La carta de dimisión

A veces, las explicaciones son peores que el acto en sí, y eso le ha pasado a la exconsejera de Economía con su dimisión. Esa carta de reconocimiento de culpa enviada al vicepresidente del Gobierno del tipo ‘lo siento, me he equivocado’ solo empeoraba las cosas, porque María Sánchez se dejaba a sí misma como incompetente, algo que no es. Argumentar en una carta a Zuloaga que no había calculado bien los efectos que iba a tener su modesta rebaja fiscal en las cuentas regionales no es de recibo. En primer lugar, por la cuantía que representaba la medida (estamos hablando de 28 millones de euros de pérdida de ingresos para la autonomía en un presupuesto de 3.500) y porque deja entender que le abrieron los ojos los otros consejeros, que rechazaron la medida después de haberla aplaudido en las redes sociales (?), y, por tanto, que conocen mejor que ella las cuentas regionales. Como es evidente que no es así, la carta no tiene otro sentido que exonerar a Zuloaga de responsabilidades, al hacer ver que el vicepresidente no tenía conocimiento de lo que estaba cociendo la consejera, algo también muy improbable.

El problema, por tanto es otro, la falta de comunicación con el PRC, que se enteró por la prensa de lo que pensaba hacer la consejera, y con el propio PSOE nacional. En Madrid se interpretó como una desautorización a la política del partido, al ocurrir unos días después de que Sánchez dijera no a la reclamación de Rajoy de bajar impuestos. Pero hay dos derivadas que tampoco son del agrado de los socialistas. La primera de ellas es que esta medida no beneficiaba a los más desfavorecidos, a los que ingresan menos de 22.000 euros al año y no están obligados a hacer la declaración de Renta, por lo que su carácter social es discutible. La segunda, su desplazamiento en el tiempo. Los contribuyentes notarían esta rebaja (unos 154 euros de media) al hacer la declaración de la Renta de 2022 en la primavera del próximo año. Para entonces las circunstancias pueden ser muy distintas y, por tanto, la medida parecía poco adecuada a los objetivos que pretendía, a no ser que fuesen ganar unos votos en las elecciones que se celebrarán por entonces.

La exconsejera no calculó el efecto político de su rebaja fiscal, pero no podían ser suyas todas las responsabilidades

Los regionalistas también tenían razones para enfadarse, puesto que Economía había rebañado previamente los presupuestos de todas las consejerías para sufragar las millonarias subvenciones que se están entregando a todo colectivo que salga a la calle con una pancarta, y parece un desaire descubrir que había dinero para hacer rebajas fiscales a 183.000 contribuyentes.

Es decir, que la decisión de la exconsejera no fue adecuada, oportuna ni leal con sus socios, pero eso no quiere decir que deba rechazarse de plano. Por el contrario, sobran razones para adoptar medidas semejantes (mejor estructuradas) porque, como se justificaba la propia consejera, desde 2015 no se ha actualizado la deducción familiar y el IPC acumulado desde entonces ha provocado, en la práctica, una fuerte subida fiscal para toda la población española, que perjudica especialmente a las capas sociales más modestas. Solo en el último ejercicio, el ciudadano medio ha perdido un 10% de capacidad de compra y, si tuviese la suerte de que su empresa le aumentase el salario en esa misma proporción para compensarlo, tendría que pagar bastante más impuestos, por ganar más, teóricamente.

Es prioritario deflactar los tipos del IRPF para no asfixiar aún más a las familias, pero esa política ha de adoptarla el Gobierno nacional, y no puede esperar. Ni siquiera así se preservaría el poder de compra de los ciudadanos, porque hay otros impuestos, como el IVA, que seguirían recaudando mucho más por ese efecto mecánico que produce la subida de precios.

La consejera se equivocó y no pudo resistir la doble presión de su propio partido y los aliados regionalistas, pero no era razón suficiente para dimitir y, menos aún, para echarse encima todas las culpas. No se entendería sin tener en cuenta circunstancias anteriores y los problemas de gestión que produce la asignación de los fondos europeos. Los ministerios no están tramitando a la velocidad que las comunidades quisieran y María Sánchez se encontraba en una posición muy compleja, al sentirse incomprendida por los que desde la comunidad autónoma exigen más diligencia en la gestión de los fondos europeos (incluidos sus compañeros de gobierno), algo que no estaba en su mano, y quienes en Madrid no han aceptado los grandes proyectos presentados por Cantabria, como La Pasiega, el MUPAC o la protonterapia (lo que ella misma ya había advertido). La Consejería de Economía no decide y tiene mucho menos margen de maniobra de lo que parece, aunque sea la canalizadora de las ayudas y la referencia en la comunidad autónoma. La responsabilidad es del Gobierno nacional que, antes o después deberá simplificar este complejo mecanismo administrativo, porque corremos el riesgo de que se pierda gran parte del dinero.