Una inmobiliaria opta a quedarse con todo el suelo libre del polígono de Vallegón

Una compañía inmobiliaria opta a hacerse con todo el suelo libre del Polígono El Vallegón II, en Castro Urdiales, pero puede demorar su decisión hasta agosto pese a que inicialmente el Gobierno esperaba que ese plazo terminara este mes de febrero.

Y es que el periodo para tomar la decisión era de ocho meses, pero han surgido algunas «discrepancias» entre la empresa y el Ejecutivo respecto a partir de cuándo se empezaban a contabilizar, según ha explicado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP).

Arasti fue precisamente quien avanzó en la Cámara que el plazo terminaría el 13 de febrero, pero finalmente se ha actuado «salvaguardando el interés general de Cantabria, analizando la situación desde el punto de vista jurísico y siguiendo el dictamen de los informes jurídicos», que apuntaban a que firmar el contrato de opción de compra que proponía la empresa era «la solución más sensata y menos perjudicial», evitando así un pleito.

De este modo, asesorado por los servicios jurídicos, el Consejo de Administración de la empresa pública Sican (Suelo Industrial de Cantabria) del pasado 22 de diciembre firmó el contrato de opción de compra haciendo oficial que el plazo de ocho meses empezara a correr, hasta agotarse por tanto en agosto. A ello se sumarán dos meses más, hasta el 22 de octubre, para formalizar el contrato de compraventa.

En ese momento, la empresa tendría que pagar el 25% del precio total, es decir, 5,11 millones, de cara a desarrollar su proyecto, que consistiría en construir tres grandes naves que suponen una inversión de 46 millones de euros para después ser vendidas o alquiladas en su totalidad o en parte.

Como ha indicado el titular de Industria, la operación estaba condicionada por la decisión que tomó el Consejo de Administración de Sican el 24 de mayo, y desde entonces han sucedido «muchas cosas», como un cambio de Gobierno.

En este sentido, ha señalado que el acutal Ejecutivo del PP «no comparte» la decisión del anterior bipartito PRC-PSOE, pues a su juicio «cuando el Gobierno construye un polígono no es para venderlo de inmediato, antes incluso de ser recibido por le Ayuntamiento», y a una sola empresa. Algo que «todavía se entiende menos cuando en Cantabria apenas hay suelo industrial», ha apostillado.

Arasti ha dado estas explicaciones preguntado en el Pleno por Vox acerca del asunto y de los planes que tiene el Gobierno si se da el caso de que finalmente, cuanto se agote el tiempo, la empresa –que según ha dicho la diputada Natividad Pérez forma parte de un grupo especializado en inversión, gestión y promoción de activos inmobiliarios– «da la espantada».

En ese caso, según el consejero, sería Sican la que comercializaría el polígono. De lo contrario, la empresa sería la dueña y el Gobierno estaría «vigilante» para que cumpliera todas las actuaciones comprometidas en su oferta.

La diputada de Vox ha tildado la operación como «un poco chapucera» y ha lamentado que supone tener un suelo público «confiscado» al menos hasta principios de 2028, según contempla el proyecto que tiene la empresa, entre plazos para adquisición de suelo, tramitación de licencia obra, edificación y tramitación de licencia primera ocupación.

NO’ A LA PROPUESTA FISCAL DE VOX PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

Por otra parte, Vox se ha quedado solo en la defensa de una propuesta en materia fiscal en la que planteaba tanto al Gobierno regional como al central una serie de medidas para favorecer el acceso a la vivienda, una iniciativa que el partido ha planteado a nivel nacional y en diversos parlamentos autonómicos en forma de proposición no de ley y que este lunes ha contado con el ‘no’ de todos los demás grupos de la Cámara (PP, PRC y PSOE).

Concretamente, en el ella Vox pedía al Gobierno de Cantabria establecer una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España para facilitar que jóvenes y familias con menores a cargo puedan acceder a la compra de la primera vivienda.

También proponía al Gobierno regional reducir el tipo general del 1,5% al 0,5% de del de actos jurídicos documentados para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y establecer una bonificación con carácter general del 100% en la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad, además de otras peticiones materia impositiva para el Gobierno de España.

El PP ha justificado su voto en contra al considerar que se trata de una «propuesta genérica», un «brindis al sol» que «carece de rigor presupuestario» al no ir acompañada de una memoria economómica o una estimación solvente de lo que, fiscalmente, supondría implantar lo que pide al Gobierno regional.

Además, cree que se plantea de «una manera populista» y en un momento en el que no toca. «Esto tocaba hacerlo en diciembre pasado y no ahora», ha aseverado el portavoz popular, Juan José Alonso, que ha afeado a Vox a que venga ahora, «a lavar su conciencia» por haber votado, junto al PSOE, en contra de la «histórica» rebaja fiscal del Ejecutivo regional (que salió adelante gracias al apoyo del PRC).

Desde Vox, que ha cifrado en 21 millones el impacto de su propuesta para las arcas cántabras, han criticado la, a su juicio, falta de argumentos dada por los grupos para oponerse.

Al PP le ha afeado que se limite a dar como «único argumento» para rechazar la propuesta que lo hace porque Vox votó en contra de la reforma fiscal del PP.

El diputado de Vox Cristóbal Palacio ha señalado que esa rebaja fiscal planteada por el PP cuando llegó al Gobierno «no se parece en nada» a la que proponía cuando estaba en la oposición.

Ha señalado que PP y Vox, cuando ambos estaban en la oposición, «compartían qué impuestos había que bajar» pero –ha dicho– cuando los ‘populares’ llegaron al Gobierno descubrieron que «necesitaban más ingresos» para poder mantener la «estructura elefantiástica» del Ejecutivo y que «no eran capaces de bajar impuestos como habían dicho que harían durante los cuatro años anteriores».

Además, Palacio ha censurado que dicha reforma iba incluida en la ley de acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2024, una «ley tutifruti» en la que el Gobierno «colaba por la puerta de atrás», y dentro de una sola norma, modificaciones en 26 leyes, algo que es una «muy mala técnica legislativa» y que, en su opinión, debía haber merecido el rechazo de toda la Cámara.