Silva expresa en el Senado el rechazo ‘frontal’ de Cantabria a la amnistía

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha expresado en el Senado la postura del Gobierno de la región (PP), que se opone «frontalmente» a la amnistía, «la ley de las tres mentiras», por ser «perjudicial para el Estado en su conjunto y para Cantabria en particular» al quebrar «de modo flagrante» los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

Así se ha pronunciado Silva este lunes durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, que fue convocada por el Partido Popular para hablar sobre la proposición de ley de amnistía y a la que no ha asistido la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, por coincidir el debate con el del Pleno del Parlamento regional.

En su lugar, el titular de la Consejería ha expresado la oposición de esta región a la medida, por no estar recogida en la Constitución Española y al pretender solo determinados beneficios a personas concretas, según ha dicho.

«Cantabria y su Gobierno siempre estará defendiendo la igualdad y la solidaridad de todos los españoles y en contra de los privilegios que supondrían el principio del fin de nuestro modelo de convivencia», ha advertido.

Ante presidentes y otros miembros de gobiernos autonómicos, el portavoz cántabro ha avisado que el Ejecutivo de esta comunidad «no puede ser indiferente a un acuerdo que vuela por los aires las bases de nuestro estado de las autonomías y el principio de igualdad», avanzando la existencia de consecuencias de desventaja «para nuestra economía y bienestar».

Y por eso mismo, ha reivindicado que «la igualdad de los españoles no puede ser una moneda de cambio», reiterando que la ley representa «un trato de favor a algunos». Al tiempo, ha reafirmado la voluntad del Gobierno de Cantabria de seguir trabajando «para tender puentes, no para levantar muros, y usar las competencias para mejorar».

LEY DE LAS TRES MENTIRAS

Silva se ha referido a la de la amnistía como «la ley de las tres mentiras». Porque, por un lado, es la norma de «la autoamnistía», pues «no se dicta o escribe por un legislador para un tercero, sino que el beneficiario escribe la ley que se aplica a sí mismo». Es «de corte y confección», como hacerse «un traje a medida, ha comparado.

Además, «no es una ley de normalización», toda vez que «Cataluña no es una sociedad que necesite una ley salvadora» y, en tercer lugar, «no es una ley para la reconciliación», en el sentido de que esa comunidad no «está enemistada con el resto del país, ni viceversa».

Por eso, y como ha manifestado con anterioridad Buruaga o el Parlamento autonómico en diferentes resoluciones, Silva ha reafirmado el ‘no’ de esta región a la amnistía y ha advertido que desde el Ejecutivo del PP actuarán «con toda la contundencia» que la normativa permita para defender a Cantabria y a España.

Y además, ha considerado que no se cumplen los requisitos necesarios para sacar adelante la proposición, pues entre otras cosas no hay un «amplio consenso», sino que «la polarización es máxima».

En cualquier caso, ha insistido en que la aprobación de esta ley «implicaría deslegitimar al Estado español, va en contra del derecho de la Unión Europea y socava las bases de la Constitución Española», asegurando que «ni política, ni jurídicamente es admisible».

Y en este sentido, ha indicado que la norma «ni cumple ni cuenta con los presupuestos necesarios para llevarse a cabo», apuntando que «solamente supone un beneficio para personas concretas, no está bien acotada temporalmente y no cuenta con una conexión causal clara entre los hechos amnistiados y las razones de dicha amnistía».

Por último, ha considerado esta norma como «la ley de la falacia», señalando que esconde el engaño de enmascarar el pago de un apoyo político «con el único fin de conseguir la gobernabilidad de un país» y ha concluido manifestando que «los hechos son tozudos» y, si habido indultos y se está debatiendo sobre la amnistía, «lo siguiente será cómo y cuándo» se va a celebrar el referéndum.