La energía, el peor negocio salvo todos los demás

Cuando Aznar decidió la privatización de Endesa aseguró que a partir de ese momento bajaría para siempre el precio de la luz en España. Al parecer, el problema era tener una empresa pública. Lo que no explicó es, por qué motivo se vendía a otra empresa pública, aunque italiana. A la vista está que eso no resolvió nada y España ha seguido teniendo uno de los suministros eléctricos más caros de Europa donde, por cierto, las empresas públicas siguen existiendo y con papeles protagonistas, como ocurre en Francia, en Italia o en Portugal.

El problema de los precios ha aflorado con virulencia en los últimos meses, en los que el mercado mayorista de la electricidad ha cotizado en niveles nunca vistos en circunstancias normales, en las que no hay temporales o grandes sequías. Las hidroeléctricas y los aerogeneradores han funcionado con normalidad y, siendo su aporte cada vez mayor, resulta poco explicable que se hayan alcanzado estos precios y que se hayan mantenido durante semanas. Ni siquiera es justificable por el aumento de precios de los derechos de emisión, que se han disparado como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno (en realidad, por Europa).

Aunque el aumento de gasto en la factura para una familia probablemente no ha superado los cinco euros al mes, era un asunto que la oposición no podía dejar pasar y ha mordido con ganas, no para poner contra las cuerdas a las eléctricas sino al Gobierno, cuyos responsables exigían, cuando no gobernaban, que los precios se rebajasen por las buenas (el mercado) o por las malas (con una regulación). Ahora son ellos los que deben tomar decisiones y las primeras han tenido el efecto contrario al que supuestamente buscaban, aunque su reforma solo podrá valorarse a medio plazo, porque, además de sustituir las tecnologías de producción eléctrica más contaminantes y caras también pretende cambiar las costumbres de consumo de los ciudadanos e invitarles a que ellos mismos se autoabastezcan en parte.

Que nadie dude de que la oferta eléctrica va a crecer mucho más rápido que la demanda, porque se avecina una nueva oleada de renovables

A la vista de la prisa que se han dado todas las grandes superficies comerciales en sumarse a la venta de paneles solares, da la impresión de que en todas las casas acabaremos produciendo energía y, en ese sentido, sí que se va a cumplir la previsión gubernamental. Pero eso requiere tiempo y otros cambios tarifarios. Se quitó el llamado ‘impuesto al sol’ de la época de Rajoy, tan disparatado que ni siquiera el PP se atrevió a explicarlo, pero sigue siendo injustificable que, en un momento en que el mercado ha llegado a pagar a 0,22 o 0,24 euros el kilovatio, el autoproductor doméstico cobre 0,04 por cada uno que vuelca a la red. A día de hoy, sobran aparatos electrónicos para hacer un seguimiento horario de sus vertidos, y para ofrecerle una remuneración más justa. Porque no hay que olvidar que él y los muchos como él contribuyen a atenuar los picos de demanda diurnos, evitando que entren en funcionamiento tecnologías de producción muy caras.

El productor doméstico es el mejor aliado que podían tener las eléctricas: les suministra energía muy barata, evita que el sistema tenga (aún) mayores tensiones de precios en horas punta y, como solo puede producir cuando hay sol, sus entregas coinciden con los momentos de más consumo, por lo que comprarle obligatoriamente no supone ninguna carga, como sí lo supondría de volcar esa energía a la red por la noche, cuando no hay demanda.

Se hacen previsiones demasiado fatalistas sobre las necesidades energéticas del país dentro de una, dos o tres décadas, pero la realidad es que los aparatos domésticos son más eficientes, los consumidores cada vez producirán más, la energía que consumamos va a ser muy pronto de origen renovable en más de un 50% y aún está por explotar el gran recurso, que es la eólica marina. Que no dude nadie que la oferta va a crecer mucho más deprisa que la demanda, pero crecería aún más rápido si la remuneración al productor doméstico fuese más justa y se vinculase a las oscilaciones del mercado, tal como ocurre cuando él compra la energía.

Es cierto que lo que más penaliza el recibo de la luz son las rémoras históricas, que estamos sufragando entre todos, y algunas no tan históricas, como el cierre apresurado de las centrales de carbón. Una decisión precipitada por parte de las empresas, porque en algunas de ellas se habían hecho recientemente inversiones enormes (la propia Viesgo), para adaptarlas a las exigencias ambientales comunitarias y, en lugar de esperar a rentabilizarlas, han decidido clausurarlas. Una decisión tan discutible como la que tomó Iberdrola al negarse a reabrir Garoña después de que el Gobierno de Rajoy se mojase a fondo rectificando la orden de cierre de Zapatero, tras cumplir el periodo autorizado.

En el sector eléctrico se han producido errores de bulto de los que no siempre se puede acusar a los políticos (decenas de nucleares proyectadas que nunca se hicieron, el fiasco del almacén Castor o los ciclos combinados que durante años permanecían parados gran parte del día), pero todas esas heridas fueron restañadas sin dejar apenas cicatrices en las empresas, trasladándolas al recibo que los consumidores pagamos cada mes. ¿Alguien se imagina algo parecido en cualquier otro negocio?