Santander, sin plan ni indemnización
El Ayuntamiento de Santander acaba de perder el juicio en el que reclamaba los más de tres millones de euros que le costó el Plan de Urbanismo tumbado por los tribunales hace casi una década sin que desde entonces haya hecho nada que se sepa para elaborar otro. No tener plan le debe parecer un buen plan, aunque se haya agotado el suelo disponible para construir (lo poco que hay está acaparado por un par de empresas y la SAREB) y eso esté limitando angustiosamente el crecimiento de la ciudad.
En todo este tiempo, el Ayuntamiento apenas ha movido un papel para llegar a tener un nuevo PGOU pero sí para reclamar al Estado el gasto realizado en el anterior, frustrado nada más nacer, argumentando que la anulación fue producto de una circunstancia externa sobre la que no tenía control, la anulación del bitrasvase del Ebro, que dejaba a la ciudad sin garantías de suministro de agua para los muchos miles de habitantes que preveía en el plan fallido, una estimación inverosímil utilizada para poder colonizar urbanísticamente todo el espacio que queda libre en el municipio y que obviamente no se está cumpliendo.
El bitrasvase al final se hizo, y eso pone de manifiesto que el sistema supergarantista exigido para la elaboración de los planes de urbanismo ha sido un desastre clamoroso, porque un plan puede ser anulado en su totalidad por una circunstancia pasajera o cuya importancia es muy discutible, en lugar de dejar la aprobación condicionada a que esa circunstancia se soslaye o resuelva. Pero el Ayuntamiento no puede justificar en esta complejidad su completa inacción posterior o plantear esta demanda para ser indemnizado. ¿Deberíamos pedirlo también todos los habitantes perjudicados por el retraso en tener un mejor urbanismo, los que necesitan una casa que no encuentran, los que pretendían vender o comprar un solar, los que se lanzaron a iniciar proyectos en base a un plan que desapareció para siempre…?
La Audiencia Nacional no tenía como misión valorar esta falta de respuesta del Ayuntamiento pero sí se ha pronunciado sobre otros aspectos que a buen seguro tampoco han dejado un buen sabor de boca a los munícipes. Perder era una posibilidad, y los jueces sentencian que el Estado no fue responsable de lo que ocurrió –fue una decisión judicial– y, por tanto, no se le puede hacer cargar con los gastos, pero le recuerdan al Ayuntamiento de Santander que su reclamación se presentó fuera de plazo, que el bitrasvase ya estaba anulado cuando se aprobó el PGOU y que haberse gastado esos más de tres millones de euros que reclama en encargar a técnicos externos la redacción del Plan General fue una decisión suya, cuando para eso tiene sus propios funcionarios.
El Ayuntamiento ha puesto más interés en reclamar los gastos del plan fallido al Estado que en empezar uno nuevo, del que poco se sabe casi una década después
Hay que recordar que hasta las respuestas a las alegaciones de los vecinos fueron subcontratadas a una empresa privada, cuando en esos años –los peores de la gran crisis financiera e inmobiliaria– no se tramitaba en el Ayuntamiento ni una licencia de construcción ni una apertura de un negocio porque todo estaba absolutamente parado. Ni siquiera en esas circunstancias de tan baja actividad en materias de urbanismo y planificación con respecto a los años anteriores de euforia inmobiliaria, a la Alcaldía de Santander le pareció adecuado que el Plan General –donde se define la ciudad que se quiere– fuese elaborado entre los responsables políticos y los técnicos municipales, quizá por falta de confianza en unos y otros, o porque externalizarlo todo ha sido la forma habitual de trabajar en la casona santanderina. Un síntoma de una ciudad en la que hasta las ideas –las pocas que se ponen sobre la mesa– se contratan fuera y en la que todo se eterniza. Un ejemplo es el contrato de limpieza, que por fin va a salir a licitación, tres años después de que se le quitase la concesión a Ascan, adjudicatario histórico, para hacerle una contratación de emergencia a la empresa Prezero, con la que poco o nada han mejorado las cosas.
Pero si alguien piensa que, por fin, el camino está despejado para que el servicio de limpieza se ejecute con normalidad, se equivoca. Volveremos a asistir a una ceremonia de recursos y los jueces se sentirán obligados a paralizar el proceso para respetar la legalidad, sin que importe mucho el que ya estemos en una situación totalmente anómala, con un contrato de emergencia adjudicado a dedo que debía de haber sido un mero puente efímero hasta convocar de nuevo la concesión y que va a acabar durando casi tanto tiempo como debiera durar un contrato ordinario. Paradojas de la Justicia y de Santander, donde la normalidad está construida sobre una multitud de cosas que no serían normales en ningún sitio.
