Uno de cada 3 accidentes laborales mortales en Cantabria fue por infartos o derrames cerebrales en los últimos 10 años
Cantabria acumula en los últimos 10 años un total 24 accidentes laborales mortales por infartos o derrames cerebrales, una tercera parte de los 74 registrados y la primera causa de accidentalidad mortal en el trabajo, según un informe elaborado por el departamento de Salud Laboral de UGT con estadísticas oficiales de las Memorias Anuales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) entre los años 2011 y 2020.
En un comunicado, el sindicato ha subrayado que en los últimos años el número de accidentes laborales mortales por patologías no traumáticas como los infartos y los derrames cerebrales han ido aumentando sin cesar tanto en Cantabria como en España y solo el año pasado provocaron en la región cuatro de los 11 trabajadores que fallecieron en un siniestro laboral.
Ante este hecho, Salud Laboral-UGT ha exigido más medios materiales y humanos en la prevención de los riesgos laborales psicosociales vinculados a este tipo de accidentes laborales mortales y ha criticado que pese a que se han convertido en un factor de riesgo «de primer nivel», los riesgos psicosociales siguen sin tener una normativa legal propia que los regule, aunque sea obligatorio evaluarlos.
Según ha precisado la responsable regional de Salud Laboral del sindicato, Mónica Calonge, «los riesgos psicosociales siguen siendo los grandes olvidados de la prevención de riesgos laborales y este incesante aumento de los siniestros por infartos y derrames cerebrales obliga a tomar medidas para solucionarlo».
El informe de UGT aclara al respecto que entre los años 2011 y 2020 se han registrado de manera oficial en Cantabria 233 accidentes laborales por infartos o derrames cerebrales, una media de una veintena cada año, «ligados a unos riesgos psicosociales que deben de tener una línea de actuación propia en la prevención de riesgos para que se pueda reducir al máximo su incidencia», ha insistido.
El año pasado y, pese a que la media de la población trabajadora expuesta al riesgo de un accidente laboral se redujo un 2,5% (-5.500 trabajadores) por el parón de la actividad económica por la Covid-19, se registraron en la región 26 accidentes laborales por infartos o derrames cerebrales, un 60% más que los 16 contabilizados en 2019 y con los cuatro fallecimientos mencionados con anterioridad, la cifra más alta desde que el ICASST publica su memoria estadística anual junto con el año 2017 que registró el mismo número de siniestros mortales.
Salud Laboral-UGT ha considerado «evidente que la pandemia ha tenido un gran impacto en la salud mental», especialmente entre los trabajadores del sector sanitario o socio sanitario y los de primera línea, aunque el resto de la población trabajadora también los ha sufrido por los confinamientos, el miedo al contagio o la pérdida de empleo.
«Cada vez hay más patologías asociadas a riesgos psicosociales de origen laboral, como el estrés o la ansiedad, y subsiguientemente, más accidentes por infartos o derrames cerebrales», ha puntualizado la responsable regional de Salud Laboral, que considera que «cada día es más necesario reparar el daño a la salud mental que generan y evitar que vuelvan a suceder con más prevención específica».
PLAN DE CHOQUE CONTRA LA SINIESTRALIDAD
UGT viene demandando desde hace años un plan de choque contra una siniestralidad laboral «que ha ido a más desde el año 2011 porque se ha relajado el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».
Por ello, el sindicato reclama como uno de sus principales objetivos en el citado plan de choque reforzar la Inspección de Trabajo con medio humanos y materiales para que vigile el cumplimiento de la normativa de prevención.
«De nada sirve una buena ley y unos buenos reglamentos que la pongan en práctica si luego no se cumple», ha subrayado Calonge, que ha insistido en que este plan de choque tiene que tener una línea de actuación específica para los riesgos psicosociales.
Además, UGT ha reiterado la necesidad de derogar de manera inmediata la reforma laboral, «que ha precarizado las condiciones de trabajo y con ello el riesgo de accidentes», y de dotar de más medios a la sanidad pública para hacer frente a los problemas de salud mental.
