El Gobierno regional prevé construir 96 viviendas de alquiler social
El Ejecutivo cántabro negociará con los ayuntamientos cesiones de suelo para ubicar nuevas VPO y comenzar las obras "de manera inmediata"
El Gobierno de Cantabria está trabajando en acuerdos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la construcción «de forma inmediata» de 96 viviendas de alquiler social con cargo a 12,9 millones de euros que la comunidad ha recibido de fondos europeos para este fin.
Dentro del objetivo de aumentar el parque público de vivienda, el Ejecutivo (PP) ha comenzado ya el desarrollo de un plan de puesta en valor de los suelos de la empresa pública Gesvican y está en conversaciones con diferentes ayuntamientos para establecer convenios de cesión del suelo para ubicar estas viviendas de protección oficial (VPO).
Por ahora ha habido negociaciones con los municipios de Torrelavega y Polanco, pero el objetivo es ir incorporando suelos aumentando la colaboración con ayuntamientos «de todo signo político», según ha avanzado este lunes el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien ha señalado que ese plan de construcción va a materializarse «en muy poco tiempo» ya que se está trabajando en los detalles, que próximamente se darán a conocer.
Media, que ha hecho este anuncio en el Pleno del Parlamento durante una interpelación del PRC sobre las actuaciones que el Gobierno va a desarrollar para facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda, también ha enumerado otras medidas como el «desbloqueo» del bono joven, que estará dotado con 8,9 millones de euros en 2024, o el cambio en el sistema de pago de las ayudas al alquiler, que en lugar de al trimestre se abonarán cada mes.
También se ha referido a la reforma fiscal que ha elaborado el Gobierno con bonificaciones y rebajas para los jóvenes que compren una vivienda o a la intención de aprobar una nueva ley de vivienda, ya que a juicio del PP la actual que sacó adelante el anterior Gobierno de PRC-PSOE es «intervencionista y represiva» y pone a los okupas «por delante» de los propietarios.
Además, la Consejería quiere mantener el plan de movilización de vivienda vacía ‘MOVIVA’ elaborado la pasada legislatura pero con modificaciones, ya que para Media «la idea original no es mala pero se improvisó en campaña electoral» y eso ha dado lugar a que solo tres personas se hayan interesado en él, todas de Torrelavega.
Por ello, se redactará para que sea «más atractivo» y para dar «más seguridad», ya que cree que «sí puede funcionar si se introducen cambios y no las ocurrencias del PSOE». Entre ellos, ha apostado por hacer hincapié en que será el Gobierno el que asuma los riesgos que conlleva para los propietarios poner sus viviendas en alquiler para darles «tranquilidad».
Junto a estas medidas, el Gobierno quiere actuar en el mercado de la vivienda aumentando el parque público para facilitar a los usuarios opciones con precios más asequibles de los que pueden encontrar en el mercado libre.
En este sentido, el consejero ha acusado al Ejecutivo anterior de no haber construido «ni una VPO» la pasada legislatura. De hecho, ha criticado que los 12,9 millones de euros que su Consejería pretende utilizar para financiar las nuevas VPO anunciadas corresponden a la subvención recibida del programa seis de los fondos europeos, que se dirigen a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, porque «no se ha tocado un solo céntimo».