Cómo hemos conseguido que al País Vasco le sobre dinero

Cuando se aprobó la última reforma de la financiación autonómica, en tiempos de Zapatero, todo el mundo salió exultante. Gracias a una más generosa dotación del Estado, todas las comunidades percibían más y los problemas financieros graves que padecían muchas de ellas a consecuencia del desbordamiento de los gastos sanitarios parecían quedar resueltos para una buena temporada. Ni los consejeros autonómicos ni los expertos independientes eran conscientes entonces de que, con la crisis, todos los cálculos se iban a ir al garete. Nadie lo vio venir, pero lo cierto es que muy poco tiempo después, las autonomías volvían a estar tan asfixiadas como antes, o más.

Han sido años muy duros, incluso para Cantabria, que supuestamente era más beneficiada por la reforma del sistema, al menos la comunidad que más dinero recibía por habitante, en atención su dispersión poblacional y envejecimiento, que implican que prestar los mismos servicios sanitarios o educativos cueste bastante más. Sin embargo, Rajoy lleva años retrasando la obligada reforma del sistema, consciente de que la única forma de llegar a un nuevo pacto es que el Estado vuelva a aportar más, y de que ni siquiera así se garantizará dejar a todos satisfechos.

Como ya vamos entendiendo la forma de pensar del presidente del Gobierno, tenemos que aceptar que el asunto se dejará sobre la mesa hasta que se aburra todo el mundo de esperar. A esta estrategia política criticable, porque además de no financiar suficientemente las autonomías, el Estado ha venido siendo mucho más estricto con su déficit que con el propio, se une ahora otra mucho más discutible: mejorar sustancialmente la contribución de la única autonomía que ni tenía motivos de queja ni los va a tener en mucho tiempo, el País Vasco. En un mercadeo totalmente reprochable, Rajoy y Montoro ofrecieron al PNV 1.400 millones de euros más (en este caso, menos, puesto que quienes hacen la liquidación anual al Estado son ellos), a cambio de sus votos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Y a esta actuación inconsecuente e insolidaria se han sumado con sus votos el PSOE y prácticamente todos los demás partidos representados en el Congreso, con la excepción de Ciudadanos, porque ninguno de ellos quiere llevarse luego un varapalo electoral en el País Vasco. Así que la mayoría ha optado por entrar en la batalla apoyando al fuerte para estar donde no se reciben las bofetadas.

Nada más decidirse el nuevo cupo, su Parlamento aprobó una bajada de impuestos

No vale la pena discutir si debe haber un cupo vasco, porque está en la Constitución, pero es obligatorio detenerse en el hecho de si esa contribución anual al Estado por los servicios que éste le presta en materia de defensa, la representación exterior o la Corona están bien calculados o no. Si lo estuviesen, el País Vasco debería tener un déficit parecido al de las restantes comunidades autónomas, en el mejor de los casos, al de aquellas que más han controlado los gastos, pero la realidad es que su déficit es tan inferior que prácticamente es nulo. Y eso le permitió bajar los impuestos cuando los demás los subían y se lo ha vuelto a permitir, otra vez, al día siguiente de aprobarse el nuevo cupo vasco. Ni siquiera esperaron 48 horas para darnos este sartenazo en la cara a todos los demás.

Como este año la recaudación en el País Vasco está creciendo por encima del 10% y para el año próximo la reforma del cupo le va a permitir quedarse aún con más dinero, ha decidido que lo mejor es devolvérselo al contribuyente, en este caso a las empresas.

Hay que aclarar, a pesar de estas críticas, que la presión impositiva que soportan las empresas en el País Vasco no es mucho más favorable, como piensan la mayoría de los españoles, a resultas de aquellas polémicas y fallidas ‘vacaciones fiscales’. El Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas es del 28%, superior a la media nacional, y a partir de ahora será del 24%, un punto menos que en el resto del país. Una rebaja interesante para las empresas allí asentadas, aunque a cambio se reducirán algunas exenciones por pérdidas anteriores e inversiones en I+D+i que sí podían rebajar sensiblemente esa factura fiscal. Las medianas y pequeñas pagarán ahora el 20% (pagaban el 24%), cinco puntos por debajo de la media nacional.

No conviene dejarse llevar por la demagogia y sostener que ahora se va a producir una competencia fiscal sobre las regiones de alrededor. Ni hemos conseguido atraer empresas vascas mientras nuestra fiscalidad ha sido menor ni se van a ir las cántabras a Vizcaya porque allí paguen un punto menos. No es un asunto de competencia sino de sana envidia: ¿Alguien imagina lo que se podría conseguir si en lugar de dedicar todos los años una quinta parte del Presupuesto regional a amortizar deuda y pagar intereses tuviésemos una situación de superávit? Pues esa situación es la que les procura a los vascos el regalo que el Gobierno acaba de hacerles con el dinero de todos nosotros, y que la mayoría de los grupos políticos han secundado.

Agradeceríamos, al menos, que se abstuvieran de utilizarnos, como ha hecho la consejera de Economía de Castilla y León (PP) al arremeter contra la rebaja de impuestos del País Vasco por competencia desleal, porque la mejora del cupo ha sido una iniciativa de su partido y la rebaja foral también ha sido votada por el PP vasco y, en estas condiciones, es más prudente estar callado.