Santander y Torrelavega rechazan el acuerdo Gobierno-FEMP y piden «libertad» para gastar sus ahorros

Los alcaldes de Santander y Torrelavega, Gema Igual (PP) y Javier López Estrada (PRC), respectivamente, han suscrito este martes, junto a otros 29 regidores españoles, un documento conjunto de rechazo al modelo «injusto» –así lo dice el escrito– de ayudas COVID-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y demandan «libertad» para que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros en lo que consideren para afrontar las necesidades de los vecinos.

«Los ayuntamientos conocen perfectamente las carencias, las necesidades, la situación que tienen nuestros ciudadanos y por ello pedimos que no nos incauten nuestro dinero», ha dicho Igual, que ha afirmado que ella «no está legitimada para dar dinero a nadie» ni que los ahorros de los santanderinos vayan «a la cartera de Pedro Sánchez».

Para la alcaldesa de Santander, este acuerdo Gobierno-FEMP «pasa por encima» de la autonomía local que tienen las entidades locales, busca «quedarse» ahora con su dinero –para devolverlo después «en 17 años»– y «no es lo que los ayuntamientos quieren».

Por ello, Igual, que lidera el equipo de Gobierno municipal PP-Cs, ha criticado la «cabezonería» del Gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE) por insistir en el mismo y llevarlo al Congreso de los Diputados a través de un decreto ley que tiene «visos» de no salir adelante.

Igual «no entendería» que el Gobierno mantuviera su postura y le insta a «sentarse» con los ayuntamientos, que «necesitan soluciones ya» para afrontar la situación en que les ha dejado el COVID-19 y el tener que hacer frente a las necesidades de los vecinos.

Además, ha insistido en que el acuerdo Gobierno-FEMP «deja fuera» a los municipios que no tienen remanentes. «Aquí parece que el COVID, para el Gobierno, solo es para los que generamos superávit y somos interesantes para coger el dinero nuestro», ha censurado.

En este sentido, Igual ha insistido en que los firmantes del documento demandan que los 5.000 millones que el jecutivo plantea poner a disposición de los ayuntamientos sea una «aportación directa» a los municipios sin que esté sujeta a que estos tengan que prestar voluntariamente sus remanentes.

A preguntas de los medios de comunicación sobre qué va a hacer Santander si finalmente sale adelante el decreto ley en el Congreso –si se adherirá o no– Igual no quiere por ahora ponerse en ese escenario y espera que el acuerdo, a su juicio, «irracional», no salga adelante.

LÓPEZ ESTRADA: HAY QUE DAR LIBERTAD A LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, el alcalde de Torrelavega ha valorado «positivamente» que más de una treintena de alcaldes se haya unido prácticamente «con la misma voz» para mostrarse en contra del acuerdo entre Gobierno y FEMP.

López Estrada, que está al frente del bipartito PRC-PSOE en la segunda ciudad más poblada de Cantabria, ha reconocido que entre los firmantes del documento hay «alguna mínima diferencia» que, según ha dicho, tiene que ver con la «escala» y el tamaño de los ayuntamientos puesto que «no es lo mismo la capital de España que Torrelavega», pero hay coincidencia «en el fondo».

El regidor regionalista cree que «hay que dar libertad» a los ayuntamientos para que puedan usar su remanente.

López Estrada ha puntualizado que el problema de los remanentes «no se ha desencadenado» con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP, sino que viene de la ley de estabilidad presupuestaria de 2012, con Mariano Rajoy (PP) en el Gobierno y Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, sí considera que ahora se dan «otras circunstancias» que hacen que la situación sea diferente. Y es que, según ha dicho, en 2012, aunque había una crisis económica, los ayuntamientos vivían una «situación económica normal», algo que «ahora es completamente distinto».

Y es que, según ha advertido, ahora los ayuntamientos viven «una situación crítica» en la que, por el COVID-19, han tenido que «dar respuesta» a «cientos» de «nuevas necesidades» con las que «no contaban» y que han hecho que los gastos se «multipliquen».

Además, a ello se une una «minoración» de ingresos en los ayuntamientos a través de tasas e impuestos y en un contexto en el que, por la situación de la pandemia, no se pueden subir.

Por ello, ha insistido en que los ayuntamientos que tengan «la suerte» de contar con remanentes gastarlos con libertad puesto que es fruto de la «buena gestión» municipal, tanto de los actuales como de los precedesores.

EL DOCUMENTO

En el escrito consensuado este martes, los alcaldes de 31 municipios se oponen al modelo de ayudas contra la COVID-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y han pedido al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, que presente un real decreto exprés con un reparto por población del fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos, independientemente de si tienen remanente o no como el que se pretende convalidar en el Congreso de los Diputados, donde se plantean acudir para que se escuche su voz.

En una reunión telemática celebrada este martes, los 31 alcaldes han acordado este documento en el se recoge que el fondo de 5.000 millones sea «justo e igual» para todos los ayuntamientos, que se reparta en función del criterio de población y «no se creen condiciones que afectan a la contabilidad nacional.

Asimismo, piden que independientemente de que los ayuntamientos tengan o no ahorros –remanente– se reparta al igual que el fondo distribuido entre las comunidades autónomas, sobre las que no se ha considerado su situación económica.

También el real decreto exprés que proponen los 31 alcaldes de todos los partidos políticos excepto del PSOE, recoge establecer un fondo extraordinario de transporte para hacer frente al descenso de usos por la pandemia y poder prorrogar las inversiones financieramente sostenibles, además de flexibilizar la regla de gasto en 2020 y 2021.

Además, los alcaldes firmantes del escrito también han acordado acudir al Congreso de los Diputados. La fecha de votación está por decidir, pero sería entre el 10 y el 14 de septiembre porque es el plazo máximo de convalidación.

A esta documento se han sumado alcaldes de trece partidos, entre los que no está el PSOE.

En la videoconferencia han estado los 29 municipios que se han adherido hasta la fecha al manifiesto del pasado 7 de agosto contra el acuerdo de la FEMP y Hacienda (Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra,
Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza) y otras dos ciudades que han participado como invitadas a la reunión, que son Barcelona y Torrelavega.

Entre estos municipios figuran 24 capitales de provincia y seis de las diez ciudades más grandes de España, que suman una población de más de 11 millones de personas.

El encuentro telemático ha dado continuidad al del pasado 7 de agosto, convocado por el alcalde de Zaragoza y del que surge una declaración conjunta rubricada por los regidores de Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.