Suspendido el juicio de Sniace por contacto con un positivo Covid del abogado de Blas Mezquita

El juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010, que comenzaba este martes, ha quedado suspendido por contacto estrecho con un positivo Covid del abogado del expresidente de la empresa, Blas Mezquita.

Así lo ha decidido esta mañana el titular del Juzgado de lo Penal número dos de Santander, José Hoya Coromina, en el arranque de la vista, que se iba a desarrollar durante siete jornadas, hasta el 19 de este mes, y que se ha señalado para julio, en concreto para los días 13, 14, 19, 20 y 22.

Antes de la sesión, en la que se han tratado parte de las cuestiones previas, Mezquita ha manifestado que afrontaba «confiando en la justicia» el proceso, que finalmente se retrasa cinco meses al haber sido su letrado contacto estrecho de un positivo de coronavirus.

En este sentido, el magistrado ha explicado que en el juzgado han tenido «conocimiento no documentado» de la obligación del confinamiento ayer, lunes, a través de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que ha informado de que esta defensa ha tenido contacto «directo» con un paciente Covid.

Debido a esto, y teniendo en cuenta la indefensión que supondría para el acusado que se celebrara el juicio sin su abogado, la sala ha dado traslado de este hecho a todas las partes personadas y ha propuesto la suspensión de la vista, a lo que no se ha opuesto ninguna de ellas.

A partir de esta conformidad, y teniendo en cuenta la «complejidad» de la causa -consta de más de 8.000 folios- y la dificultad de señalar nuevas fechas por la «carencia de medios» -disponibilidad del Salón de Actos de Las Salesas, donde se celebrará este plenario-, el magistrado ha indicado que es «imposible» celebrarlo antes del próximo mes de julio.

Ha manifestado al respecto que en su Juzgado han hecho «lo divino y lo humano» para que no se desarrolle en agosto, inhábil para la justicia.

Así, se han fijado los citados cinco días de julio -13, 14, 19, 20 y 22-, que son los que está disponible el Salón de Actos del complejo judicial, y en caso de que los letrados tengan señalados otros procedimientos en esas fechas, entonces el juez, «lamentándolo mucho», según ha advertido, se verá «obligado» a habilitar la primera y segunda semana de agosto.

Por eso, Hoya Coromina ha pedido a las partes que, «en beneficio de todos, incluso el mío», traten «por todos los medios» de encajar en sus agendas las fechas propuestas en julio para el juicio de Sniace.

De entrada, una de las consecuencias del cambio es que la prueba pericial -prevista ahora en dos días, el 15 y 17 de febrero-, se desarrollará en verano en una sola jornada. «Si nos dan las tres de la mañana, qué le vamos a hacer», ha expresado el juez.

CUESTIONES PREVIAS

Aunque se ha suspendido la vista y se ha señalado una nueva fecha, antes de esto el juicio ha tratado parte de las cuestiones previas, planteadas por partes presentes -todas menos el abogado de Mezquita- y sobre cuya pertinencia o admisión no se ha pronunciado el juez, sino que lo hará cuando el letrado ausente formule las suyas.

Entre las propuestas, figura un informe presentado por la Abogacía del Estado relacionado con la indemnización de 50 millones de euros solicitada a los ocho acusados en las conclusiones provisionales, y que en las definitivas se rebajaría a algo más de 49 millones.

Se trata de una diferencia «pequeña, nimia», en palabras de la representación legal del Gobierno de España, pero modificada a la vista de un error técnico en un informe.

DELITOS Y PENAS

Por los hechos que se van a enjuiciar, constitutivos de un posible delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, se acusa a ocho miembros del consejo de administración de Sniace, entre los que destaca Blas Mezquita, que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria les imputara por el presunto delito medioambiental.

Según el escrito del fiscal, que pide dieciséis meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la que tenía desde 2002 «por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando».

Por otro lado, la compañía -que cerró hace justo ahora un año y se encuentra en fase de liquidación- obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya

Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

Además, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados ascendía inicialmente a 50 millones de euros, aunque se podría rebajar a 49 de admitirse la prueba planteada por esta parte en las cuestiones previas tratadas hasta ahora.