Un año en blanco en la formación para el empleo

El aprendizaje de nuevas habilidades profesionales a través de cursos de formación es una de las estrategias para luchar contra el paro en las que más se insiste desde los poderes públicos. Pero de poco sirve exhortar a los desempleados a que renueven sus conocimientos y adquieran nuevas competencias profesionales si no se acompaña de los recursos suficientes para que tengan acceso a esa formación. A pesar de la enorme gravedad del paro en España, con más de 5,6 millones de desempleados (48.000 de ellos en Cantabria, según la EPA del pasado mes de julio), 2012 va a pasar prácticamente en blanco en cuanto a la convocatoria de nuevos cursos de formación para el empleo, tanto la no formal, en la que se emite simplemente un diploma, como la destinada a obtener acreditaciones que avalan la cualificación para una determinada actividad.
La falta de financiación ha desactivado esta estrategia de lucha contra el paro cuando más falta hace, aunque la destrucción del mercado de trabajo sea de tal magnitud que difícilmente habrá sitio en él a corto plazo aunque se mejoren las capacidades profesionales.
Tan solo los centros de formación ligados a los sindicatos han convocado algún curso el pasado mes de junio. La salida de este impasse podría producirse este mes de septiembre con una convocatoria enmarcada en las políticas activas de empleo que dependen del Ministerio de Trabajo. La del Servicio Cántabro de Empleo no tendrá lugar, previsiblemente, hasta final de año.
Además de este retraso, la financiación de los nuevos cursos de formación va a sufrir un notable recorte en relación al pasado año. A pesar de que no se van a convocar cursos para trabajadores en activo y de que las cantidades que solían dedicarse a este apartado se añadirán a la formación para desempleados –lo más urgente– la financiación asignada a estos cursos va a reducirse en Cantabria de los 12 millones de euros de 2011 a siete millones y medio.
La convocatoria del Servicio estatal de Empleo se va a centrar en dos sectores de población especialmente afectados por la crisis: los menores de 30 años y los desempleados de larga duración. En este último caso, el Gobierno pretende que los cursos no superen las 180 horas, algo poco congruente con el objetivo perseguido, que estos parados de larga duración consigan una cualificación suficient. Ese número de horas no es suficiente para obtener un certificado de profesionalidad. Desde instancias sindicales se atribuye esta poco explicable decisión al interés del Ministerio de Trabajo por exhibir las mayores cifras posibles de participantes en estas políticas de formación, en detrimento de los resultados efectivos.

Un cambio de modelo

Para la orientación de las políticas activas de empleo, 2012 va a ser un año de transición. El auténtico cambio se producirá en 2013 cuando se apliquen las modificaciones que el Gobierno del Partido Popular quiere introducir en los cursos para desempleados. Por ejemplo, se pretende que en futuras convocatorias las subvenciones vayan ligadas al éxito obtenido por los centros de formación en la inserción laboral de los parados. Los agentes sociales son críticos con este planteamiento, al entender que así favorece a los centros ligados a las ETTs, que tienen las vías para hacer posible esa vinculación directa entre la formación de desempleados y su acceso al mercado de trabajo.
Los sindicatos también recelan del protagonismo que van a tener los centros de formación vinculados a las empresas de trabajo temporal en el diseño y planificación de las políticas activas de empleo. Recuerdan que se trata de cursos financiados con cuotas laborales y consideran poco adecuado que sean empresas privadas las que puedan orientar su aplicación.
La demora en las negociaciones entre los agentes sociales representados en la Fundación Tripartita y la Administración central para acordar las futuras acciones formativas tiene que ver con la entrada de las ETTs en este sector a partir del próximo año.
Otra de las quejas de los sindicatos tienen que ver con la inclinación del nuevo modelo hacia un tipo de formación de bajo coste, por las consecuencias que puedan derivarse para la efectividad de los cursos. El Ministerio de Trabajo trata de reducir a la mitad la financiación dedicada a la gestión de los cursos (su organización, seguimiento, coordinación del profesorado y del alumnado, equipamiento del centro, etc). Si antes esa gestión suponía el 20% de los fondos destinados a los cursos, ahora no superará el 10%.
La reforma no parece, en cambio, muy interesada en impedir que la evaluación del aprendizaje recibido siga siendo la asignatura pendiente en la formación para el empleo. Los controles de calidad realizados por la Administración se centrarán en comprobar la gestión de los fondos públicos y a justificar que efectivamente se han empleado en la impartición de cursos, pero no tanto a comprobar si la formación recibida por los desempleados cumple el objetivo previsto. Seguirá habiendo centros en los que baste con asistir para obtener la certificación de profesionalidad.

Formando a emprendedores

La orientación del contenido de los cursos es otro de los cambios significativos del nuevo modelo y refleja el nuevo marco laboral que se quiere incentivar. Si en el pasado se daba prioridad a valores como la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, la integración de discapacitados o la familiarización de los desempleados con competencias en la gestión ambiental o en las nuevas tecnologías, ahora se busca fomentar la internacionalización de las empresas, la innovación y el autoempleo. Más que la inserción en el mercado de trabajo, lo que se quiere incentivar es la formación de emprendedores.
El nuevo modelo se inclina también por favorecer la formación bonificada, la que se da a petición de las propias empresas que, de esta manera, reducen su gasto en estas acciones formativas.

Tras los pasos de Alemania

Una de las cuestiones que quedan pendientes de regular y que podría resolverse en 2013 es el anunciado Contrato para la Formación y el Aprendizaje (el llamado ‘contrato dual’), a imagen y semejanza del que existe en Alemania. El objetivo de esa nueva fórmula sería facilitar que los jóvenes puedan trabajar y formarse al mismo tiempo. Se trata de importar al mercado laboral español recetas que se vienen aplicando con éxito en el país germano y a las que en parte se atribuyen sus bajas tasas de desempleo, un 7 u 8% frente al desolador 24% de paro que sufre actualmente España. En esta comparación no se tiene en cuenta que el diez por ciento de los trabajadores alemanes sólo tienen un contrato a tiempo parcial y con un salario inferior al SMI español, algo que no puede obviarse cuando se pone el mercado laboral alemán como modelo.