vox.

Cs pedía que de ellas se retirara la relación de puestos de trabajo ocupados por trabajadores desde hace años mediante –decía– «concatenación de contratos» que se reconocieran el carácter de indefinido al colectivo de trabajadores de la empresa pública Fundación Marqués de Valdecilla, IDIVAL y Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, poniendo fin a una «irregularidad» mantenida en el tiempo.

Además, instaba a garantizar que, a partir de esta regularización, todos los puestos a cubrir en estas instituciones serán a través de Oferta Pública de Empleo.

PSOE y PRC han votado en contra al considerar que parte de «premisas falsas» como la supuesta «concatenación de contratos», que, según ha dicho no es tal, va «en contra de la legalidad» y se inmiscuye en asuntos que no son competencia del Ejecutivo.

El PP, aunque se ha mostrado «de acuerdo» en que hay que resolver el problema, se ha abstenido al considerar que la PNL de Cs está «coja» y no resuelve el problema «para todos», sino que los deja «a medio camino».