La desigualdad que no cesa (José Villaverde Castro)
Tal y como ponen de manifiesto numerosos estudios, la desigualdad en la distribución de la renta es un fenómeno que, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, no ha hecho más que crecer en las últimas décadas. Son muchos, sin embargo, los intentos llevados a cabo para tratar de reducirla de forma importante y sistemática (erradicarla totalmente, además de imposible, podría ser contraproducente), pero, al menos de momento, parece que no se ha dado con la tecla adecuada o, lo que es más preciso, parece que no existe voluntad política suficiente para hacerlo. Recientemente, un estudio que hace uso de las Cuentas Nacionales Distributivas, realizado bajo el paraguas del World Inequality Lab y publicado por EsadeECPol, ofrece nueva e interesante evidencia sobre la magnitud de la desigualdad de rentas en España, así como algunas pautas acerca de cómo abordar el problema.
Para empezar, y si prestamos atención a la distribución de los ingresos entre rentas de trabajo y de capital, hay que señalar que la tendencia general en los países desarrollados desde los años ochenta apunta a reducción de las primeras en beneficio de las segundas. Este fenómeno, aunque con vaivenes temporales más o menos acusados, también se ha producido en España, donde el incremento en la participación de las rentas de capital en la renta nacional tomó nuevos bríos a partir de la crisis financiera de 2008. Las razones de este comportamiento son, según el estudio citado, el aumento de los ingresos por alquileres, dividendos y beneficios empresariales, la caída de las rentas mixtas (que tienen un mayor peso que las del trabajo), y los reducidos incrementos salariales.
Aunque, considerado en sí mismo, este es un resultado preocupante, lo es más cuando ponemos el foco en la concentración de la renta en los distintos estratos de la distribución. En este sentido, ocurre, tal y como sostiene la sabiduría popular, que una imagen vale más que mil palabras. Así, como puede apreciarse en el primer gráfico de la siguiente página, se observa que el 50% de la población española más pobre, que en sus momentos de máximo esplendor era poseedora del 18% de la renta nacional, ahora, y tras las fuertes caídas experimentadas durante los años más duros de la crisis financiera, sólo reúne el 14,2%. En el extremo opuesto, el 1% más rico, que tradicionalmente se hacía acreedor al 14% de la renta nacional, empezó a escalar posiciones a partir de 2012 hasta concentrar, en la actualidad, casi el 17% de la mencionada renta.
Como es lógico, la situación cambia un poco, aunque no demasiado, si prestamos atención a otros grupos de renta. En particular, si comparamos qué parte del total se llevan los grupos del 10% más rico y el del 40% con rentas intermedias (el que conforman las decilas sexta a novena). Es decir, que si excluimos de la comparación al 50% más pobre, los resultados siguen siendo muy elocuentes. En efecto, una simple ojeada a la segunda figura muestra las tendencias decreciente y creciente, respectivamente, de las cuotas de renta absorbidas por estos dos grupos de renta desde, más o menos, el año 2004, con el resultado final de que ambas (por encima del 40%) son casi idénticas; es decir, la renta de la decila más rica equivale a la de las cuatro decilas que la siguen en la distribución.
La conclusión más obvia es que, sea como fuere, y se comparen los grupos de renta que se comparen, es evidente, por muchas vueltas que se le quiera dar al asunto, que hay unos pocos que se llevan la parte del león de la tarta nacional y otros muchos que tienen que conformarse con las migajas. El Estado, principalmente a través del sistema impositivo, trata de mitigar unos niveles de concentración de la renta tan elevados como los aquí comentados, y hay que reconocer que lo consigue, aunque, por desgracia, sólo en muy escasa medida. Centrándonos, por ejemplo, en 2019, último año para el que se cuenta con información fiable, la acción estatal incrementa la cuota del 50% más pobre del 14,2 al 16,6% de la renta nacional, mantiene prácticamente inalterada la del 40% con ingresos intermedios, y reduce la del 10% más rico en 2,5 puntos porcentuales hasta situarla en el 39,8%. Aunque algo es algo, me parece que no será difícil convenir que lo logrado es, a todas luces, insuficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Pues, dado que, como reconoce el estudio citado, la desigualdad es un fenómeno complejo y multidimensional, no queda otra alternativa que abordarlo desde distintos enfoques y políticas. Por ello, si prestamos atención a la causa de la misma, quizás la política más necesaria sea la de mejora del capital humano, al objeto de reducir de forma consistente y sistemática el desempleo y la temporalidad. Por otro lado, si nos fijamos sobre todo en los efectos de la desigualdad, la mejor forma de atacarla sigue siendo a través del sistema fiscal, que necesitaría ser más progresivo y, por lo tanto, redistributivo. En este sentido, y teniendo en cuenta el desequilibrio de ingresos fiscales entre rentas de capital y rentas de trabajo, el informe apuesta por una reforma urgente “del Impuesto sobre Sociedades para que se recuperen los niveles efectivos de presión fiscal anteriores a 2008”, así como por una armonización de la fiscalidad patrimonial (IBI, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y Donaciones). Adicionalmente, añado yo, otra reforma del IRPF y algún retoque en el IVA serían imprescindibles para hacer que el primero fuera más progresivo y el segundo menos regresivo. Por último, insiste el estudio comentado, estos cambios deberían venir acompañados por un impulso dirigido a constituir un nuevo modelo productivo que genere mejores empleos y “mayor valor añadido con ayuda de las nuevas tecnologías en sectores en los que el país tiene una ventaja comparativa”. En definitiva, todo un programa de gobierno. Aunque difícil, ¿habrá voluntad, al menos, para intentarlo?
José Villaverde Castro es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.
Universidad de Cantabria
