Revilla anuncia la dimisión de Gochicoa por la trama de Carreteras
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado hoy que ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa, por la supuesta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas. Una decisión que el jefe del Ejecutivo acepta «harto de dolor» y convencido de que está «limpio», pero reconociendo que «los controles han fallado» en ese departamento.
Además, ha informado de que también ha presentado su dimisión el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, número 2 de Gochicoa en la Consejería, quien Revilla también cree que tenía «total desconocimiento» de lo que estaba haciendo el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez, detenido y en prisión provisional por esta presunta trama de corrupción en la que este funcionario habría percibido dinero u otros beneficios de algunas empresas (Rucencan, La Encina, Cannor y API Movilidad) a cambio de adjudicaciones.
Revilla ha anunciado que la dimisión de Gochicoa se hará efectiva la semana que viene, después de que el lunes, 6 de marzo, éste comparezca en el Parlamento para «explicar lo que ha pasado y dejar las cosas claras», algo que también hará el propio presidente.
Además, a pesar de que solo faltan tres meses para las próximas elecciones, Revilla ha confirmado que ninguno de los consejeros actuales asumirá las competencias de Gochicoa, sino que nombrará a uno nuevo para sustituirlo.
«No conozco una persona más íntegra y más cualificada que Gochicoa», ha asegurado Revilla. «Soy consciente de que estoy cometiendo una injusticia, pero la política ha llegado a unos niveles en los que tenemos que ser extremadamente rigurosos y es cierto que los controles han fallado», se ha lamentado. «De ahora en adelante la vigilancia tendrá que ser más extrema, para no volver a tener casos como este», ha añadido.
«Aquí hay un presunto sinvergüenza, pero es cierto que los controles han fallado: los de su jefe directo que era el director general de Carreteras, y por arriba, el consejero», ha reiterado Revilla, que ha subrayado que Cantabria «pierde a un gran funcionario, pero lo gana el Estado», si bien ha comentado que Gochicoa «no está perdido para la causa de Cantabria». «Es demasiado buena gente», ha declarado.
El presidente ha incidido en que en los 4.080 folios que componen la instrucción judicial sobre las presuntas irregularidades en los contratos de carreteras no aparece ningún político, ningún alto cargo, ninguna persona de confianza y ninguna persona de libre designación por parte del Gobierno de Cantabria ni de su partido. «Aquí no hay ‘tíos Bernies’ ni hay ‘Gürteles’, ni hay compras de jueces, no. Aquí hay un presunto sirvengüenza que ha hecho algo increíble», ha afirmado Revilla en relación al jefe de Carreteras.
En ese sentido, ha señalado que se ha iniciado el expediente para la suspensión de Miguel Ángel Díez como responsable del área de Carretera, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo.
También ha salido el presidente en defensa del trabajo de los funcionarios regionales y ha hecho hincapié en que solo el detenido, Miguel Ángel Díez, aparece citado en el sumario. «No tenía en sus alrededores cómplice alguno. Era él únicamente».
EL GOBIERNO PIDE «MEDIDAS CAUTELARES» PARA APARTAR A LAS EMPRESAS
Por otra parte, Revilla ha anunciado que por parte del Gobierno de Cantabria ha solicitado al juzgado que instruye la causa –el número 5 de Santander que dirige Mercedes Compostizo– la adopción de medidas cautelares, pidiéndole que amplíe la investigación para que ésta se extienda no solo a las personas físicas (el funcionario y los representantes de las empresas implicadas) sino también contra las empresas en sí.
Y es que Revilla ha explicado que en la causa por ahora solo se centra en los representantes de las empresas, como personas físicas, pero no en las propias compañías. El presidente ha asegurado que «tan culpable es el que coge como el que da».
El objetivo de la petición del Gobierno al juzgado es poder apartar temporalmente a las empresas implicadas de los procesos de contratación en marcha a los que se habían presentado en los que haya intervenido el funcionario implicado, sin tener que detener las obras previstas, que son «necesarias» y «muchas» –ha dicho– Revilla estaban «a punto de adjudicarse». Pero para ello, se precisa el «amparo» el juzgado.
También el Gobierno ha puesto en conocimiento del juzgado que en distintas consejerías del Ejecutivo hay expedientes de contratación, aun pendientes de adjdicación, en los que se han presentado estas empresas pero en los que no hay indicio de ilegalidad. El objetivo es que el órgano judicial tenga esta información y que, sin considera que hay algún problema, lo indique.
Además, el Gobierno de Cantabria ha solicitado al juzgado la apertura de una cuenta bancaria en la que poder ingresar las cantidades que el Ejecutivo debe abonar a estas empresas por trabajos ya realizados para que sea el propio juzgado el que determine su destino.
Y en cuanto al funcionario implicado, el presidente regional ha anunciado que se ha iniciado un expediente disciplinario para llevar a cabo su suspensión como funcionario, así como apartarlo de forma provisional del servicio, lo que conlleva pérdida de empleo y sueldo (solo percibirá una retribución básica que tendrá que devolver si resulta condenado).
REFUERZO DE LOS CONTROLES EN CONTRATACIÓN
También ha anunciado que el Gobierno de Cantabria va a empezar a reforzar «inmediatamente» los controles en materia de contratación porque aunque, según ha dicho, la Ley de Contratos se está «cumpliendo rigurosamente» cree que «se ha demostrado que no es suficiente».
Así, se va a iniciar la tramitación para hacer algunas modificaciones en los procedimientos. Así, por ejemplo, se requerirá que un expediente de contratación vaya firmado no por un funcionario –como ahora– sino por dos. «Con lo cual ya es más complicado para que pueda haber situaciones de estas».
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