Las recetas de Ramón Tamames para evitar la pandemia económica

No quedan muchos protagonistas de los Pactos de la Moncloa, en 1978. Uno de ellos es el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Ramón Tamames, que ha optado por dirigirse a la comisión parlamentaria presidida por Patxi López, donde deberían consensuarse las medidas más adecuadas para sacar al país de la enorme crisis causada por la pandemia de coronavirus. Tamames ha enviado el documento que aquí se extracta, en la idea de aportar reflexiones y sugerencias a cada uno de los cuatro frentes en que se pretende actuar. El veterano economista es partidario de hacer un presupuesto extraordinario a cuatro años para poder encajar unos parámetros que son inabordables en un ejercicio. Él calcula que el paro puede llegar al 30% y la deuda pública incrementarse en veinte puntos.

1. SANIDAD

Está claro que sin una visión adecuada de los términos de salud pública y de su incidencia sobre la actividad económica y social será difícil contar con un repertorio completo de recursos para resolver los problemas. De ahí que quepa recomendar a las autoridades una investigación completa desde el punto de vista sanitario de lo sucedido desde el principio para explicar cómo y por qué España se sitúa en la parte más alta en el número de fallecidos por millón de habitantes, que actualmente es de 553 (26.000 sobre 47 millones), a pesar de las estimadas prestaciones que se le suponían al Sistema Nacional de Salud.

2. ECONOMÍA

Se ha calculado ya oficialmente que en el primer trimestre de 2020 el PIB se contrajo en un 5%, lo cual hace muy posible que la contracción a final de año sea de no menos del 15%, por la implicación de sectores importantes muy duramente afectados, como el turismo. Con una expectativa de recuperación que va a depender, en gran parte, de la política económica.

Entre las previsiones hechas hasta mayo por el Gobierno de la nación se ha calculado que los ingresos públicos (incluida la Seguridad Social) se reducirá́n en 25.700 millones de euros, un 5,4% sobre 2019 (cuando fueron de 471.000 millones de euros), a consecuencia de la falta de actividad de parte de la economía durante el confinamiento.

Por el contrario, hay una fuerte expansión del gasto público hasta en un 35% del PIB estimado de 2019. En otras palabras, el gasto se dispararía hasta unos 627.300 millones de euros, con un déficit de ingresos/pagos del 31,1%, una cifra expresiva del daño para la Hacienda Pública.

Estamos, pues, en una situación única en la historia económica de España, sin que tenga sentido compararla –como se ha hecho por algunos— con la Guerra Civil, que fue cosa muy distinta. Entonces, la caída del PIB se estimó en un 40% de la renta nacional de cada uno de los tres años. Con la gran lentitud de la recuperación ulterior, por una serie de circunstancias políticas, el PIB por individuo activo de 1935 no se recuperó hasta 1951. Es decir, hubo una depresión de dieciséis años.

La situación actual no es, ni mucho menos, tan trágica. Hay una caída bruta del PIB, pero estamos en un ciclo de tres/cuatro años, y la recuperación se supone que comenzará en los últimos meses del propio 2020. Con la posibilidad de que tengamos un crecimiento de la renta en 2021 sobre 2020 en torno al 6 o al 7%, lo que todavía no compensaría la caída de este año.

Por desajustes, rigideces y complicaciones varias no estaremos en condiciones de total recuperación hasta el 2022 o 2023.

De las medidas adoptadas hasta ahora deben subrayarse:

  Los créditos a empresas en general, y especialmente a pymes y autónomos, avalados por el ICO, con una posible cifra total prevista de 100.000 millones de euros. A este primer apoyo no se le está dando la necesaria flexibilidad ni se le están aplicando tipos de interés lo más bajos posible.

Tampoco se están gestionando con suficiente diligencia los ERTEs y aunque, con toda lógica, se hayan ampliado al 30 de junio, hay que prever el paro que puede originarse al finalizar, por incapacidad de las empresas para mantener sus nóminas anteriores a la crisis. Puede haber hasta 100.000 concursos de acreedores, según lo calculado por varios despachos de abogados y economistas.

A partir de una situación descrita con tanta rapidez, hemos de plantearnos el método a seguir para superar los efectos de la pandemia aplicando los recursos de que dispongamos.

Ya me he pronunciado sobre la necesidad de establecer un Escenario Macro desde 2019 al 2022, previendo las distintas variables de consumo, inversión, sector exterior, etc.

Para ello, habríamos de apartarnos ya de cualquier idea presupuestaria convencional para ir a un presupuesto extraordinario y deslizante de cuatro años (2020 a 2023), que habrá de formalizarse lo antes posible.

Con unos presupuestos extraordinarios, la Deuda Pública podría llegar al 115% del PIB, con un incremento de veinte puntos sobre el porcentaje de partida, equivalentes a 248.000 millones de euros, en una primera estimación, para los años 2020/2022.

La magnitud de esa cifra, casi un cuarto de billón, da mucho que pensar. Pero en ningún caso puede suponerse que tras la crisis todo puede resolverse con el amenazador hachazo fiscal sugerido desde la propia coalición PSOE/UP. Con el pretendido impuesto sobre el patrimonio, que llegaría al 3,5%, se fomentaría la salida de capitales y una falta de entusiasmo en las empresas.

3. ESTADO DE BIENESTAR

En una crisis como la que estamos atravesando, es preciso plantearse cuál es la función del Estado de Bienestar, con instituciones como pensiones para jubilados y otros colectivos de la población, prestaciones de paro, subsidios temporales a grupos de autónomos y la posible renta mínima vital (RMV) de la que podrían disponer un millón de familias en situación de clara penuria.

