El impacto del despoblamiento rural acecha a Cantabria

Los municipios en riesgo de despoblación en Cantabria aumentan de 39 a 41 tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la nueva orden de la Consejería de Presidencia que delimita y unifica los criterios para formar parte de esta lista, y con la que desaparece la orden anual de Economía que regulaba aquellos ayuntamientos en reto demográfico.

A la lista en riesgo de despoblación se incorporan cuatro municipios: Selaya, Escalante, Villafufre y Villacarriedo, y salen dos: Ruente y Cillórigo de Liébana.

De los 41 ayuntamientos incluidos en ella, 13 están considerados en riesgo grave, mientras que a Tresviso y Valle de Villaverde se les reconoce como municipios con tratamiento especial y diferenciado por su ruralidad, el envejecimiento de su población y su emplazamiento geográfico.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera del área, Isabel Urrutia, en la que ha hecho hincapié en que se trata de una orden «solicitada» por los propios ayuntamientos, así como «consensuada y aprobada» con los representantes municipales por «unanimidad» en el Consejo Asesor, si bien tras su aprobación ha recibido alegaciones de siete municipios que «no cumplen los criterios».

Según ha detallado la consejera, los criterios que se han establecido son «objetivos y equilibrados» con los de la Unión Europea, y son tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como cumplir con tres de estos cuatro parámetros: contar con una variación negativa de la población en los últimos diez años, una renta per cápita inferior a la renta per cápita mediana de todos los municipios de la comunidad autónoma, una tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento, y ser un municipio de población inferior a los 2.000 habitantes.

Además, ha valorado que con esta orden, que deroga la aprobada en 2020 por el anterior ejecutivo (PRC-PSOE) y será revisada cada dos años, será únicamente la Consejería de Presidencia la que tendrá las competencias en materia de despoblamiento, con lo que se pone fin a «los problemas, confusiones e inseguridad jurídica» que suponía tener dos órdenes.