Medio Ambiente notificará a los alcaldes cuáles serán las novedades de la Ley de Residuos

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha mantenido este martes un encuentro con los alcaldes de los municipios en los que la empresa pública MARE presta sus servicios de gestión de residuos para informarles de las novedades que implicará la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

La nueva normativa tiene unos objetivos más ambiciosos en materia de prevención y reciclaje y exigirá la realización de más recogidas selectivas municipales obligatorias, que afectarán a los biorresiduos, los textiles, los aceites de cocina, residuos domésticos peligrosos y los residuos peligrosos.

Según ha explicado el consejero, «es una normativa que conlleva nuevas responsabilidades y compromisos tanto para las administraciones públicas, locales y regionales como para la ciudadanía y la actividad económica que se lleva a cabo en nuestros municipios».

En esta línea, Blanco ha subrayado que esta nueva Ley incorpora «retos más ambiciosos que nos obligan a avanzar en una recogida de residuos con mayor nivel de separación y reciclaje con el fin de hacer una sociedad más sostenible».

Con ella se promoverá el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, con nuevos flujos sometidos a este requisito, como los residuos textiles, muebles y enseres, plásticos de uso agrario y residuos sanitarios, aparejos de pesca, productos del tabaco y posibilidad reglamentaria para cápsulas de café monodosis y toallitas húmedas.

También se ampliarán los costes de esta responsabilidad a la recogida separada y los costes asociados a residuos recuperados de la fracción resto o limpieza viaria, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los costes de concienciación, información, de recogida y de comunicación.

De igual modo, promoverá la prestación de servicios con una buena relación coste-eficiencia en términos económicos, sociales y medioambientales.

En cuanto a los costes de gestión de residuos, la nueva Ley fomentará el principio de ‘quien contamina paga’ en materia de costes relativos a la gestión de los residuos.

En este sentido, los ayuntamientos de toda España tendrán un plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la nueva para implementar una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo e indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento.

El consejero ha aclarado a los alcaldes que se trata de unos nuevos impuestos estatales que las comunidades autónomas están obligadas a aplicar para cumplir con los nuevos objetivos medioambientales que marca la Unión Europea. Por ello, ha pedido a los ayuntamientos y a sus vecinos un esfuerzo de concienciación y de cambio de hábitos para reciclar «más y mejor, interiorizando una práctica medioambiental con grandes beneficios para el conjunto de la sociedad».

Ha abogado por incluir sistemas municipales para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar, y también se ha mostrado partidario de promover la diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, tales como puntos limpios o puntos de entrega alternativos, además de sistemas de diferenciación o reducción para las personas en situación de riesgo de exclusión social.

La nueva ley supondrá la actualización de conceptos como los residuos domésticos, los residuos municipales y los residuos comerciales, así como los biorresiduos, los residuos de competencia local y la gestión de residuos, así como las competencias administrativas obligatorias y potestativas de las entidades locales.

Así, se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios o puntos de entrega alternativos; programas de gestión de residuos, en el caso de los municipios con más de 5.000 habitantes, y recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a las comunidades autónomas, además de ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora.

En la reunión, celebrada en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega, también han estado el director general de Medio Ambiente, Antonio Lucio; el director de MARE, José María Díaz, y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro.