Los promotores imputados por el impago de 1,7 millones a Hacienda niegan la acusación
Los tres empresarios del ámbito de la promoción y construcción inmobiliaria imputados por el impago de una deuda de casi 1,7 millones a Hacienda han negado y se han mostrado disconformes con las acusaciones que hay contra ellos en el juicio por el que se han sentado en el banquillo y que ha comenzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria.
La vista oral ha arrancado en la Sección Primera con las cuestiones previas y el interrogatorio a los procesados. El principal implicado, administrador único de una mercantil que supuestamente se sirvió de sociedades controladas por él y de un entramado de testaferros para eludir el desembolso millonario a la hacienda pública (delito por el que se enfrenta a tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones que pide el fiscal), solo ha contestado a las preguntas de su abogado.
Mientras, uno de los dos supuestos testaferros que han comparecido ha respondido a todas las partes menos a la defensa del primero, en tanto que el otro se ha acogido a su derecho a no declarar, manifestando en todo caso y al igual que los anteriores que no está de acuerdo con la imputación. El ministerio público pide para ambos dos años de cárcel y 500.000 euros.
NUEVA DOCUMENTAL Y PERICIAL E INDEFENSIÓN DE LAS SOCIEDADES
Antes de los interrogatorios, las dos acusaciones -Fiscalía y Abogacía del Estado- y las tres defensas han planteado diversas cuestiones previas y la Sala ha resuelto incorporar a la causa nueva prueba documental y pericial presentada por abogados de los enjuiciados.
Además, uno de los letrados defensores, el que representa a sociedades de las que presuntamente se sirvió el principal acusado para no pagar la deuda a Hacienda, ha interesado la anulación de las actuaciones para sus representadas -o la declaración de rebeldía- al entender que estas personas jurídicas no han sido citadas formalmente, extremo sustituido -según ha alegado- por la designación de un letrado de oficio.
Algo que, a juicio de esta parte, constituye una «palmaria irregularidad» procesal que, entre otras cosas, genera una «indefensión». No lo aprecia así el tribunal, que ha desestimado esta petición al entender que estas sociedades han tenido conocimiento de esta causa penal a través de sus representantes jurídicos, por lo que han podido poner de manifiesto previamente la indefensión alegada.
Para las cinco sociedades mercantiles que figuran como acusadas en este procedimiento el ministerio fiscal solicita una multa de 3,5 millones. Y la otra acusación, ejercida por la Abogacía del Estado, reclama 5 años de encarcelamiento y 8,2 millones al principal encausado, que ha abierto las declaraciones una vez resueltas las cuestiones previas.
Según el escrito del fiscal, la mercantil de la que era administrador único tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones.
De acuerdo con esta parte, el acusado, con intención de eludir el pago, simuló junto a otros investigados la adquisición de inmuebles por parte de su empresa, de forma que mediante el libramiento de facturas por las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación. Se trata de «un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado» por la mercantil por el citado montante.
PAGÓ 3 EUROS POR UNA SOCIEDAD Y HUBO UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL DEL 72%
Este procesado, promotor inmobiliario de profesión, y considerado autor material de un delito contra la hacienda pública, ha explicado a preguntas de su abogado que era socio único y administrador de la mercantil en cuestión (El Cuco de Piélagos), que adquirió en verano de 2023 tras negociar las condiciones con el presidente de un grupo empresarial (Ascán), entre ellas quedarse con 31 casas hipotecadas.
Ha indicado que pagó por la sociedad «3 euros» y que hubo una reducción de capital del «72 por ciento», extremo este último que tuvo como consecuencia que la entidad devengó un IVA que soportaron las «antiguas» socias de la sociedad, tal y como ha dicho.
En cuanto al pago de este tributo, ha indicado que se pactó cómo se haría, acordándose el 50% en crédito de obra, algo que le «interesaba» por tener parada la actividad de otra mercantil y ante la imposibilidad de acabar una promoción por falta de financiación.
El principal acusado también se ha referido a la relación con las entidades igualmente investigadas y ha explicado que no se inscribieron escrituras de compraventa en el Registro al entender que no era «necesario» y para evitar «incurrir en gastos innecesarios».
HE SIDO VÍCTIMA DE UNA ESTAFA
Por su parte, el testaferro que sí ha declarado era promotor-constructor y fundador, socio y administrador único de dos sociedades que transfirió a El Cuco de Piélagos.
Ha explicado que conoció al responsable de esta entidad por medio de su entonces abogado, que era quien le asesoraba y que se lo presentó como representante de un grupo cántabro que adquiría sus inmuebles y sociedades para liberarse de avales y cargas bancarias, lo que constituía para él una «oportunidad de volver a empezar».
En concreto, y según ha detallado, las vendió por 80.000 euros y por «el precio simbólico de 1 euro» tras permutar y traspasar una finca por valor de 400.000 euros.
Pero no le abonaron lo comprometido en la compraventa y «me han dejado sin nada», «me lo han embargado todo», se ha lamentado, para añadir que tras esto contactó con unos asesores que le dijeron que era «víctima de una estafa», por la que acabó presentado querella.
