UGT exige la creación del consejo de seguimiento de empresas públicas aprobado por ley en 2018
UGT ha reclamado hoy la definitiva constitución del consejo de seguimiento de las 25 entidades o empresas públicas de la región que el propio Gobierno de Cantabria aprobó por ley en el año 2018 para supervisar y controlar su gestión y funcionamiento.
En un comunicado, el sindicato ha precisado que, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2018 que estipulaba en su artículo 90 la creación de esta comisión de seguimiento para las empresas y fundaciones públicas de Cantabria, «nada se sabe pese a que se ha solicitado en reiteradas ocasiones».
El asesor de la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en Cantabria, Pedro Cobo, ha explicado que en Cantabria hay 25 entidades o empresas públicas con una plantilla de 1.800 trabajadores, de los que más de un 30% tiene contrato temporal, y ha denunciado que muchas de estas sociedades públicas «se han convertido en los últimos años en auténticos focos de conflicto y de irregularidades por una clara falta de control y de transparencia».
«Se aprobó la creación del consejo de seguimiento para garantizar precisamente lo contrario, la transparencia y una gestión adecuada para empresas o entidades públicas; pero no ha habido desde entonces interés alguno por sacarlo adelante, lo que genera sospechas de que se quiera tener una cierta supervisión y control de las mismas», ha sostenido Cobo.
El representante de UGT ha recordado que «hay un buen número» de sentencias judiciales, resoluciones de la Inspección de Trabajo y auditorías «que confirman la falta de transparencia, los fraudes de contratación de personal y servicios y la ausencia de negociación colectiva en unas empresas públicas que deberían ser ejemplo de todo lo contrario».
Para el sindicalista, es «fundamental» que exista un control de este conglomerado de empresas vinculadas a la Administración pública autonómica, «cuya gestión ha sido cuestionada por auditorías e informes y en las que son habituales actividades extraordinarias que nada tienen que ver con el fin por las que se crearon, no se optimizan los gastos financieros bancarios y en las que se produce solapamiento de actividades entre ellas y que ni siquiera cuentan con sistemas contables convergentes porque cada una va por libre».
A esto se añade que cada vez que hay elecciones autonómicas se cambian todas las direcciones de estas empresas públicas, lo que «complica todavía más cualquier planificación y una gestión adecuada y consolidada», ha señalado.
El asesor de UGT ha puntualizado que «esto no solo lo criticamos nosotros, también lo ha hecho en varios informes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)».
Cobo ha agregado que todas las federaciones de UGT consideran que «no puede pasar ni un solo día más sin la constitución de este consejo de seguimiento porque no tiene el más mínimo sentido que el Gobierno de Cantabria decidiera hace ya casi cuatro años su creación para encargarse de analizar la actividad de sus entidades públicas empresariales y que desde entonces no haya movido ni un dedo para ello pese a las muchas veces que se ha demandado, salvo que en realidad quiera que su propia ley sea mero papel mojado».
