Santander descontará 5,5 millones a Aqualia por haberle permitido quitar el canon mínimo

La Junta de Gobierno local de Santander ha aprobado la restitución del reequilibrio económico-financiero del contrato de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, suscrito con FCC Aqualia, que supondrá una disminución de los ingresos de ésta, por excesos de facturación, de más de 5,5 millones hasta el año 2031 que finaliza el concesión, así como el desarrollo de inversiones no realizadas por 912.950 euros.

Esta medida deriva de informes de los servicios municipales de Recaudación e Intervención ante el incremento de los ingresos de la concesionaria y la disminución de las obligaciones de inversión, al modificar el Ayuntamiento el contrato en 2012 para eliminar el canon mínimo de 40 metros cúbicos y establecer el consumo real.

El efecto de esta modificación fue el desequilibrio económico del contrato, pues las inversiones de la empresa se calculan en función de los metros cúbicos facturados y al eliminar ese mínimo, se redujeron en favor de la concesionaria y en perjuicio del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, quien ha explicado que la modificación de la estructura tarifaria aprobada por el Consistorio en 2012 alteró las condiciones económicas establecidas al inicio de la concesión en beneficio de la empresa mientras que el «gran perdedor» fue el Ayuntamiento, que sufrió un descenso de las inversiones en infraestructuras hidráulicas.

Al eliminar el canon mínimo, aumentaron los ingresos de la concesionaria y disminuyeron las obligaciones de inversión del contrato, si bien la ley prevé adoptar medidas para alcanzar el reequilibrio.

Así, el Ayuntamiento ha acordado no actualizar las tarifas de 2018 para los años 2019 y 2020, hasta el final de la concesión en abril de 2031, para que se produzca una disminución de los ingresos de Aqualia y así mantener el equilibrio económico-financiero.

Unas resoluciones dentro del marco del contrato que la empresa «tiene todo el derecho a recurrir», ha dicho Ceruti, que ha subrayado que el desequilibrio económico ha sido «provocado por una actuación del Ayuntamiento, no de la concesionaria».

En concreto, el acuerdo de no revisar las tarifas de 2018 en 2019 y 2020 supone una reducción de ingresos de 824.437 euros; y no aplicar la subida del IPC de julio de 2017-julio de 2019 (2,8%) a las tarifas de 2018 hasta el final de la concesión se valora en más de 4,7 millones.

En conjunto, la actuación asciende a 5.553.977 euros, con lo que se reequilibra la modificación tarifaria de 2012 hasta el final de la concesión.

Sin embargo, para este año y siguientes, se continuará aplicando la revisión anual de las tarifas actualizadas al IPC.

Además, el Ayuntamiento pedirá a la empresa la ejecución de inversiones por importe de 912.952 euros, correspondientes a ejercicios anteriores.

Otras medidas que se han acordado son instar al inicio de un expediente de interpretación/modificación de las cláusulas del contrato que afecten al cálculo del canon de inversiones; que el cálculo de la carga financiera se realicen tomando como tipo de interés el Euribor a un año; y que los acuerdos que afecten al plan de inversiones se tomen en las comisiones de Control y Seguimiento.

Preguntado si este reequilibrio afectará a los ciudadanos, Ceruti ha señalado que «debe afectar». «El agua se paga por medio de tarifas y una de la cuestiones que tendrá que decidirse es si lo que supondrán esto es una bajada de las tarifas de agua y cuándo se podrá aplicar», ha señalado.

Con estas medidas no se alcanza un reequilibrio «definitivo», que aún deberá determinarse, como contempla el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno. Un documento en el que se fijan las normas para conseguir el reequilibrio al final del contrato «y evitar que crezca la bola de un desequilibrio notable detectado por Intervención», ha dicho Ceruti.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, la Junta ha adjudicado el contrato de servicio de teleasistencia domiciliaria a Servicios de Teleasistencia, por 536.700 euros anuales y un plazo de cuatro años prorrogables otro más.

La adjudicación ha estado un año paralizada porque una empresa que ofertó recurrió a los tribunales.

También se ha aprobado el expediente para adjudicar la licencia de ocupación especial de la Campa de La Magdalena para organizar los conciertos musicales de la primera quincena de agosto en los años 2021 y 2022, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

Ceruti ha apuntado que el Ayuntamiento no quiere que «no sea por nuestra parte» por lo que no puedan celebrarse conciertos en caso de que la evolución de la pandemia lo permita.

En Medio Ambiente se ha aprobado el proyecto técnico de ejecución de un nuevo colector en el parque Doctor Morales y de renovación del colector en la calle Santa María Micaela. También se actuará en la calle Joaquín Bustamante y se limpiarán los colectores de Cadina. La actuación tiene un presupuesto de 366.017 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.