Hacienda hace caja con las tarjetas

Hacienda está consiguiendo ingresos históricos y esa circunstancia, tan bienvenida para reducir la enorme deuda pública, a veces consigue lo contrario, porque ya vimos cómo los superávits que se alcanzaron durante el éxtasis del ladrillo crearon una euforia que llevó a los ayuntamientos a crear plazas de funcionarios como si no hubiese un mañana y a los gobiernos a multiplicar el gasto corriente, las deducciones y las subvenciones. Ahora vamos por el mismo camino, incrementado el gasto estructural como si estos flujos fuesen eternos.

Veintiún millones de personas trabajando generan muchos recursos, pero la riada de dinero que está entrando por la puerta de Hacienda no sería la misma sin la contribución de otros factores coyunturales: los rendimientos derivados de los enormes beneficios que está teniendo la banca y sus consiguientes dividendos; el hecho de que no se estén deflactando las escalas de gravamen como debieran; las plusvalías bursátiles y las tarjetas de crédito, bizums y otros pagos por teléfono.

El control de los pagos dispara la recaudación desde la pandemia

Es este último factor es el más novedoso y el que pasa más desapercibido. Hace muchos meses aventuré en estas páginas que la auténtica reforma fiscal de España llegaría con la desaparición del dinero físico y, por tanto, del dinero negro. Una reforma que no necesita pasar por el Parlamento, que ningún partido va a rechazar y que no ha aparecido publicada en el BOE. Simplemente, se está produciendo de forma espontánea. Los jóvenes prácticamente han perdido la costumbre de manejar el dinero físico y los mayores poco a poco se van adaptando a los nuevos modos de pago, sin olvidar que se ha vetado la posibilidad de hacer abonos importantes en billetes.

Es extraño que las consecuencias fiscales de ese fenómeno, fáciles de intuir, no hayan sido analizadas hasta ahora, ya a toro pasado. Por fin sabemos que, después de la pandemia, y como consecuencia de la generalización de estos nuevos medios de pago, Hacienda ha pasado a tener controladas transacciones por valor de 40.000 millones de euros que antes eran anónimas, porque el dinero físico lo es.

El resultado es que, de rebote, han entrado en su caja al menos 8.000 millones de euros a los que nunca hubiese tenido acceso, según cálculos del inspector Francisco de la Torre, un antiguo diputado de Cs que siempre ha puesto mucho interés en la mejora de la política hacendística española para hacerla no solo más eficiente sino también más justa.

Quienes siguen defendiendo que España mantiene, más o menos, la misma economía sumergida de siempre siguen echando mano de estimaciones grosso modo absolutamente discutibles. La realidad es que, habiéndose reducido las adquisiciones de viviendas a apenas una fracción de las que se producían en 2006 o 2007; con una retirada masiva de los billetes de 500 euros y con cada vez menos transacciones en dinero físico, los reductos de la economía sumergida son cada vez menores, y ahí está para demostrarlo la recaudación de Hacienda, que crece mucho más rápido que el PIB.

Este regalo que cae en las arcas públicas va a elevar de forma sostenida los niveles de recaudación, pero nunca lo hará al mismo ritmo que en los primeros momentos y eso es algo que las Administraciones públicas debieran tener en cuenta.

Desde que la deuda española se disparó al 124% del PIB el año de la pandemia, cuando el Estado tuvo que cargar sobre sus espaldas con las nóminas de once millones de españoles y los gastos extraordinarios en que incurrieron las autonomías para afrontar la enfermedad, ha ido retrocediendo deprisa hasta situarse en el 108%. Es cierto que en números absolutos la deuda ha crecido, pero una reducción de 16 puntos en tan poco tiempo nunca hubiese sido posible sin estos factores que han venido en auxilio del Gobierno, y que previsiblemente le van a permitir volver en un año al porcentaje de deuda que se encontró al llegar al poder. Y se va a conseguir con un nivel de gasto insoportablemente alto, ya que la tensión política hace arrodillarse a los gobiernos cada día (y no solo al central) en este ambiente de campaña electoral permanente que vivimos, lo que les lleva a ceder en unos casos para conseguir los votos de colectivos determinados y en otros para evitar que salgan a la calle.

Es cierto que tanto las subidas del SMI o de los salarios de los funcionarios como las subvenciones empujan luego las recaudaciones de IVA e IRPF, pero el ritmo al que está disparándose el gasto público (y no digamos las pensiones) es claramente insostenible. Los más optimistas creen que esto se corrige con la llegada de otro Gobierno, pero la realidad es que ningún partido se atreve a dar marcha atrás en estas materias, por mucho que las criticase desde la oposición, y recordemos en aquellas fechas en las que el PP aseguraba que acabaría con las peonadas en Andalucía y Extremadura o con los viajes del Imserso. Basta con ver lo ocurrido en Cantabria, donde todas las políticas son de continuidad e incluso ha aumentado el número de cargos políticos, para darse cuenta de lo difícil que es volver atrás en materia de gastos.