Inventario
Caridad y McDonald’s
Una de las cosas de las que más podemos orgullecernos los españoles es el espíritu de solidaridad. El país responde con prontitud y generosidad a las causas colectivas, desde la donación de órganos a los aviones con socorros. España ha sido el segundo mayor donante mundial de Haití, un país de cultura francófona con el que nunca hemos tenido mucha relación. Las familias y las instituciones se vuelcan en estas ayudas bienintencionadas pero en ocasiones poco efectivas, porque el país destinatario es un desastre en sí mismo, sin necesidad de desastres nacionales, y muchas organizaciones caritativas están también mal organizadas o no son tan caritativas como parece.
La menos menos caritativa, a no ser que caritativo venga de la palabra cara (rostro), es la Fundación Cyes valenciana, esa a la que el gobierno regional del PP parece tan vinculado y a la que concedió nada menos que 833.000 euros para hacer pozos de agua en Nicaragua y a punto ha estado de sacar petróleo, pero en Valencia, ya que con el dinero se compró un par de pisos céntricos y otros tantos garajes, mientras que a Nicaragua no envió más allá del 10% de la ayuda pública.
Probablemente haya más Cyes en Valencia y en el resto del país, organismos creados por personas más o menos próximas al gobierno de turno que han convertido la caridad pública en un negocio privado. Para separar el grano de la paja, algunas ONGs han optado por auditarse, de forma que un organismo externo confirme si el dinero se utiliza o no para lo que fue donado, con lo que tratan de evitar que la trapacería de algunos acabe por afectar a la fama de todos. Pero ni siquiera esto puede evitar el sospechar que los países donantes podrían organizarse bastante mejor para que sus aportaciones tengan un resultado más práctico del que tienen. Da la impresión de que la eficacia de las notables cantidades económicas que se envían al Tercer Mundo para ayudar a la población no tienen mucho más efecto del que lograban, sin ningún tipo de medios, los misioneros de hace un siglo. Ni sirven para erradicar definitivamente el hambre, ni crean infraestructuras sólidas ni consiguen que en esos países surjan fuentes de ingresos recurrentes.
Es cierto que ya harían bastante con que sirviesen para erradicar el hambre, pero las estadísticas siguen siendo catastróficas. ¿Tan caro resulta conseguir que todo el mundo tenga algo que comer o, en realidad, es un problema de gestión lo que impide que se canalicen hacia los que tienen hambre los ingentes excedentes alimentarios que se pierden en el mundo desarrollado? Da la impresión de que más bien es esto último, la incapacidad de los organismos públicos y de las ONGs más bienintencionadas para mover grandes cantidades de alimentos de un continente a otro y de proceder luego a una distribución que es realmente compleja.
Es posible que ese problema no se resuelva nunca mientras siga en manos del sector público o semipúblico. Quizá en este, como en otros muchos terrenos en los que estamos atascados, haya llegado la hora de cambiar el chip y rendirse a la evidencia. Si McDonald’s es capaz de vender una hamburguesa por un euro, es más fácil que dé de comer a los ciudadanos de los países extremadamente pobres como subcontratista de los organismos públicos y ONGs (con una dieta más variada que la mera hamburguesa, claro) que lograr que éstos quiten el hambre con el sistema actual. Y, probablemente, más barato. Además, crearía empleo endógeno en esos países, algo que no se consigue importando los alimentos.
Las donaciones de órganos demuestran hasta qué punto influye la gestión en el éxito. El que hayamos conseguido la mayor tasa de donantes del mundo no es consecuencia de que las familias españolas tengan mejor corazón que otras. El auténtico secreto es que nuestra organización de recogida y reimplante es la más eficaz de todas las que existen y los demás países mejorarán sensiblemente sus cifras en la medida en que copien el sistema español –algunos ya lo están haciendo–.
Nunca sobrarán las buenas acciones individuales, pero cuando son colectivas, como las que se han impuesto los organismos públicos, es exigible que estén bien organizadas y ahora no lo están. Al calor de esta desorganización han crecido organismos supuestamente benéficos y vinculados a quienes reparten las ayudas públicas, como la ya famosa Fundación Cyes, que son intolerables y amenazan con desprestigiar todo el sistema. La caridad no empieza por uno mismo y los gobiernos no pueden dar dinero con su mano izquierda sin que se entere la derecha, porque el dinero no es del consejero que reparte, sino de todos.
Menos milagros
Cada día hay menos milagros. Quizá se produzcan, pero nos cuesta creerlos. El milagro de Irlanda ha acabado por ser un bluff y el de España va por parecido camino. Cuando alguien va mucho más rápido que los demás del grupo o tiene la suerte de cara o es que se pasa de listo, y esto vale para todo. Con la detención de Marta Domínguez y el sospechoso de Contador, no sólo se nos caen algunos mitos del deporte, sino que empezamos a dudar de todos nuestros éxitos. Resulta injusto generalizar pero es lo que le piensan en otros países que ha sucedido con España. Ganaba demasiado y demasiado rápido, así que ahora tienden a suponer que el globo del deporte español se había hinchado a base de trampas o de talonario desbocado y el globo de la economía a base de corrupción.
