Sanciones de hasta 60.000 euros a los piquetes que están ‘atentando’ en Cantabria

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha decidido actuar con «contundencia» contra aquellas personas que con motivo del paro en el transporte están provocando daños materiales con actos «violentos y vandálicos» e incluso «atentando» contra la vida de camioneros que ejercen su derecho a trabajar, y va a sancionar con hasta 60.000 euros a los miembros de esos piquetes.

Las sanciones se van a imponer por la vía administrativa, por acciones como pinchazos de neumáticos o roturas de lonas y cristales a los vehículos, registrados sobre todo en los polígonos industriales de Penagos, Orejo y Reocín, pero también en «algunos» casos se va a imputar penalmente, por el lanzamiento de piedras a camiones desde pasos elevados de la Autovía del Cantábrico A-8, a la altura de las localidades de Anero y Hoznayo y en los últimos días a su paso por Sámano (Castro Urdiales).

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando en la identificación de las «pocas personas» que están cometiendo estos delitos. La investigación está «muy avanzada» y en las «próximas horas» se van a remitir las sanciones, por la vía administrativa rápida -de un día para otro- y por infracciones «muy graves» contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que están causando daños económicos «muy importantes», a los que se suman los supuestos penales.

Así lo ha informado este viernes la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa posterior a las reuniones que ha mantenido a lo largo de la mañana con representantes de CEOE-Cepyme, empresarios de la región y portavoces de las principales agrupaciones del sector, como Aetrac y Asemtrasan, que ha convocado el paro en esta comunidad autónoma.

La mayoría del medio millar de socios de la Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria viene secundado desde el pasado lunes el cese de actividad y la agrupación se ha desvinculado de los actos violentos y los ha condenado.

«Esto no es una huelga, es un boicot al conjunto del país y a aquellos que quieren trabajar», ha sentenciado Quiñones, que ha denunciado también que, amparándose en ese paro, «se están cometiendo actos muy graves y no van a quedar impunes».

Ha defendido así las medidas «claras, concretas, específicas y contundentes» acordadas, como la imposición de las citadas sanciones de hasta 60.000 euros, que llegarán a las «pocas» personas que están causando los sabotajes y que están generando «mucho ruido y miedo» además.

«Se va a actuar con toda la fuerza de la Ley y de la Administración del Estado sobre aquellas personas que, con sus actos, están causando daños materiales y atentando contra la vida de las personas para que no puedan ejercer su derecho a trabajar», ha avisado.

40 CONVOYES PARA ASISTIR A 200 TRANSPORTISTAS

La representante del Estado en Cantabria, que no ha cuantificado el número concreto de identificados ni de incidentes registrados, ha señalado además que estos días se han organizado unos cuarenta convoyes para asistir a más de 200 transportistas -entre camiones y furgonetas- en desplazamientos a otros puntos de la región y del país, en coordinación con efectivos y fuerzas de otras comunidades.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad de los transportistas que quieren ejercer su derecho al trabajo y asegurar también el funcionamiento de las empresas.

Las asistencias que se han intensificado en las últimas jornadas, en línea con el aumento de actos violentos, y en las que participan cerca de medio centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En concreto, 469 efectivos que se incrementarán si es necesario.

DE MOMENTO NO HAY PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO

Y aunque en Cantabria no se están registrando incidentes «muy violentos» si se comparan con los de otros puntos de España, sí se está generando «miedo», y eso está «parando la actividad». Sin embargo, por ahora no hay «problemas de desabastecimiento», según ha asegurado Quiñones, que ha destacado que se está trabajando «incansablemente» para evitarlo y «de momento se está consiguiendo».

«Por ello, quiero enviar un mensaje de tranquilidad a las empresas y transportistas que quieren seguir trabajando y les pido que se pongan en contacto con la Delegación del Gobierno y se les atenderá de forma inmediata», ha finalizado.

En esos encuentros con patronales y empresarios también han participado la jefa superior de Policía, Carmen Martínez, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Antonio Orantos.