Alguien paga el pato de los blindajes presupuestarios

Con la misma ingenuidad con que uno de mis hijos estaba convencido de pequeño de que el dinero no se acababa nunca, bastaba con ir a buscarlo “a la pared” (por el cajero) se legisla en España en materia presupuestaria. Si el gasto de la pandemia fue extraordinario por motivos obvios, el de la postpandemia es aún mayor, sin que sepamos por qué o cómo lo financiaremos. La idea de que Europa mandará a cada poco un fondo de recuperación es muy confortable pero falsa. Los ‘frugales’ del norte se cansarán pronto de los despilfarradores del sur (nosotros), que estamos convencidos de que si gastamos mucho es por una buena causa. Siempre es una buena causa, el problema es que hay demasiadas.

España se comprometió en la cumbre de Madrid a llevar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB. No parece gran cosa pero en dinero contante y sonante supondría un gasto anual añadido de 15.000 millones de euros. A los pensionistas se les ha subido un 8,5%, lo que va a incrementar espectacularmente la brecha entre los gastos y los ingresos, porque las cuotas sociales ya no pueden incrementarse más, y quien crea que se puede resolver por la vía fiscal que idee el impuesto capaz de generar esa montaña de dinero, porque no lo hay.

A esta escalada se ha sumado el Parlamento de Cantabria al aprobar, con entusiasmo general, la ley de Ciencia, que obliga a más que triplicar la inversión pública en esta materia de aquí a cuatro años. Aún en el caso de que se pudiesen fichar a los 2.000 investigadores previstos en tan poco plazo, quedaría por resolver ese pequeño asunto del dinero. Gastar el 3% de los Presupuestos de la comunidad en ciencia (105 millones al año) está al alcance de muy pocas sociedades. Y no olvidemos que pasará mucho tiempo para que genere retornos, si algún día los produce.

Parece encomiable triplicar por ley los presupuestos para ciencia pero quizá no lo sea tanto cuando sepamos a quien se le quitará el dinero

Hoy por hoy, invirtiendo mucho menos de lo que deberíamos, no somos capaces de conseguir una transferencia eficaz de esa ciencia a la economía real y ahí están los resultados. O los departamentos e institutos de investigación de la Universidad viven muy alejados de las empresas o las empresas de la región no tienen capacidad para procesar esta ciencia, por su pequeña dimensión o por sus limitaciones de todo tipo. No hay que olvidar que para llevarla a las líneas de producción es imprescindible hacer inversiones y tener dinero para ello, a no ser que este proceso de transferencia e implantación también corra totalmente a cargo de erario público (ya corre en parte).

Defensa, pensionistas, ciencia… son solo las primeras de esas buenas intenciones que nos mueven a todos. Cada vez que un sanitario sale a la calle a defender sus derechos, nos recuerda que España está dos o tres puntos de PIB por debajo de otros países en este terreno. Solo por eso, se busca comprometer al Estado y a las autonomías para que le dediquen más recursos, y bienintencionados como somos, a todos nos parece estupendo, porque la salud es lo primero. También la educación, por supuesto; y la justicia, la atención social, los policías, las bibliotecas…

Podríamos seguir, porque cada colectivo que reivindica se compara siempre con aquellos países que tienen más dotaciones en esa materia y no con la media. El resultado de ajustar el gasto al alza en cada uno de esos campos es que necesitaríamos el 140 o el 150% del PIB, porque nadie se atreve a proponer de dónde lo quitaría, salvo ese capítulo que sirve de comodín para todo: del sueldo de los políticos y los asesores. Solo hay un problema y es que aunque nos ahorrásemos todos los políticos y todos los asesores, reuniríamos una cantidad muy inferior al 0,1% del PIB. En concreto, el gasto de los altos cargos de Cantabria (algo menos de un centenar) supone bastante menos del 1 por mil.

El Estado, por su parte, gastará este año en ministros, asesores, altos cargos, presidentes de empresas y organismos públicos y Casa Real 130 millones de euros. En total, cuenta con 1.184 altos cargos, un 20% más de los que tenía Rajoy. Con ser una cuantía importante, es una gota de agua en el mar de los grandes gastos nacionales: Esos 130 millones poco podrían hacer para pagar los 190.000 millones que costarán las pensiones este año, y apenas suponen un 0,012% del gasto en defensa. Bastante más se podría conseguir recortando funcionarios, cuyo gasto, 140.000 millones al año, se come una parte cada vez mayor de los presupuestos, sobre todo los de autonomías y ayuntamientos, que no parecen interesados en plantearse de una vez si la eficiencia de sus servicios mejora al crecer sus plantillas.

Quienes están blindando estos capítulos a futuro quizá no sean conscientes de que restan autonomía a los gobiernos posteriores, aunque sean de sus partidos, y de que crearán un problema presupuestario muy grave, porque un gasto semejante en ciencia obliga a reducir sensiblemente otras partidas. Como en la inmensa mayoría hay muy poco margen (intereses de la deuda, sueldos, energía, consumibles, dependencia, residencias de ancianos…) solo será posible mermar las inversiones, que siempre pagan el pato, o vivir en la locura y no amortizar la deuda. El reparto de los presupuestos es un juego de suma cero, siempre que alguien gana, otro pierde. Antes o después lo comprobaremos y aunque sea una magnífica idea aumentar el dinero para la ciencia, igual de buena es llevarlo a cabo con mesura, en función de las posibilidades de cada año, para no crear aún más problemas.