Santander no creará la comisión de investigación del contrato de basuras

El Ayuntamiento de Santander no creará una comisión de investigación sobre el contrato del servicio de basuras después de que el Pleno haya aprobado este jueves, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP, anular la modificación del Reglamento del Pleno que creó este tipo de comisiones, en cumplimiento de la sentencia que así lo ha determinado, y no formular recurso de casación.

La mayoría absoluta del PP se ha impuesto a los votos en contra de PSOE e IU-Podemos, mientras que Vox se ha abstenido y los tres ediles regionalistas han abandonado la sala para no participar en la votación de ese punto, aunque a efectos plenarios también se considera una abstención.

Y ello pese a que el portavoz del PRC, Felipe Piña, asegurara que, al cerrar la puerta a la creación de comisiones de investigación, «hoy muere la posibilidad de ser transparentes».

Una falta de transparencia que han censurado todos los grupos en la oposición, a los que el PP ha acusado de actuar «de forma temeraria» y de «abuso de poder» porque han actuado de forma «ilegal» y el «varapalo jurídico y político» que han recibido debería hacerles «disculparse con el PP y los santanderinos».

Sin embargo, los grupos han avanzado que seguirán reclamado una reforma del reglamento del Pleno que permita la creación de comisiones de investigación.

Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, ha asegurado que el PP ha sido el único grupo «que no ha cambiado de opinión» durante todo el proceso que comenzó en 2021 y «ahora el juez nos da la razón».

El primer punto del orden del día del primer pleno municipal del año ha sido objeto de un debate encendido entre populares y oposición, que solo han coincidido en que la sentencia de anulación del acuerdo plenario para crear las comisiones no entra en el fondo del asunto; argumento que han esgrimido los grupos contra el equipo de Gobierno, que por su parte ha aducido que ha sido así porque la tramitación estaba mal hecha.

En este sentido, la concejala socialista, Paz Mercedes de la Cuesta, ha matizado que la sentencia «no da la razón a nadie» porque no entra en si el acuerdo del pleno es nulo o no.

Además, ha afirmado que las posibles irregularidades formales y los errores en la tramitación son del equipo de Gobierno, a quien corresponde impulsar el expediente para la modificación del reglamento, y de los que le advirtió la oposición. «El expediente, la impugnación y el allanamiento son decisiones del PP», ha subrayado, asegurando que el PSOE «no puede entrar en estos trapicheos».

El concejal de Vox, Ángel Madariaga, ha censurado el «abuso con fines espurios» del PP para no crear la comisión de investigación y ha preguntado, sin obtener respuesta, cuándo se modificará el reglamento del Pleno para crear estas comisiones.

El portavoz regionalista, Felipe Piña, ha calificado de «agujero negro» este acuerdo porque hace «que la claridad desaparezca de manera definitiva». «Estamos separando a los vecinos de la transparencia y de la verdad», ha enfatizado, en lo que ha calificado como una decisión «dantesca, surrealista» y «un esperpento» del equipo de Gobierno para que los santanderinos no conozcan lo que ha pasado con el contrato de basuras y otros asuntos judicializados, en un «caos reprobable» porque «no hay control en los contratos: se fiscalizan tarde y mal».

También ha tildado de «trilerismo jurídico» el que realiza el PP para que «se tapone la verdad».

Mientras, el portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, ha considerado que el PP «no puede retorcer los mecanismos judiciales y legales para ocultar a los vecinos las causas de una mala gestión».

El edil del PP, Daniel Portilla, ha acusado a los grupos de haber «salido por los Cerros de Úbeda» y ha trasladado la voluntad del equipo de Gobierno de «retomar el proceso para la actualización del reglamento» pero «siguiendo los cauces legalmente establecidos». Algo que a su juicio no ha hecho la oposición, «que ha pasado por encima de informes jurídicos y del secretario general».

En su opinión, sabían que «no tenían razón cuando adoptaron el acuerdo» que a su juicio «buscaba ensuciar la campaña electoral montando un circo mediático». Finalmente, les ha pedido que «no se pongan del lado de los contratistas que incumplen».