Soluciones que no lo son
Llegar a viejo es poco saludable para las arcas del Estado. No obstante, hay quien cree que esta enfermedad tiene remedio, y está convencido de que el enorme desequilibrio de las pensiones se resuelve con un par de capotazos fiscales. Se le mete un impuesto a la banca, otro a las Amazon y Google de turno y un tercero a los ricos y resuelto el problema. A esa salsa justiciera, como a todas, se le echa un perejil que siempre viene bien, un endurecimiento de las inspecciones fiscales. Un par de semestres de horno y ya está el guiso cuadrado.
Desafortunadamente, la realidad es bastante más incordiante. Ni el desequilibrio de las pensiones se arregla por tener unos cuantos contratados más ni tampoco echando mano de los Presupuestos del Estado, que debiera ser la solución última, porque en el momento en que se entre por esa puerta lo devorará casi todo.
Las colosales dimensiones de gasto de las pensiones convierten en apaños de poca monta todas las soluciones que ahora se están ofreciendo, por lo general, desde las formaciones de izquierdas, que son las más dadas a recurrir a la fiscalidad para resolver todos los males. La primera de ellas es el impuesto a la banca, una vaca que algunos siempre ven propicia a dar más leche. Seguramente que es el impuesto más fácil de establecer y el de rentabilidad más segura, pero ya se han hecho los cálculos y, si se aplica el mismo modelo que tiene Gran Bretaña, que grava los depósitos, se recaudarán 2.000 millones de euros. No está nada mal, pero solo da para pagar un cuarto de la nómina mensual de los pensionistas.
Los defensores de estas soluciones dirán que se pueden establecer otros impuestos complementarios y, efectivamente, se puede. Por ejemplo, la Tasa Google, a las grandes tecnológicas que se las apañan para no pagar impuestos en casi ningún país. Aquí todos estaremos de acuerdo de que hay que meterlas en cintura, pero el resultado vuelve a ser escaso: 600 millones de euros según las cuentas que se han echado hasta ahora.
Los impuestos a la banca, a las tecnológicas y a las fortunas pueden llegar a recaudar unos 4.000 millones. Migajas para abordar el gigantesco déficit de las pensiones, que fue de 18.800 millones el año pasado
La suma sigue sin salir, pero como en el Boletín Oficial no hay límite de páginas, nada impide añadir otros nuevos impuestos, como el de las grandes fortunas. No hay unas cuentas fiables, pero se puede convenir que no va a llegar al importe de los anteriores, porque estamos hablando de unos pocos miles de contribuyentes que, por mucho que tengan, no van a resolver el problema de las pensiones ni de lejos.
Queda, por fin, el recurso universal de la sabiduría popular: la mejora de las inspecciones que, por lo reiteradamente que se mencionan parecen el bálsamo de fierabrás. Pero uno, que ya ha conocido muchos ministros y muchos gobiernos de todo tipo que iban a luchar contra la economía sumergida, empieza a sospechar que eso no tiene tanto recorrido como se le supone. Como ya hemos visto a personajes muy populares del país en la cárcel por este motivo, hay que deducir que, si había bula, ya no hay tanta. Ni siquiera para un exministro de Hacienda, como Rato, que va a ser juzgado por defraudador.
Y si en estas condiciones, que debieran generar una cierta sensación de temor, la recaudación de la lucha contra el fraude va a la baja desde que comenzó la crisis, es que el margen de mejora es pequeño. Los 15.000 millones de euros que consiguen al año las inspecciones se han convertido en un techo de cristal difícil de superar y hay que tener en cuenta que de lo que hablamos no es de disponer de este dinero (que ya se está recaudando) sino del incremento que pudiera conseguirse sobre esta cifra. Con mucha suerte podríamos hablar de 1.000 millones.
Si el Gobierno aplica uno a uno estos nuevos impuestos y tiene mucho más rédito en la lucha contra el fraude fiscal que todos sus antecesores, pueden llegar a recaudar 3.000 o 4.000 millones de euros. Quizás 5.000. Pero el problema es que las pensiones consumieron el pasado año 117.800 millones de euros, con un déficit de 18.800. Es decir que pretendemos tapar una enorme vía de agua con migas de pan. De tratarse de un déficit coyuntural, al menos podíamos confiar en resolver el problema a medio plazo con los excedentes de los próximos años, pero ya llevamos un déficit acumulado de 80.000 millones (que en buena parte se han pagado con los casi 71.000 millones que dejó Zapatero en la caja de la Seguridad Social) y la brecha cada año crece más, en lugar de ir reduciéndose con la recuperación económica, porque se están jubilando las generaciones con cotizaciones más altas y los jóvenes que entran en el mercado –y debieran pagar esas pensiones– tienen unos salarios ínfimos. Basta un dato para comprender la que se nos avecina: aunque por fin está creciendo la recaudación de la Seguridad Social a un ritmo del 5%, el gasto en pensiones desde que se inició la crisis ha aumentado en nada menos que un 41%. A la vista del boquete, los impuestos que estamos barajando como solución son poco más que tiritas tratando de parar una hemorragia.