Además de todo eso, debemos hacer referencia a necesidades concretas e inmediatas, como son las cantidades que las comunidades autónomas –que tienen transferida la Sanidad— han gastado en atender la pandemia, para lo cual la Administración General del Estado dispone ya de 16.000 millones, aún sin criterios definitivos de distribución.

El problema del paro es el más enjundioso, y los recursos dispuestos para 3,2 millones de parados (18.000 millones de euros en 2019), habrá́n de verse incrementados de forma extraordinaria. No sólo por el millón de parados que ha añadido la primera acometida de la pandemia –que cabe atribuir en gran parte a empresas ya desaparecidas y a autónomos con cese de actividad– sino también a los que el 30 de junio, o después, dejen de estar protegidos por los expedientes de regulación temporal de empleo y no vuelvan al trabajo. Un número que han llegado a cifrar en más de un millón.

Las cifras de paro van a elevarse mucho, y en términos de EPA llegarán, por lo menos, al 30% de la población activa. Habrá́, pues, que prever amplios recursos para atenderlo, que ya los fondos convencionales, o de los que provea la UE, no serán suficientes para tan voluminoso ejército de parados.

Queda la cuestión de la renta mínima vital, que se ha estimado por el ministro de Seguridad Social en un millón de titulares y hasta cuatro millones de beneficiarios, con una media de 1.095 euros por mes y familia, porque a la base de los 416 euros de prestaciones en sentido estricto habrá que añadir las transferencias adicionales para otras personas de la familia.

Eso supondría una asignación de 3.000 millones al mes, si bien se supone que tal cifra iría en decrecimiento gradual hasta volver el desempleo a una situación digamos normal, en torno a los 3,2 millones de 2019.

Podrían exponerse no pocos argumentos sobre esa renta que ahora no cabe detallar, como el posible desincentivo que puede suponer para la vuelta al trabajo.

4. UNIÓN EUROPEA

En la reunión virtual a finales de abril, el Eurogrupo no llegó a un acuerdo definitivo de la posible contribución de la UE a los procesos de recuperación de la pandemia. Solamente se detalló algo el Programa SURE (esquema de ayudas al mantenimiento del empleo), a base de constituir un fondo con transferencias de los Estados miembros de 25.000 millones de euros. Sería la garantía (¿mutualizada?) para emitir bonos por valor de hasta 100.000 millones, aplicables a los países de la Unión con más problemática en términos de desempleo. En el caso de España, los recursos de esa procedencia podrían ser de no menos de 20.000 millones de euros, al haber sufrido mucho más que la media de los países de la UE en la pandemia.

Por otro lado, la Comisión ha venido estudiando las posibilidades de fondos del MEDE, llegando a la idea de que puede facilitarse a cada miembro del Eurogrupo hasta un 2% de su PIB, lo cual situaría la cifra esperable por España en 24.000 millones de euros.

En total, pues, de SURE y MEDE el país dispondría de unos 44.000 millones de euros. En el caso del MEDE se supone que los créditos serán a diez años y con tipos del 0,20%.

Naturalmente, la disponibilidad de esos recursos va a depender de lo que finalmente se acuerde dentro de la UE y de las solicitudes que presentemos. En ese sentido, no creo que los recursos MEDE tengan ningún estigma de rescate inevitable contra el prestigio de un país: no hay ni hombres de negro ni troika, como sí sucedió en la crisis 2008/2013.

Queda pendiente, pues, el acuerdo global del Eurogrupo que tal vez incluirá otras facilidades –se ha hablado de 1,5 billones de euros en total—, todavía imposibles de cuantificar. Por eso tiene tanta importancia el papel que desempeñe el Banco Central Europeo. Después de una serie de dudas y contradicciones de su presidenta, la Sra. Lagarde se ha situado en la misma actitud de su predecesor, Mario Draghi, de “hacer todo lo necesario para ayudar a la recuperación”, lo cual tiene mucha importancia para varias acciones:

• Facilitar liquidez a los bancos, con el conocido manguerazo, dando crédito con garantías que llegan incluso a los llamados bonos basura de las empresas.
• Comprar bonos corporativos de grandes compañías en el mercado secundario, tal como hizo la FED en EE UU en 23018, y Draghi en el BCE desde 2012. Una forma extraordinaria de financiar a las grandes empresas.
• Comprar deuda pública de los Estados del Eurogrupo, principalmente a bancos y fondos de inversión, en contra de lo que plantea el Tribunal Constitucional de Alemania, que estima improcedentes esas adquisiciones. Un viejo contencioso, resuelto hace tiempo por el Tribunal de Justicia de la UE.

Entre otras posibles fuentes de financiación, en ningún caso debe olvidarse el papel fundamental del sector exterior (export-import) de bienes y servicios que tan bien funcionó́ entre 2014 y 2019 para superar la crisis anterior.

Las consideraciones hechas en este escrito tienen un carácter evidentemente provisional, por la evolución que está experimentando todo el panorama económico español, europeo y mundial.

Por otro lado, el Estado, en un momento de crisis como el presente, tendría que hacer una declaración expresa de combinar sus propios esfuerzos con los del sector privado de la Economía, recordando que la cooperación público-privada es esencial para una rápida recuperación.

Por ello, cualquier idea de nacionalización de empresas para ayudarlas, aprovechar para remunicipalizaciones inadecuadas o convertir la Seguridad Social en una especie de asilo general para comprar votos debería ser descartada.

Si no se aprovechan todas las fuerzas de la economía y la sociedad, la crisis se prolongaría más tiempo del indispensable.

Ramón Tamames.
Madrid 12 de mayo de 2020