Vuelta Ostrera: Cómo llegar al disparate desde la razón

El hotel almeriense del Algarrobico lleva más de una década con sentencia de derribo y allí sigue. También se mantiene la urbanización de lujo condenada por la justicia que ha creado un polo de riqueza en mitad de un pantano extremeño, y todos los edificios ilegales que Gil permitió construir en Marbella. En cambio, nosotros llevamos derribados dos edificios en la Playa de la Arena, un chiringuito, un hotel en Castro Urdiales y la urbanización del Alto del Cuco. Todavía quedan muchas más urbanizaciones con sentencia de derribo, de las que no sabemos qué pasará, y ahora esperamos que la guillotina caiga sobre la EDAR de Vuelta Ostrera, en otro despropósito que demuestra cuán alejadas pueden estar la justicia y el sentido común.

Los cántabros asistimos con desaliento a los sucesivos pasos judiciales que cada día hacen más difícil evitar el derribo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera, el más eficaz de los instrumentos que se han creado para mejorar la calidad ambiental en toda la Cuenca del Besaya. Una estación que marcó un antes y un después en el saneamiento de la Ría de San Martín, una de las más contaminadas de Europa hasta su entrada en funcionamiento. El recurso de ARCA contra la ubicación en una marisma protegida ha deparado sucesivas resoluciones judiciales exigiendo su cierre y derribo que cada vez dejan menos margen de maniobra y las autoridades públicas parecen haber dado por perdida la batalla.

La única salida a este estrambote es que Gobierno y Arca pacten dedicar esos 71 millones a otras actuaciones ambientales

Vivimos en un estado democrático y las sentencias están para cumplirse, pero en el propio ordenamiento legal se contempla la posibilidad de que una resolución judicial no se corresponda con la opción más favorable para la sociedad o no sea justa con el condenado, y otorga a los jueces la posibilidad de proponer al Gobierno el indulto.

Nadie puede discutir la enorme utilidad que ha demostrado tener la EDAR de Vuelta Ostrera, incluso sin haberse construido el emisario submarino que debía enviar las aguas depuradas mar adentro, y pocos pueden justificar que se producirá una mejora significativa del medio ambiente de Cantabria si la depuradora se derriba y se reconstruye a unos cientos de metros, como ha decidido el Ministerio de Medio Ambiente.

La ubicación de una instalación ambiental, ya sea un vertedero o una depuradora, nunca es fácil, porque la población del entorno siempre se quejará de humos, olores, movimiento de cargas o, simplemente, de que sus propiedades pierden valor. Suponer que se puede encontrar otra ubicación para la EDAR sin generar un conflicto social con quienes resulten afectados es ilusorio. Lo habrá, se creará un serio problema que ahora no existe, porque el lugar donde está emplazada está perfectamente consolidado en la opinión pública y es uno de los que menos afecciones originan. El cumplimiento de la sentencia creará un problema que ahora no existe. Y es cuestionable que las alternativas supongan una mejora para el medio ambiente, puesto que el emplazamiento que se propone está a solo unos cientos de metros de distancia del actual y con mucha mayor influencia de los vientos dominantes, que llevarán los olores a Hinojedo y Cudón (ambos lados de la Ría), mientras que el actual, protegido por la falda de la Masera de Cortiguera, evita ese problema.

No se resuelve ningún problema ambiental, se crea un conflicto social y se obliga al país a realizar un gasto tan desmesurado como inútil para trasladar la estación. La EDAR costó 24 millones de euros, que se perderán, y la nueva depuradora costará 71 millones, sin incluir el derribo de la actual o el emisario submarino. En ningún caso sería justificable emplear esos 71 millones de euros en tirar lo que ahora existe y funciona para volver a hacerlo igual, pero mucho menos en estas circunstancias.

Derribar la depuradora es un despilfarro inútil e inmoral. Por ese motivo, las partes en conflicto, la asociación ecologista ARCA y el Gobierno de Cantabria han de sentarse a negociar y proponer al Tribunal Superior de Justicia que la inversión de esos 71 millones en otros proyectos ambientales relevantes dentro de la comunidad autónoma de Cantabria se entienda como cumplimiento de la sentencia y se mantenga la EDAR de Vuelta Ostrera donde está. De esta forma, darán lugar a una mejora sustancial del medio ambiente de Cantabria, en lugar de resultar totalmente improductivos, porque van destinados a cubrir una necesidad ya cubierta.

Conseguir que ese dinero se destine a proyectos ilusionantes que no se podrían acometer de ninguna otra forma  no solo reconciliaría a la sociedad con sus representantes sino que demostraría que Cantabria cuenta con gente capaz de convertir un problema en una oportunidad y propiciaría escenarios ilusionantes si se aprovechan bien. A su vez, Arca demostraría que es capaz de administrar una victoria judicial con altura de miras, después de demostrar que fue capaz de humillar a varios gobiernos, los que decidieron el emplazamiento, hace dos décadas, los que luego sufrieron las sentencias mientras gobernaban y los que tendrán que poner el dinero para pagar el derribo y la reconstrucción, que no es su dinero, sino el nuestro.

Como no tiene ningún sentido que los ciudadanos seamos los resarcidos por la sentencia y a la vez, los condenados a pagar las consecuencias, ha de imponerse la razón. Y solo hay una vía para restablecerla, un acuerdo entre las dos partes que sea aceptado por el Tribunal, en atención al bien común.