El Gobierno cántabro destinará 72,9 millones más a sanidad en sus presupuestos para 2025

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2025 crecen un 5,87% y ascenderán a 3.749 millones de euros, de los que destinarán más de la mitad (un 52,6%) a sanidad y educación, además de que aumentan la dotación para políticas de vivienda en un 8% y recogen la creación de cuatro nuevas deducciones fiscales que buscan atraer el empadronamiento de residentes en comunidades limítrofes, favorecer la vivienda de alquiler y luchar contra la despoblación en las zonas rurales.

Además, las inversiones aumentan en un 29% hasta elevarse a los 306,5 millones, al tiempo que se contempla seguir reduciendo la deuda de la comunidad e impulsando los grandes proyectos, como las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) y del Llano de La Pasiega, que ya se llevan 50 millones de euros.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha registrado este jueves en el Parlamento el documento presupuestario –que saldrá adelante gracias al acuerdo alcanzado con el PRC– y lo ha calificado como «el más ambicioso» de la historia en cuantía, así como «el más social y el más sanitario».

Y es que la Consejería de Salud es la que más crece –en 72,9 millones, un 6,34% más– y «vuelve a batir récord de consignación». Así, junto al Servicio Cántabro de Salud (SCS) dispondrá de 1.222,6 millones de euros, el 32,5% del total de los PGC, con los que se asumirá la mejora de las condiciones pactada con los profesionales sanitarios -el SCS destina casi 25 millones más que el año pasado a gastos de personal, 581,5 millones en total-, varias obras para mejorar y construir centros de salud y consultorios rurales y grandes proyectos como la instalación de la unidad de protonterapia en Valdecilla o el derribo de la Residencia Cantabria.

Por otro lado, el Ejecutivo del PP refleja en el presupuesto su apuesta por la rebaja de impuestos con cuatro nuevas deducciones con las que espera que aumenten los ingresos en las arcas autonómicas.

DEDUCCIONES

Una de ellas pretende atraer proyectos empresariales y puestos de empleo al dirigirse a inversores extranjeros que trasladen su domicilio a Cantabria, mientras que otra busca que se empadronen en la comunidad ciudadanos de autonomías limítrofes permitiéndoles deducirse los gastos del cambio de domicilio –el 10% de los costes hasta un máximo de 1.000 euros o el 25% si es por motivos laborales–.

Otra de las deducciones busca combatir el despoblamiento y consiste en que los menores de 40 años que vivan en municipios afectados podrán deducirse el 20% de la cuota autonómica del IRPF hasta un límite de 500 euros. En el caso de tributación conjunta, la cuantía será aplicable para cada uno de los contribuyentes, por lo que podría llegar hasta los 1.000 euros.

La cuarta, que ya había anunciado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, es la deducción de 500 euros a arrendadores que pongan sus pisos vacíos en alquiler. Para el consejero, es «una de las medidas estrella» del presupuesto.

CONSERJERÍAS

Éste contempla aumentos para todas las consejerías salvo la de Economía, que cae un 1,6% ya que ha destinado fondos a «atender las necesidades de otras» áreas, como saldar la deuda de la Fundación Comillas con la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, de la que se pagará la última anualidad.

Aún así, crece un 14% el gasto en personal para mejorar sus condiciones laborales, pues como ha avanzado el consejero «próximamente» verá la luz la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), que creará nuevos puestos en la Agencia Tributaria, los servicios de recaudación o la Intervención General.

Tras Salud, la consejería con más dotación es la de Educación, con 751,7 millones (el 20,5% del total del presupuesto). Pese a que baja la aportación de fondos europeos, este área sube en 14 millones, un 1,9%.

En este punto, el consejero ha destacado el «histórico» incremento del contrato programa con la Universidad de Cantabria, que vuelve a tener carácter plurianual y cuenta con 97,8 millones en la primera anualidad -frente a los 92,7 de 2024-.

Por su parte, la consignación para servicios sociales sube aproximadamente un 9%, 27 millones más respecto al año 2024, con lo que los fondos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad más los del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ascenderán a 324,7 millones.

Aquí se incrementan los fondos para el Plan Concertado de los Servicios Sociales –«demanda histórica de los alcaldes del mundo rural», ha apostillado Agüeros– de 19,5 a 22 millones.

La Consejería de Fomento sube un 4%, hasta 301,8 millones, y prevé inversiones en transporte público, infraestructuras hidráulicas o mejora de la calidad de las aguas, además de enfocarse en las políticas de vivienda, que aumentan un 8% en parte a fondos europeos que irán dirigidos a incrementar el parque público de vivienda social, a mejorar la eficiencia energética de los edificios y a fomentar el alquiler social.

También sube Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa en 6,63%, hasta 166,6 millones, con objetivos como aplicar las condiciones laborales acordadas en el Pacto por la Justicia, invertir en parques de emergencia, contratar a 20 bomberos adicionales o renovar todos los dispositivos telemáticos de la Administración autonómica.

Además, se recoge el anunciado aumento del Fondo de Cooperación Municipal (+3%) destinado a los ayuntamientos, con el que el Gobierno ha vuelto a poner en valor su carácter «municipalista» y su apoyo a los consistorios. En total, la cantidad que los PGC contienen para las entidades locales asciende a 262 millones de euros.

En el departamento de Industria, que alcanza los 124,6 millones (+10,9%), como novedad los PGC contemplan una bonificación adicional del 20% en ayudas al mantenimiento del empleo autónomo en los municipios en riesgo de despoblamiento, y destinan 4 millones a la reindustrialización del Besaya y 2 para Campoo.

Otros 121,1 millones van a Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación (+4,5), donde destacan las partidas para compensar los efectos del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), para paliar los gastos de la enfermedad hemorrágica epizoótica (1,2 millones) y para los daños causados por el lobo, que sube hasta 2,8 millones.

Cultura, Turismo y Deporte dispondrá de 99,5 millones y protagoniza una de las mayores subidas, +16,3%, debido a los fondos europeos, con los que deberá desarrollar grandes proyectos para la comunidad autónoma como el del Museo de Arte de Reina Sofía o la digitalización del patrimonio rupestre vinculado al MUPAC.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO Y DEUDA

En paralelo a estas inversiones, el Gobierno quiere seguir reduciendo la deuda autonómica y en concreto su objetivo es hacerlo hasta dejarla en torno a 3.230 millones, un porcentaje cercano al 17% del PIB –cuando en 2021 «llegó a estar al 26% del PIB», ha recordado Agüeros.

El consejero, que ha remarcado que se han elaborado los PGC en base a la «prudencia, responsabilidad y eficiencia» también ha avanzado que en esta ocasión, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -conocida como ‘Ley de Acompañamiento’, que se aprueba cada ejercicio junto a los presupuestos– solo incluirá siete modificaciones legislativas «menores», a diferencia de otros años en los que se aprovecha para hacer cambios en «un montón» de normas.