Cantabria da luz verde al proyecto de Ley de Control Ambiental y creará una unidad de inspección
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Control Ambiental de Cantabria, que contará con una unidad específica de inspección y, en caso de irregularidades, se podrá cerrar la actividad o incautar los proyectos, además de formular multas de hasta 500.000 euros e inhabilitaciones de hasta dos años.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media, que ha explicado que en la actualidad la Consejería ya cuenta con cuatro inspectores que ejercen dichas labores, si bien se pretende crear una unidad específica para «que se dediquen exclusivamente a comprobar que todos los documentos que se aportan están bien».
Según ha informado, el texto, que será ahora remitido al Parlamento para continuar con su tramitación, ha recibido solo siete alegaciones en su trámite de información pública, habiéndose incorporado al mismo «la gran mayoría» de ellas «por su tono constructivo y su clara finalidad para mejorarlo».
Media ha apuntado que su departamento ha aprovechado el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo que dejó redactado un anteproyecto «que ha sido la base para este texto definitivo», y con el que se ha avanzado posteriormente, de la mano de empresarios y sociedad civil, en la simplificación administrativa.
En este punto, ha recordado que este proyecto cuenta con el aval social y empresarial del Consejo Asesor del Cambio Climático, organismo en el que se encuentran representadas más de 70 entidades del tejido económico, empresarial, social, académico y ciudadano.
El consejero ha explicado que la futura ley tiene una «clara vocación» de simplificación administrativa para reducir la burocracia, evitar duplicidades y no solicitar al ciudadano trámites innecesarios que ya recoge la normativa estatal en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental, de cara a la puesta en marcha de cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño.
Asimismo, ha asegurado que esta ley, que reemplazará a la «obsoleta» de 2006, «ayudará a impulsar el desarrollo industrial y económico de Cantabria, manteniendo todas las garantías de protección del medioambiente, así como de salud y seguridad de las personas».
REDUCCIÓN DE PLAZOS «MUY IMPORTANTES»
El consejero ha señalado que esta norma cuenta con dos novedades importantes, que supondrán un cambio de modelo y «un giro de 180 grados» en la actual tramitación de autorizaciones medioambientales, y, con ello, la reducción de plazos «muy importantes».
Para ello, se establece un nuevo anexo en la ley que separa, «de forma muy clara», qué proyectos van a necesitar solo de una declaración responsable y cuáles necesitarán autorización de comprobación ambiental.
En este punto, a preguntas de la prensa sobre proyectos de parques eólicos o biogás, Media ha indicado que el control va ser «exhaustivo siempre» y en lo que se van a reducir plazos es en aquello que es «superfluo».
Ha detallado que con la futura ley aquellos asuntos de «escasa relevancia ambiental» no requerirán del informe de comprobación ambiental que actualmente emite la Comisión de Control Ambiental, sino que será suficiente con una declaración ambiental responsable presentada por el interesado y el técnico competente indicando que cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa.
Con esta medida «se evitarán meses de espera» para la puesta en marcha de la actividad solicitada y, al mismo tiempo, se mantendrán todas las garantías medioambientales ya que, posteriormente, la Administración comprobará que toda la documentación «esté en regla», ha indicado.
Así, en los casos de que exista alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable, con multas de hasta 500.000 euros e inhabilitación de hasta dos años.
Por otro lado, el consejero ha explicado que, para proyectos «con alguna relevancia medioambiental», se sustituirá a la Comisión de Comprobación Ambiental por una autorización que emitirá directamente la Dirección General de Medio Ambiente.
Con este procedimiento, «más ágil y sencillo», será la Dirección General de Medio Ambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Además, esta autorización tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá preceder a cualquier actuación en materia urbanística.
Con esta nueva ley, la Comunidad será la encargada de otorgar y vigilar las autorizaciones ambientales integradas (AAI), las evaluaciones ambientales y la emisión de la autorización de comprobación ambiental, suprimiendo cargas administrativas a los ayuntamientos, aunque manteniendo en las entidades locales sus competencias para vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.
MEDIDAS PROVISIONALES
El consejero ha asegurado que la Dirección General de Medio Ambiente pondrá «especial énfasis» en las actividades de inspección a través del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.
En este sentido, este futuro Plan prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en casos de incumplimientos flagrantes de la normativa, incrementándose las cuantías de las sanciones más graves.
En concreto, las multas puedan oscilar entre los 200 euros en el caso de multas leves, hasta los 500.000 euros en el caso de muy graves, o superar los 2 millones de euros, como contempla la legislación básica estatal en esta materia.
Además, el nuevo texto recoge también que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la administración ante un riesgo grave.
