Cantabria es la segunda región con mayor proporción de habitantes sin oficina bancaria

Cantabria es las segunda comunidad autónoma con mayor proporción de habitantes sin oficina bancaria, un 12,3%, solo superada por Castilla y León, con un 18,1%, según las conclusiones de estudio ‘La inclusión financiera en las áreas rurales de España ante el reto demográfico’, publicado por el Instituto de Estudios Económicos y por el profesor y catedrático de la UNED, Luis Alfonso Camarero Rioja.

Estos datos, consultados por Europa Press, revelan asimismo que Cantabria ha perdido más de la mitad de las oficinas bancarias en un periodo de ocho años, desde 2015 a 2023, al pasar de 424 a 210 (-50,5%).

Además, el 9,1% de los habitantes de Cantabria no tiene oficina bancaria ni cajero, nuevamente la proporción más alta tras Castilla y León (16,2%); y un 4,4% de la población regional está sin oficina, ni cajero ni agente, en este caso el cuarto mayor porcentaje.

Asimismo, un 4,4% de la población cántabra no tiene oficina, ni cajero, ni agente, ni oficina móvil –la proporción más alta después de Castilla y León (10,1%) y Navarra (5,2%)–; el 4,1%, además de las citadas carencias, tampoco tiene oficina de Correos –9,1% en Castilla y León y 5,2% en Navarra–; y si se suma el cash-back, es un 2,4% la población de la comunidad sin ninguno de estos servicios.

Finalmente, el 0,7% de los residentes en Cantabria no tiene oficina bancaria, cajero, agente, oficina móvil, oficina de Correos, cash-back ni cajeros gestionados por terceros.

En España, el número de municipios sin acceso a servicios financieros presenciales se redujo un 38,4%, pasando de 4.401 a 2.713 localidades, lo que permitió disminuir la población excluida de estos servicios en un 71,5%.

El informe señala que la prestación de servicios bancarios en áreas rurales en España se caracteriza por una «mayor proximidad», manteniendo una presencia «destacada» en muchas de estas poblaciones en términos comparativos con otros países y otro tipo de servicios públicos y privados.

En este sentido, resalta que España se posiciona como el tercer país con mayor número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, alcanzando un valor de 3,7 respecto a la densidad de población, lo que coloca al país por encima de la media europea (2,9). Este indicador refleja una mayor presencia de sucursales bancarias en comparación con otros países del continente.

Además, afirma que el acceso a los servicios financieros en las áreas rurales de España tiene una distribución «más equitativa» en comparación con otros servicios públicos esenciales. Según el informe, solo el 0,8% de la población de municipios con menos de 10.000 habitantes carece de un punto de extracción de efectivo como una sucursal, cajero, estafeta o farmacia, lo que es «tan solo ligeramente superior» a la provisión de servicios de atención primaria de salud (0,2%) y «significativamente» menor que la carencia de servicios de atención especializada (45%) o educación básica (2%).

Pone de relieve las «diversas iniciativas» que ha adoptado el sector privado mediante colaboraciones público-privadas y políticas gubernamentales, alineándose «con las mejores prácticas internacionales para combatir la exclusión financiera».

En particular, destaca el compromiso con la implementación de estrategias como redes de cajeros automáticos compartidos hasta subvenciones públicas y oficinas móviles, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios financieros en todas las regiones. También iniciativas de «éxito» como los puntos de ‘cash-back’, el uso de oficinas móviles (‘ofibuses’) y de agentes financieros.

«Estos servicios han proporcionado soluciones bancarias esenciales en comunidades pequeñas, especialmente en municipios con menos de 500», agrega el informe, que también destaca la colaboración con Correos, que suma cerca de 4.600 puntos en áreas rurales que facilitan la retirada de efectivo y el acceso a servicios financieros básicos a más de 300.000 personas.

A pesar de los avances, el informe también resalta la necesidad de continuar abordando la brecha digital que afecta a las zonas rurales. Al respecto, explica que la cobertura de Internet de alta velocidad presenta una «disparidad considerable» entre las áreas urbanas y rurales. Así, explica que mientras que en las grandes ciudades más del 85% de la población tiene acceso a Internet de alta velocidad, en los municipios más pequeños y dispersos este porcentaje no supera el 50%.

«Esta brecha en conectividad sigue siendo un desafío para el desarrollo de servicios bancarios electrónicos y otros servicios digitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la mejora de infraestructuras tecnológicas en estas regiones», puntualiza.