Santander no es Madrid

Por Alberto Ibáñez

La cumbre de presidentes autonómicos en Santander resultó decepcionante para los pocos que imaginaban grandes acuerdos, pero en esta ocasión no había que solidarizarse con los ucranianos ni con las víctimas de un volcán, como en el encuentro anterior, que sobre eso es fácil hacer declaraciones conjuntas. Había que abordar cosas tan concretas como la falta de viviendas para los jóvenes, el reparto de los inmigrantes entre las autonomías o la financiación autonómica. Y sobre eso, todo el mundo era consciente de que no habría acuerdos, sobre todo si el Gobierno no ha hecho un trabajo previo con las autonomías para alcanzar al menos un consenso de mínimos.

Sin embargo, nadie ha salido con la idea de que ha sido un absoluto fracaso. Incluso en las ruedas de prensa posteriores de los presidentes autonómicos más críticos con Pedro Sánchez se detectó un cierto deseo de rebajar el tono de enfrentamiento, con la excepción de la presidenta de la comunidad de Madrid y, en menor medida, de la presidenta cántabra, que apostó por un tono un poco más sobreactuado que de costumbre, a pesar de ser la anfitriona, quizá para ajustarse a lo que se esperaba de ella en la cúpula nacional del Partido Popular.

El promedio de los presidentes autonómicos del PP adoptó un tono bastante moderado, al igual que el presidente canario, el lehendakari vasco y el presidente castellanomanchego, que aún siendo del PSOE se contuvo más que de ordinario en sus discrepancias con Sánchez. La explicación de tanta moderación para los tiempos que corren es sencilla: Santander no es Madrid, y lo mismo ocurrirá con la próxima cita en Barcelona.

Madrid se ha convertido en un entorno tóxico para la política donde todo se distorsiona y desmesura. Es discutible atribuir a un territorio condiciones que son exclusivas de las personas, pero el ecosistema de políticos, de grandes empresas y de medios de comunicación de alcance nacional que se concentra en la capital del Estado hace que se proyecte sobre todo el país un clima que no se vive con la misma intensidad en otros lugares. Feijoo puede preguntar cada semana al presidente por asuntos de índole política con fuerte carga ideológica, pero los presidentes autonómicos necesitan resolver problemas más concretos. Esa es la diferencia. Y entre esos problemas concretos está el reparto de los inmigrantes menores de edad. Canarias está absolutamente desbordada; su presidente no puede esperar más y el PP, que cogobierna con él, tampoco debería poder. Quizá esa es la razón de que propusiese, con la ayuda del lehendakari vasco (un ejemplo que otros podrían seguir) una propuesta de reparto entre todas las autonomías, basándose en factores como su dimensión, PIB o los inmigrantes menores que ya tienen).

Este no es un asunto ideológico, es un asunto de mera urgencia y solidaridad interregional, y debe separarse de la parte del problema que sí está en el terreno de lo ideológico: cuántos más inmigrantes puede o debe admitir España y cómo actuar para evitar que lleguen en tropel.

Llevarlo todo al terreno ideológico para mantener el debate político puede ser cómodo para la comunidad de Madrid, que como todas las grandes capitales del mundo, reciben los enormes flujos de dinero que se mueven en el mercado internacional en busca de nuevos destinos. Tampoco tiene costa, y por tanto, no está agobiada por los problemas que genera esa inmigración irregular procedente de África. Pero llevarlo todo al terreno ideológico no es tan fácil gobernando en Canarias o en Cantabria.

Hay demasiados asuntos vitales sobre la mesa y para la mayoría de las comunidades es imprescindible alcanzar pactos, y el dilema no es ayudar o combatir a Sánchez, por mucho que lo plantee así la prensa de Madrid, es buscar una solución a problemas que están afectando muy gravemente el funcionamiento de varias autonomías. La mayor parte de los presidentes reunidos en Santander, incluidos los del PP, parecen cansados de una forma de entender la política que les deja fuera de toda decisión.

Las cúpulas de los partidos se han convertido en autocracias (se llamen PSOE, PP o Vox) donde poco importa lo que opinen los supuestos ‘barones’ territoriales, y ni el gallego Rueda ni el andaluz Moreno Bonilla ni la navarra Chivite ni el catalán Illa están dispuestos al papel absolutamente subsidario de Madrid que se les da en sus formaciones y, sobre todo, en la prensa nacional, que solo reconoce a Ayuso el derecho a tener su propia voz.

Por eso, cuando dentro de unas semanas haya que negociar la quita de la deuda autonómica vamos a comprobar si efectivamente van a seguir disciplinadamente lo que les digan desde Ferraz o Génova. Quizá haya más de una sorpresa, y son muchos los que no lo están viendo venir.

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