La gran oportunidad de los contratos de Defensa

En España, casi toda la investigación que se hace –y no digamos en Cantabria– está sufragada con fondos públicos. Por eso, nunca tendrá una cuantía suficiente y alguna responsabilidad tendrán en ello las empresas. No toda, porque deberían estar mejor apoyadas para hacerlo, y no con subvenciones, como se hace ahora.

Hace algunos años, una profesora universitaria norteamericana demostraba en un estudio que rompía muchos esquemas en la tierra del ultraliberalismo  que sin los generosos contratos del Ejército y de los organismos públicos, la mayoría de las grandes empresas del país nunca habrían llegado a tales, incluida Apple, que también tuvo un gran apoyo de las universidades, al adquirir miles de sus equipos en la época en que más lo necesitaba.

Es evidente, por tanto, que el mercado privado no es suficiente en casi ningún lugar del mundo para afrontar los enormes gastos que tiene la investigación, aunque también es evidente que en ningún otro país el Ejército tiene una capacidad tan determinante para empujar cualquier sector, y no solo el de los fabricantes de armas, porque solo EE UU dedica cada año casi el 4% de su PIB a su gigantesca maquinaria militar, que por sí sola representa el 38% del gasto militar de todo el planeta. El resto, salvo Rusia y Arabia Saudí, estamos entre el 0,5% y poco más del 2%.

En España ese gasto apenas sobrepasa el 1% del PIB, aunque el país se ha comprometido con sus socios de la OTAN a llegar al 2%, lo que no resultará fácil ni probable. En cualquier caso, elevar el porcentaje actual supone muchos miles de millones de euros de gasto anual, y ese dinero no se consumirá en tropas sino en tecnología y armamento, dos términos que cada vez están más íntimamente ligados. La guerra de Ucrania ha demostrado que los conflictos del futuro se van a librar entre equipamientos tecnológicos.

España se ha comprometido a duplicar su gasto en Defensa, pero nadie prepara a las empresas para aprovecharlo

Este contexto parece la oportunidad idónea para implicar a las empresas nacionales, de todos o casi todos los sectores en ese objetivo. La cuestión no es gastar más por la obligación de hacerlo, es que ese aumento del gasto se convierta en la herramienta que las empresas con ambición precisan para subir al menos un escalón, el que necesitan en un mundo en el que no es posible refugiarse en los sectores tradicionales, porque esos productos o servicios de bajo valor añadido siempre habrá otros que los hagan más baratos.

Es seguro que se hiciese una encuesta, todos estaríamos de acuerdo en aprovechar esa inversión y, sin embargo, nadie parece dispuesto a arremangarse para empujar en este sentido.

Curiosamente, es en Cantabria donde se ha dado el único paso, con la constitución de un clúster de empresas vinculadas con la defensa –o interesadas en estarlo–, y en este ámbito caben muchas, porque el Ejército no solo necesita armas o vehículos, también requiere uniformes, recambios, alimentación… Lo insólito es que después de años de funcionamiento y de que el propio Ejército haya bendecido su existencia con numerosos actos en los que han participado altos cargos, ninguna otra comunidad haya seguido el ejemplo. La paradoja es aún mayor si tenemos en cuenta que en Cantabria apenas había empresas vinculadas a la Defensa, mientras que en otras regiones hay astilleros de la armada, importantes bases militares, centros logísticos de Ejército…

El elevado número de empresas que se han integrado en este clúster denominado CID ofrece una idea muy clara del interés que despierta, pero por el momento es un pequeño experimento de laboratorio. Se necesita una política nacional que realmente estimule la colaboración de las empresas con el sector de la Defensa, y no solo para evitar la compra de la mayor parte de los suministros de nuestro ejército a otros países, sino para involucrarlas en programas tecnológicos que le servirán a muchas de ellas para escalar tanto en facturación como en capacidad técnica. Hay varios ejemplos en Cantabria muy notorios, como el del Grupo Fernández Jove.

Frente a la incertidumbre del mercado privado, en el que nunca se sabrá muy bien qué productos se necesitarán en el futuro y en qué cantidad, el Estado puede ofrecer certidumbre, programas a largo plazo en los que se conoce la inversión y la demanda. Ese es un factor de estabilización económica absolutamente vital en los tiempos que corren. Por eso, no parece entendible que la Administración ponga tan poco énfasis en esta política de implicación de más empresas en el ámbito de los suministros de equipamiento para la Defensa. Tampoco lo es que la CEOE nacional no lo esté demandando. Si no aprovechamos el compromiso económico que ha adquirido España en esta materia es muy difícil que superemos algún día la raquítica investigación que hace el sector privado.