Concluye el juicio y queda visto para sentencia el caso de los ‘sobresueldos de Castro’
El juicio por los ‘sobresueldos’ en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, por supuestas irregularidades entre 1991 y 2011 en la contratación de personal funcionario y laboral y el pago de retribuciones indebidas, ha concluido este miércoles con los informes finales de las abogados defensores que quedaban pendiente de este trámite, y con el derecho a la última palabra, que han ejercido algunos de los acusados.
Están procesados los alcaldes en ese periodo, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza (que se enfrentan a ocho años de prisión que pide para ellos el fiscal), nueve concejales de entonces y un empleado público, ya jubilado, para los que solicita cuatro años de encarcelamiento, además de penas de inhabilitación que oscilan entre los 18 y 19, por un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro igualmente continuado de malversación de caudales públicos que imputa a todos ellos.
En la última jornada de la vista oral, celebrada desde mediados de noviembre en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, en Santander, los letrados de los procesados que quedaban por intervenir lo han hecho para reclamar también la libre absolución de sus patrocinados, insistir en las nulidades que, entienden, afecta a este procedimiento y defender, ante una eventual condena, que se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas pero como muy cualificada, lo que supondría rebajar en dos grados la pena.
Justo antes de terminar el plenario, algunos de los enjuciados han ejercido su derecho a la última palabra, como Díaz Helguera (que no declaró ante la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, como sí hizo Muguruza, aunque solo para responder a preguntas de su abogado), o los exediles Concepción Carranza e Iván González, que fue alcalde, pero desde 2011.
Han tomado la palabra para esgrimir que todo lo que hicieron en las etapas en las que tuvieron representación en el Consistorio era legal y que se llevó a cabo en base a informes técnicos, según han trasladado a Europa Press fuentes personadas y presentes en la sala, que han apuntado además que los implicados han expuesto al tribunal las consecuencias que desde el punto de vista personal o familiar ha tenido para ellos este proceso, por hechos ocurridos en una localidad como Castro Urdiales, donde viven y que es «un pueblo» en el que se conocen todos, y porque se enjuician más de tres décadas después de iniciarse las primeras actividades presuntamente ilícitas.
Se han sentado en el banquillo junto a los exediles Agapito Pastor, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, José Miguel Rodríguez ‘KyK’, Elisa Dopico, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández y el exfuncionario Gregorio Alcedo, los primeros por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando reparos del interventor municipal que advertían de pagos ilegales y el último, por el cobro de un complemento personal transitorio.
Tras la práctica de la prueba, el representante del ministerio público modificó sus conclusiones iniciales para suprimir el delito continuado de prevaricación que atribuía a los dos alcaldes y considerar lo sucedido un ilícito continuado de prevaricación en concurso con otro igualmente continuado de malversación, que sigue achacando a los dos principales procesados -en concepto de autores- y al resto de enjuiciados -como cooperadores necesarios y, por tanto, autores-.
Y al elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal entendió que concurre la atenuante de dilaciones indebidas, aunque simple y no muy cualificada como consideran en cambio las defensas. Tanto las que intervinieron el martes como las que lo han hecho este miércoles han asegurado que los encausados no han cometido delito alguno y menos a sabiendas, de ahí que reclamen la libre absolución de todos.
También consideran que los hechos denunciados no han quedado acreditados, de modo que no se realizaron contrataciones ilegales ni pagos punibles desde el punto de vista penal, sino que las decisiones que se tomaron y las resoluciones que se dictaron fueron conforme a la ley. Y, en todo caso, entienden que habrían prescrito (motivo por el que en el arranque del plenario fue absuelto el exsecretario municipal, César Saiz Alonso, que estaba imputado por un único hecho: intervenir en la contratación de su hija en el Consistorio, obviando su obligación legal de abstenerse).
Además, las defensas han criticado la actuación del entonces interventor, Fernando Urruticoechea, la investigación en sí -instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, que era titular del Juzgado 2 de Castro Urdiales- o el escrito de acusación del fiscal, tanto el inicial por el tiempo que tardó en presentarlo como el definitivo por las modificaciones realizadas.
Tras la práctica de toda la prueba prevista, los informes de las partes y la última palabra de los acusados, el juicio por los ‘sobresueldos’ en el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha finalizado y el caso ha quedado visto para sentencia.
