Vuelta a casa
En un país donde los gobiernos tradicionalmente han sido monocolores, los problemas internos solían reducirse al choque de egos entre los ministros o los consejeros. Siempre hubo quien le comía terreno a su compañero y siempre se debatió sobre si la distribución de competencias entre departamentos era la adecuada, por el hecho de que algunas áreas, como el turismo o la cultura, no tenían entidad suficiente para formar por sí mismo una consejería o por la falta de acuerdo entre quienes creen que educación y universidades deben ir juntas y quienes opinan que las competencias universitarias han de estar allí donde estén las de innovación. Ha habido experiencias de todo tipo y sigue sin haber evidencias suficientes como para saber, con certeza, donde colocar estas materias. En cualquier caso, es un problema menor en comparación con el que se ha producido en la última legislatura al separar la industria de la promoción industrial.
Los gobiernos de coalición se enfrentan a unas negociaciones muy complejas en las que los partidos en liza tratan de obtener el mayor número de ministerios o consejerías y que cada uno de ellos tenga tantos contenidos como sea posible. Es un juego lícito y comprensible, porque se da en cualquier aspecto de la vida que deba ser negociado. Otra cosa es el que el resultado sea un disparate, y separar las competencias industriales en dos consejerías del Gobierno cántabro lo ha sido. Sodercan no pintaba nada junto a los Asuntos Sociales, Universidades y Medio Ambiente, materias que por sí mismas también deberían haber estado separadas y que no lo han estado por otro problema preocupante, los melindres de los políticos ante la opinión pública. Se dio por hecho que una ciudadanía que estaba sufriendo los rigores de la crisis encajaría mejor un Gobierno con solo ocho consejerías y los medios de comunicación, que solemos actuar con absoluta simpleza, transmitiríamos la idea de un Gobierno austero, sin pararnos a pensar que pagar la nómina de un consejero más resulta irrelevante en un ente que tiene 22.500 empleados, como es el caso del Gobierno de Cantabria, ya que a los funcionarios hay que pagarlos igual, se encuadren en la consejería que se encuadren.
Recortar departamentos no debe ser un fin en sí mismo cuando obliga a amontonar competencias sin ningún sentido, como tampoco tiene sentido que el presidente o los consejeros no tengan un auténtico gabinete asesor, por el mero hecho de que sería muy mal visto por la opinión pública. La misma razón que llevó a la alcaldesa de Santander, que está al frente de una plantilla de 1.200 trabajadores, a no nombrar hasta ahora un jefe de gabinete para llevarle la agenda, escribir los discursos o coordinar la acción política de las concejalías. Temía que la calle se mostrase hostil, porque el foco está puesto en los cargos políticos, mientras que casi nadie pone objeciones a que se amplíe el número de funcionarios, aunque no se sepa muy bien para qué.
Las empresas ordenan sus recursos pensando en el objetivo que buscan. En la Administración la lógica es muy distinta, porque la plantilla es inamovible, sin importar el fin que se pretenda. En algunos casos puede quedarse muy corta y en otros resultar muy holgada, siempre en perjuicio del servicio que ha de prestar al ciudadano.
Ahora que Sodercan vuelve a Industria solo queda por establecer gestores que representen a todas las administraciones a la vez
En esta legislatura se han ampliado los cargos de libre designación, con bastante menos ruido político de lo que cabía esperar y la razón no está, tampoco, en la búsqueda de la eficacia, sino en el hecho de que todos los partidos han entrado en el reparto, por una vía o por otra, lo que deja en evidencia que todas las polémicas anteriores eran pura demagogia.
En algunos casos la reordenación de competencias ha servido para imponer un poco de racionalidad. Si alguien cree que es necesaria una sociedad de desarrollo regional, como brazo ejecutor de las políticas de industria es evidente que deberá estar en la Consejería de Industria. De lo contrario, volveremos a ver duplicidades insólitas, como ha habido en la última legislatura, con Sodercan, el Instituto Cántabro de Finanzas e incluso el CISE haciendo promoción empresarial.
El Gobierno de Ignacio Diego vació Sodercan erróneamente, lo que hizo aún más notorio el fracaso de su única actuación relevante, la de Ecomasa (Nestor Martin), y dejó la empresa diezmada. En lugar de restablecer la estructura lógica, sus sucesores la hicieron aún más incomprensible, y aunque la empresa pública se ha defendido dignamente en este cuatrienio, ha estado en tierra de nadie, un papel muy desairado, que solo provocaba suspicacias y la inevitable aparición de políticas duplicadas. La pasada primavera, la directora de Sodercan presidió en Sevilla la Asociación Española de Empresas de Desarrollo Regional y mientras todas las demás comunidades presentaban el balance de ejecución de sus respectivos objetivos estratégicos, ella tenía que permanecer al margen porque en Cantabria esas competencias estaban en otra consejería.
Ahora que vuelve la racionalidad en las competencias industriales (en otras se ha creado otro batiburrillo incomprensible, como el de Vicepresidencia) solo queda evitar que quien desee hacer una inversión en Cantabria siga viéndose obligado a ir de puerta en puerta por las distintas administraciones públicas y explicando su caso en cada una de ellas, porque ni siquiera los organismos del mismo Gobierno comparten la información. Una mejora sustancial que solo requiere copiar el modelo de gestores que han implantado los vascos.
