UGT denuncia que el 37% de los contratos suscritos en Cantabria es de menos de siete días

UGT ha denunciado que un 37 por ciento de los más de dos millones de contratos de trabajo registrados en Cantabria en los diez últimos, con la reforma laboral, tuvo una duración de menos de siete días y más de un 49 por ciento no superó el mes de vigencia, según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo del sindicato entre la entrada en vigor de la normativa laboral en febrero de 2012 y las últimas disponibles de 2021.

El sindicato ha detallado que desde la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta el pasado mes de octubre se acumularon en Cantabria 2.104.214 contratos de trabajo, de los que 774.546 eran de menos de siete días y 1.033.905 no superaban el mes de vigencia, ha indicado UGT en nota de prensa.

Asimismo, ha señalado que la media anual de este tipo de contratos de trabajo se duplica en los de una vigencia inferior a los siete días y aumenta un 76 por ciento en los de no más de un mes, en comparación al año 2011, previo a la reforma laboral, cuando representaban el 24 y el 38 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, desde la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta octubre de 2021 se registraron un total de 181.993.999 contratos de trabajo, de los que un 24,7 por ciento fueron de menos de siete días (44.985.453) y un 37,5 por ciento no superó el mes de duración (68.155.238), lo que implica una media anual de un 54 y un 37 por ciento más, respectivamente, respecto a 2011.

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha señalado que «los promotores de la reforma laboral de 2012 defendían que con ella se iba a reducir la temporalidad de los contratos de trabajo y ha sido todo lo contrario, porque desde entonces no han hecho más que incrementarse hasta superar en Cantabria una media del 93 por ciento en estos 10 últimos años».

«Es un ejemplo más de que esta reforma laboral, que es imprescindible derogarla cuanto antes, además de bloquear una negociación colectiva que tiene ahora a más de 35.000 trabajadores en Cantabria esperando que se actualice su convenio. También ha abierto las puertas a los mayores índices de temporalidad y precariedad en el mercado de trabajo conocidos hasta ahora», ha censurado.

Carmona ha destacado que «hasta la industria, que en Cantabria nunca superaba el 90 por ciento de contratos temporales hasta justo antes de la reforma laboral, tiene hoy un 96 por ciento y lleva unos cuantos años siendo el sector con más eventualidad».

El informe del sindicato también subraya que de los 19.368 asalariados más registrados en Cantabria desde el año de la reforma laboral –se pasa de 198.638 a 218.006 en la actualidad–, 17.390 son con contrato temporal y 1.978 con indefinido, lo que ha provocado que la tasa de temporalidad o porcentaje de asalariados eventuales se haya incrementado desde entonces en más de seis puntos, pasando de un 20,96 a un 27,08 por ciento.

El informe de UGT también señala que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida de Cantabria del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) de 2020, un 16,5 por ciento de los trabajadores de la región –38.939 ocupados– estaban en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador europeo AROPE.

Este porcentaje de trabajadores incluidos en el indicador AROPE de 2020 duplica al que había en Cantabria cuando entró en vigor la reforma laboral en 2012 –un 8 por ciento y 17.245 trabajadores– y, aunque el informe de UGT puntualiza que podría estar afectado por la incidencia de la COVID-19, la media anual de todos los años anteriores a la pandemia –32.234 trabajadores– también «supera con creces» la que había antes de la actual normativa.

En el caso de los trabajadores desempleados, un 49,2 por ciento de ellos –21.504– estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2020 en Cantabria, 13 puntos más que en 2012 –un 36 por ciento– pero menos que en 2019 «sin incidencia alguna de la pandemia», cuando había casi un 61 por ciento de desempleados cántabros –más de 32.000– incluidos en la tasa AROPE.

«Si el año pasado, después de todo lo sufrido por la COVID-19, había incluso menos desempleados en riesgo de pobreza y exclusión social que en 2019, es por los ERTE acordados en el diálogo social de Gobierno, empresarios y sindicatos que se despreció por completo cuando se aprobó la reforma laboral de 2012», ha concluido.