La derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria será efectiva este miércoles

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada por el Parlamento regional con los votos de PP y Vox el pasado 4 de noviembre, y que será efectiva desde este miércoles, 13 de noviembre,

La derogación de la Ley está firmada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien afirma en el preámbulo que esta ley «nació muerta» porque quienes la promovieron, el PRC y el PSOE durante la anterior legislatura, no pretendieron «el consenso ni en la forma ni en el fondo» y «ni siquiera» admitieron «el diálogo» entorno a esta norma.

«De una Ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación. Pero la Ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo: ni lo alcanzó en su tramitación, ni lo alcanzó en su contenido. Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo. Por esa razón la Ley nació muerta», señala la presidenta cántabra.

El PP de María José Sáenz de Buruaga llevaba en su programa electoral la derogación de esta ley, que se ha tramitado en la Cámara regional por la vía de urgencia gracias al apoyo de Vox a los ‘populares’, que consideraban esa norma un «ataque a la convivencia y a las libertades democráticas».

Además, Buruaga critica que la ley se aprobó tras rechazar los grupos que sustentaban al gobierno bipartito «todas las propuestas de diálogo planteadas desde la oposición» y sin la aprobación de ninguna de las 160 enmiendas registradas entonces por PP, Cs y Vox, con lo que, a su juicio, la «voluntad de diálogo» de regionalistas y socialistas «quedó en evidencia».

Para la presidenta del PP, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que quedará derogada oficialmente este miércoles, es «todo lo contrario» a los «grandes acuerdos de la Transición» ya que se basa en «la imposición de los puntos de vista, los recuerdos y las medidas reparadoras concebidas por un único sector político, en exclusiva y con el rechazo a las opiniones de todos los demás».

Asimismo, asegura que el contenido de la Ley «no es menos polémico», sobre todo porque, dice, concebía «una Comisión de la Verdad» para «imponer a toda la sociedad el relato de una parte de los contendientes, se ajuste o no a lo ocurrido: una comisión de supuestos expertos designada por el poder político para orientar el relato histórico, imponer una verdad oficial y exigir que nadie se desvíe de ella», con la facultad de imponer sanciones.

Y también denuncia la presidenta que esa Ley abría «la puerta al adoctrinamiento de las nuevas generaciones en las aulas» con una asignatura cuyo contenido elaboraría el Gobierno «sin el concurso y el criterio académico de los profesores»; y además imponía la obligación de que las instituciones consignaran anualmente partidas presupuestarias destinadas a desarrollar proyectos para «exaltar el papel de las víctimas de un bando, no de todas».

Finalmente, y antes de detallarse los artículos de la ley de derogación, Buruaga apunta que la norma no ponía a las víctimas en ·un plano de igualdad» sino que establecía «categorías». «Exalta a unas víctimas y oculta, silencia y oscurece a otras», añade.

«Por eso, se procede su derogación, porque desde el restablecimiento de las libertades en España, nunca antes se había llegado tan lejos desde el poder político en una operación de fractura misma de la sociedad y de ataque a sus principales normas de convivencia», concluye la presidenta cántabra.

La Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria consta de tres artículos y una disposición transitoria única, y otra final que es la determina la entrada en vigor de la derogación, fijada este miércoles.

El primer artículo es la derogación de la norma y el segundo se refiere a las exhumaciones que a partir de ahora se regularán en base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de octubre de 1998, concretamente con la normativa de patrimonio arqueológico y paleontológico.

El tercer artículo se refiere a la custodia del material documental referido a la represión de motivación política durante el periodo de la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, para lo que se aplicará lo dispuesto en la Ley de Archivos de Cantabria, de junio de 2002.

La disposición transitoria única habla de los procedimientos iniciados al amparo de la ley ahora derogada, indicando que «la tramitación de todos los procedimientos administrativos iniciados y no concluidos se regirán por la normativa en virtud de la cual se iniciaron».