Puerto Gallego justifica el pago de facturas: ‘Estábamos entre la espada y la pared’
La exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego ha justificado este lunes, en el juicio por presunta prevaricación contra ella y otros ocho concejales socialistas de su equipo de gobierno, el pago de diversas facturas por diferentes servicios municipales y a pesar de los reparos de los interventores porque, ha asegurado, los mismos se habían prestado y, además, había consignación presupuestaria.
«Estábamos entre la espada y la pared», ha manifestado la que fuera regidora de la villa y que se ha sentado en el banquillo por hechos cometidos desde que accedió al cargo, en 2003, y hasta 2009, por supuesto fraccionamiento de contratos y la aprobación de distintos pagos.
En su declaración, ante la titular del Juzgado de lo Penal número uno de Santander y en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, Gallego ha esgrimido que ella y sus concejales se encontraban «entre la espada y la pared».
Ha explicado así que por un lado tenían los reparos de Intervención pero, por otro, los servicios estaban prestados y además había partidas consignadas, motivos estos últimos por los que la Junta de Gobierno Local aprobaba las facturas, como -ha agregado- les advertía el secretario.
Además, la exalcaldesa santoñesa -que se enfrenta a ocho años de ihabilitación para empleo o cargo público que pide el fiscal para ella y el resto de encausados- ha aseverado que cuando cogió el bastón de mando las empresas en cuestión -principalmente cuatro- ya estaban trabajando para el Consistorio, sobre el que también ha puesto de manifiesto la «falta de medios», tanto técnicos como personales.
En este sentido, ha afirmado que en las comisiones ponía de manifiesto la necesidad de que se iniciara el correspondiente expediente de contratación, expediente que «hacíamos cuando podíamos», ha apostillado.
Al respecto, Gallego ha expresado que «el día a día de los ayuntamientos es muy complicado», admitiendo que a diario «hay que tomar decisiones» -no solo en materia de contratación- y que «a veces» se pueden cometer «irregularidades».
«Pero hay que tirar para adelante», ha defendido durante el interrogatorio en la vista, señalada para este lunes y martes y que se está desarrollando en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, tras ser suspendida en varias ocasiones, la última hace un año.
Tanto el ministerio público como las acusaciones particulares –que ejercen el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila y el Partido Popular– consideran que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa continuada, y el fiscal entiende que concurre la atenuante de dilaciones indebidas.
