La transición que venía ya ha llegado

El año 2021 nos traerá mucha lectura a quienes nos dedicamos a trabajar en el ámbito del derecho ambiental. Se prevé un impulso decidido, más legislación, planes, estrategias, proyectos y políticas basadas, eso dicen, en los principios de la sostenibilidad, la economía circular y la lucha o mitigación del cambio climático.

Los profesionales del derecho ambiental aplicado al caso concreto, al día a día, hace tiempo que observamos con distante cautela los diferentes anteproyectos y proyectos normativos de España, de la Unión Europea (UE) o de donde sea.

No es menos cierto, sin embargo, que para poder hacer bien nuestro trabajo, estar preparado,poder asesorar en la toma de decisiones acertadas y diseñar estrategias eficaces y factibles es necesario levantar la vista, aunque a veces con escepticismo,  escrutando por dónde van las tendencias.

Me ceñiré a dos temas: economía circular-residuos por un lado y cambio climático por otro, dejando para otra ocasión otros tan interesantes como son los del agua y el litoral, la energía, la movilidad sostenible, la nueva política agraria común (PAC) y, lo que es quizás más necesario desde una perspectiva jurídica, agilizar las tramitaciones, remover obstáculos administrativos, reducir cargas procedimentales, ganar en seguridad jurídica, etcétera.

Economía circular

El año 2021 es fundamental para empezar con la aplicación efectiva de esta forma de entender la economía, plasmando en instrumentos concretos lo que a veces parece más filosófico que otra cosa, cuando no es justo al revés, y se trata en ocasiones de perogrulladas de grueso calibre que dejan en nada hasta las verdades del barquero. La estrategia española de economía circular hasta el año 2030 ya está aprobada y empieza a dar frutos. Uno de ellos, el de revisar la legislación general sobre residuos.

Es previsible que este año se apruebe la nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados, cuyo anteproyecto de Ley ya conocimos en junio de 2020. Esta nueva legislación revisará alguno de los peores errores cometidos con la vigente Ley 22/ 2011, de Residuos y Suelos Contaminados, que arrasó con lo mejor de la Ley 10/ 1998 de Residuos, muestra de la eterna esquizofrenia medioambiental entre lo que se dice (vamos a impulsar y facilitar la economía circular), lo que se legisla (todo impedimentos) y lo que se hace (sálvese quien pueda).

Sustraer a las comunidades autónomas la posibilidad de declarar la pérdida de la condición de residuo o declarar que una materia prima secundaria sea un subproducto, que es un acto de gestión medioambiental de libro, es el mejor ejemplo. La nueva legislación parece que de alguna manera volverá a abrir esa puerta, devolviendo a las autonomías la posibilidad de hacerlo.

Esas dos categorías son esenciales y absolutamente necesarias para salir del circulo vicioso que convierte en residuo prácticamente todo aquello que no sea tu objeto principal de producción, aquello de lo que te quieras desprender (quizás a cambio de dinero). Absurdo pensamiento que emponzoñó y arruinó muchos y buenos proyectos y que, encima, se explica en la inadmisible desconfianza desde el Ministerio hacia las comunidades autónomas, presuponiendo que cada una va a declarar como subproducto lo que le diese la gana y que se descontrolaría el sistema. Pero la desconfianza subsiste soterrada en cada letra, cada punto y cada coma de los artículos 4 y 5, promoviendo un sistema absurdo e inoperante, de supuesto control, de supervisión, que sin los recursos técnicos y humanos suficientes en el Ministerio y en las Consejerías  de las comunidades autónomas, será otro rotundo fracaso. Otro palo en las ruedas de la circularidad.

Otra bombita será la tasa por depósito en vertedero… tasa que en sí misma ya es inquietante: otro tributo más… Un tributo que quizás sí venga a cuento para armonizar cargas fiscales pero que, mal diseñado, en vez de impulsar el desarrollo de la economía circular, disuadiendo del depósito final y fomentando cualquier forma de minimización, valorización y aprovechamiento del residuo, será es otro coste más para la saca de costes improductivos. ¿No sería mucho mejor promover  la circularidad de la economía favoreciendo mecanismos e incentivos de todo tipo en vez de recurrir, en una alarde de falta de ingenio y empatía, al penoso recurso de cobrar más tributos?

Solamente tendrá sentido medioambiental esta tasa  si, a la vez –o mejor, antes– se permiten y alientan la utilización y aprovechamiento controlado y sostenible –sin contaminar, claro– de muchas de esas sustancias y materiales. Las malas experiencias del pasado, el riesgo de que existan comportamientos ilícitos no puede servir de excusa para poner trabas e impedimentos administrativos tales que, al final, resulte que la única opción sea… el depósito final en vertedero, solo que pagando 40 euros o más por tonelada. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas.

En 2021 se revisará además la regulación sobre envases, plásticos, vehículos fuera de uso, baterías, etcétera.

Cambio climático

Mientras escribo estas líneas, los cambios en EE UU con la llegada de Biden y las declaraciones de China dan cierta verosimilitud a las expectativas generadas en París hace cinco años.

El Consejo Europeo de diciembre ha aprobado un objetivo vinculante para la UE de, al menos, una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Terminaremos el año 2021 con la Cumbre del Clima COP 26, que ojalá pueda volver a ser presencial, y los que puedan se irán a pelarse de frío a Glasgow. Ojalá. Ahora mismo se me antoja un planazo.

Según los organizadores de la COP 26, a finales de 2020 más de 1.100 empresas, más de los 40 mayores inversores y casi 500 ciudades y regiones ya se habían unido a la race to zero, la carrera en busca de las cero emisiones netas. Son casi el 53% del PIB mundial, 4,72 billones de dólares en ingresos anuales y afectan al 23% de las emisiones globales. Ya no es cosa de estresados climáticos, visionarios y pelmas catastrofistas. Los avances en el compromiso climático son una realidad. ¿Suficiente? ¿A tiempo? Ya se verá, pero lo que está claro es que como las meigas, te lo creerás o no, pero haberlos los hay.

Mientras llega noviembre de 2021 y escrutamos el panorama español, lo que tenemos sobre la mesa hoy mismo son, básicamente, dos proyectos nada desdeñables:

Desde mayo de 2020, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCyTE), alineado con el Acuerdo de París para la descarbonización de la economía y con el Pacto Verde Europeo que cumplió un año el pasado 11 de diciembre de 2020, incrementando notablemente la ambición climática.

Y desde junio el Proyecto de Ley que modifica la Ley 1/ 2005 que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarlo a la fase IV del ETS (EU Emissions Trade System).  Este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones y un 45% de las emisiones totales de todos los gases de efecto invernadero. El 10 de noviembre, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó esta iniciativa que se está tramitando por el procedimiento de urgencia y ya ha sido trasladada al Senado, donde continuará su curso.

Procede recordar que, para acelerar la disminución de las emisiones, a partir de 2021 el número global de derechos de emisión se reducirá a un ritmo anual del 2,2%, superior al actual 1,74%. También que la UE reforzará considerablemente la reserva de estabilidad del mercado, mecanismo creado para reducir el excedente de derechos de emisión en el mercado del carbono e incrementar la resiliencia del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE frente a futuras perturbaciones.

Veremos qué consecuencias concretas nos deparan estas iniciativas, cómo se aplican, cómo nos llegan a la trinchera de nuestro Marne cotidiano, pero la línea a seguir está trazada. No ser capaz de verlo, asumirlo y preparase para todo ello es una grave irresponsabilidad que raya con la negligencia.

Martín J. Silván