USO denuncia que el Gobierno pretende ‘expulsarle’ del CES ante las ‘amenazas’ de UGT, CCOO y CEOE
La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria pretende «expulsarle» del Consejo Económico y Social (CES) después de haber recibido «amenazas» de los sindicatos UGT y CCOO así como de CEOE-CEPYME.
Así lo han afirmado en rueda de prensa el secretario confederal de USO, Joaquín Pérez Da Silva, y la secretaria general USO Cantabria, Mercedes Martínez Zubimendi, quienes han acusado a la Consejería regionalista de Presidencia de «ceder al chantaje» de los sindicatos mayoritarios y la patronal.
Zubimendi ha explicado que Presidencia ha comunicado a USO que presentará al Parlamento en los próximos días un proyecto de ley para la modificación de la Ley del CESCAN, aprobada por unanimidad, que consistirá «exclusivamente» en la eliminación de USO de la composición de este órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral.
La sindicalista ha precisado que dicha comunicación se produjo por parte de un director general de la Consejería y el jefe del gabinete, es decir, sin la asistencia de su titular, Paula Fernández, y en ella ambos les trasladaron los «insultos y amenazas» de UGT, CCOO y CEOE, que, según ha dicho, ya se produjeron con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, cuando hubo «malas formas».
En su opinión, sindicatos y patronal «les amenazan y ellos ceden al chantaje», que es «el único motivo» que, según Zubimendi, ha dado Presidencia para la «expulsión» de USO del CES.
Ha recalcado que la ley que se pretende modificar por otra fue aprobada por unanimidad del Parlamento hace dos años y «defendía la pluralidad» de las organizaciones representativas de los trabajadores. Por eso el sindicato no entiende por qué se quiere presentar una modificación «que solo va a excluir a USO», sin introducir ningún cambio más, cuando «ya estábamos nominados para participar en la organización».
En la reunión con Presidencia, el sindicato trasladó su «repulsa y condena» de dicha propuesta, que Zubimendi ha calificado de «acto histórico de cobardía política», que «atenta contra la libertad sindical» y que supone «un descrédito para el Parlamento de Cantabria».
Ante estos hechos y como primera acción, el próximo lunes 13, cuando se inicia el nuevo curso parlamentario, USO acudirá a la Cámara para informar a los diputados porque «muchos no saben que este verano algo ha cambiado y el Gobierno ha decidido plantear un proyecto de ley del que no están informados».
Además, se concentrarán a las 15.30 horas frente al Parlamento con el propósito de que «no se consiga llegar a algo tan vil como coaccionar la libertad de expresión y romper el pluralismo». En este sentido, ha hecho un llamamiento a acudir a la protesta a los trabajadores que «no se vean representados» por UGT ni CCOO.
La secretaria de USO ha lamentado que sean reconocidos «de muchas formas pero no por el PRC», cuya consejera de Presidencia no les recibió.
La organización quiere conocer «motivos coherentes» para no estar en el CES, además de que considera «muy dudosa» la modificación legal, que ya analizan sus servicios jurídicos por si pudiera llegar a los tribunales.
Al hilo, ha advertido que «solo con echar a USO no es un consejo plural» porque «falta más de un 10% de la representación sindical de Cantabria».
Por su parte, Pérez Da Silva ha afirmado que lo sucedido en Cantabria no ha pasado en ninguna parte de España, es un «hecho de alta gravedad» y un «insulto», lo que ha motivado la presencia de la Confederal en la región. Considera que USO ha sufrido «un grave ataque» ante la «debilidad» del PRC «que ha cedido ante el claro chantaje de CCOO, UGT y CEOE».
En su opinión, el «viraje» en términos políticos e ideológicos del CES es un «ataque a la democracia» porque «se cambian las reglas del juego en el segundo tiempo del partido», y va en sentido contrario a la regeneración política. «España entera va en otra dirección y el Gobierno de Cantabria ha dado diez pasos atrás, algo más propio de los años 80 y despachos cerrados; es chusquerismo», ha censurado.
Igualmente ha coincidido en el «ataque al pluralismo» que han recibido los trabajadores «por miedo al más allá del bisindicalismo». «USO no quiere nada que no le hayan dado las urnas» y apartarle del CES a su juicio «evidencia miedo porque es la única alternativa real independiente al bisindicalismo».
Pérez Da Silva también ha incidido en que el CES es un órgano «meramente consultivo» por lo que «querer expulsarte de ahí ¿tiene otras finalidades», se ha preguntado.
Al respecto, ha hecho un llamamiento a los diputados de todas las formaciones políticas para que se pregunten por qué se quiere modificar ahora la ley y qué significa su cambio. Asimismo se ha preguntado por qué no se ha reunido el CES durante «la peor crisis económica y laboral desde la democracia».
«Dónde y por qué se ha decidido el cambio legislativo? ¿Quién ha tomado la decisión y con qué intereses? ¿En una terraza con olor a puro, en un despacho?, ha cuestionado, apuntando que la corrupción política «son sobres llenos de dinero» pero también puede serlo «modificar la voluntad política bajo intereses y extorsión».
Al respecto, ha apuntado que el PSOE puede «tener interés en mirar para otro lado», dada la cercanía a algún sindicato, pero el PRC, «que ha llegado a tener un 3% y un 5% de representación parlamentaria», hace dos años defendía la pluralidad «y ahora valora lo contrario».
Por todo ello, ha asegurado que desde la Confederal van a llegar «al fondo de este asunto», que ha calificado de «escándalo sindical», para defender a los trabajadores.