El Gobierno amplía a 41 los municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria
se incorporan Selaya, Escalante, Villafufre y Villacarriedo, y salen Ruente y Cillórigo de Liébana.
Los municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria aumentan de 39 a 41 –de los 102 existentes en la comunidad– tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la nueva orden de la Consejería de Presidencia que delimita, unifica y clarifica en una única norma reguladora los ayuntamientos donde se aplicarán todas las medidas de discriminación positiva para incentivar la fijación y atracción de la población a estas zonas.
Con esta orden, que entra en vigor hoy, «se pone fin» a la coexistencia de dos regulaciones autonómicas en esta materia que generaban «duplicidades e inseguridad jurídica». Por un lado, la de Presidencia con los 39 municipios en riesgo de despoblamiento y, por otro, la utilizada por la Consejería de Economía para establecer anualmente incentivos fiscales y que recogía 55 ayuntamientos en situación de reto demográfico, que desaparece.
A la lista en riesgo de despoblamiento se incorporan cuatro municipios: Selaya, Escalante, Villafufre y Villacarriedo, y salen dos: Ruente y Cillórigo de Liébana.
De los 41 ayuntamientos incluidos en ella, 13 están considerados en riesgo grave, mientras que a Tresviso y Valle de Villaverde se les reconoce como municipios con tratamiento especial y diferenciado por su ruralidad, el envejecimiento de su población y su emplazamiento geográfico.
Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa la consejera del área, Isabel Urrutia, en la que ha hecho hincapié en que se trata de una orden «solicitada» por los propios ayuntamientos, así como «consensuada y aprobada» con los representantes municipales por «unanimidad», tanto en la Comisión de Administración Local como en el Consejo Asesor frente al Despoblamiento, donde se han establecido unos criterios «posibles, razonables y objetivos», ha dicho.
Según ha detallado, estos criterios se corresponden con tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea; además de cumplir con tres de estos cuatro parámetros: contar con una variación negativa de la población en los últimos diez años, una renta per cápita inferior a la renta per cápita mediana de todos los municipios de la comunidad autónoma, una tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento, y ser un municipio de población inferior a los 2.000 habitantes.
Además, ha valorado que con esta orden, que deroga la aprobada en 2020 por el anterior ejecutivo (PRC-PSOE) y que será revisada cada dos años, será únicamente la Consejería de Presidencia la que tendrá las competencias en materia de despoblamiento, con lo que se pone fin a «los problemas, confusiones e inseguridad jurídica» que suponía tener dos órdenes reguladoras.
ALEGACIONES
Por otra parte, Urrutia ha justificado el rechazo de las últimas alegaciones presentadas por siete ayuntamientos (Cillórigo de Liébana, Potes, Ruente, Reinosa, Campoo de Enmedio, Miera y Solórzano), si bien ha especificado que en el periodo de consulta pública en noviembre no se presentó ninguna.
Al respecto, ha sostenido que ninguno de estos municipios «ha demostrado que cumple con los parámetros y criterios» que determinó «por unanimidad» el Consejo Asesor frente al Despoblamiento, que aceptó a su vez dos de los criterios de los grupos de acción local en este mismo órgano.
A su juicio, «llama la atención» que algunos de los ayuntamientos que firman las alegaciones «son los mismos que propusieron los criterios que delimitan los municipios en riesgo despoblamiento», ha señalado.
En este sentido, la consejera de Presidencia ha defendido la necesidad de «tomar decisiones» y ha indicado que los criterios utilizados por el Ejecutivo son «objetivos» y están marcados por la UE y la normativa vigente en materia de despoblamiento y entornos rurales, a lo que se añade que con la nueva orden hay más municipios en riesgo de despoblamiento que antes.
«Lo que no podemos defender ningún responsable político es unos criterios u otros, que entendemos objetivos, y dependiendo de si el municipio o quien nos conviene está dentro o fuera, poner en duda esos criterios», ha declarado.
RELACIÓN DE MUNICIPIOS EN RIESGO DE DESPOBLAMIENTO
La orden publicada en el BOC detalla que los municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria y, por tanto, con tratamiento especial y diferenciado, son un total de 41.
De estos, 13 están en situación de riesgo grave al tener una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetros cuadrado y al cumplir, además, los parámetros marcados.
En concreto, cumplen estos criterios los municipios de Cabezón de Liébana, Lamasón, Luena, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Pedro del Romeral, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Valderredible y Vega de Liébana.
Por su parte, los 26 municipios en riesgo de despoblamiento son Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Escalante, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Miera, Molledo, Polaciones, Rasines y Rionansa.
En esta misma categoría se encuentran Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Selaya, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre. Además, otros dos municipios –Tresviso y Valle de Villaverde– tienen un tratamiento especial y diferenciado.