La imagen de un país se construye o se destruye con muy pocos ingredientes y casi nunca la dan los políticos como ellos creen, ni siquiera los premios Nobel que produce una nación. La dan las costumbres, las formas de vida, el deporte o la publicidad de las grandes marcas reconocidas.
Nosotros habíamos construido una imagen de triunfadores y nuevos ricos. Y como todos los nuevos ricos, éramos un poco patanes, pero simpáticos y abiertos al mundo. Como la gente no suele perdonar fácilmente a quienes se jactan de sobrepasarles (ya sólo nos faltaba ser más chic que los franceses, más glamourosos que los italianos y más concienzudos que los alemanes) ahora nos van a pasar la factura. La primera ha sido Angela Merkel, a la que no adornan muchas virtudes germanas, excepto la de ser una aceptable ama de casa. Cada vez que los periódicos del país le aprietan las tuerzas hace como que se desentiende de los problemas financieros de sus aliados, sin explicar a sus conciudadanos que, en realidad, los problemas de España serían los suyos, porque a quien debemos el dinero y tenemos que devolvérselo es a los ahorradores alemanes. Así que debiera procurar no complicarnos aún más las cosas.
Tendremos que aceptar el correctivo por nuestra suficiencia, como le ocurre a todo el que se pasa de listo, y aprender que los éxitos fulgurantes casi nunca garantizan la continuidad. Sólo ahora empezamos a ser conscientes de que, lo que para nosotros resultaba tan natural, (no nos preguntábamos ni siquiera a quién le podíamos vender un millón de casas al año) creaba asombro fuera. Demasiado asombro como para que fuese a durar.
Encuestas
Homer Simpson –el mejor ejemplo de que reflejar la simpleza requiere guionistas excelsos– reniega de las encuestas en uno de los capítulos de su serie de dibujos con un argumento de exquisita intelectualidad: “El 14% de los ciudadanos sabemos que son falsas”. Para una vez que echa mano de la ciencia, nos descubre lo chapucera que puede llegar a ser, al utilizarse a sí misma como herramienta para desmentirse. Alguien pensará que esto no ocurre en la vida real, porque quizá le haya pasado desapercibido. En la última encuesta del CIS, el 54% de los españoles dice que debe reformarse la Constitución. Están en su derecho de pensarlo, como es evidente. Claro que en otra pregunta inmediatamente posterior, el 60% dice que sólo la conoce de oídas. Con la misma coherencia intelectual podríamos pedir que reformen la italiana, porque es tan mala que da lugar a presidentes como Berlusconi, o la francesa, que ha entronizado a Sarkozy.
Siempre ha habido mucho más disposición a opinar que a enterarse, pero la cuestión se vuelve muy peliaguda cuando entramos en el meollo autonómico. La encuesta ha revelado una fortísima sensación general de que la descentralización española ha llegado demasiado lejos y de que el Estado debe tirar de las riendas y recuperar algunas de las atribuciones cedidas. Sí, pero ¿cuántas y cuáles?
Obviamente, deberían decidirlo los gobernantes (se supone que los nacionales, porque es evidente que los regionales no iban a estar por la labor) pero el problema no se soluciona de una forma tan sencilla, por la propia incongruencia de los encuestados. Cuando votan en las regiones suelen optar por los mismos partidos que gobiernan en la nación y eso da a entender que en su terruño respaldan ese estado autonómico de cosas con el que dicen no estar satisfechos en términos generales. Por otra parte, cuando se han reformado los estatutos autonómicos para ampliar las competencias, las encuestas realizadas en cada región daban un respaldo casi unánime a la pretensión de alcanzar un mayor grado de autogobierno, aunque muchos, luego, no hayan acudido a respaldar los nuevos estatutos que han pasado por las urnas.
En Cantabria, donde no hay un movimiento nacionalista y, por tanto, puede suponerse un ánimo más tibio en este sentido, las consultas que hizo el Parlamento entre estamentos profesionales y sociales tuvieron un resultado unánime: todos ellos opinaron que había que reformar el Estatuto para tener la misma autonomía que quien más tenga (la famosa cláusula de Camps) y exigir ser considerados una región histórica.
Así que no es fácil saber si el electorado pide más o menos autonomía. En realidad, da la impresión de que la única que le convence es la suya, de que desconfía de todas las demás y de que la opinión se orienta en cada momento en función de donde soplen los vientos de los medios de comunicación más belicosos, algo que también se detecta en otra encuesta, la de los asuntos que más preocupan a los españoles, ya que hay muchas preocupaciones que aparecen o desaparecen en función de su mera presencia en las páginas recientes de los periódicos. “Lo que no se habla no existe”, le decía a su hija el pasiego de la película de Gutiérrez Aragón. Y lo que no se publica, tampoco. Ni siquiera como preocupación.
Así que, mientras no nos aclaremos mejor, cualquier político podrá sacar la conclusión de que interpreta el sentir general. Y aunque sepa que no lo interpreta, se creerá capaz de cambiar la opinión de los electores para que acabe coincidiendo con la suya. Exactamente lo mismo que piensan, en sentido contrario, los medios de comunicación que le combaten. En esas estamos.