Muguruza: ‘En mis dos legislaturas no contraté ni a una sola persona a dedo’ en Castro

El exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza ha asegurado que durante las dos legislaturas que estuvo al frente de este Ayuntamiento, desde 2003 hasta 2011, no contrató «ni a una sola persona a dedo», sino que todas las incorporaciones a la plantilla municipal en esa época se hicieron convocando oposiciones.

«En mis dos legislaturas no contraté ni a una sola persona por ese método, a dedo. Todo lo que se contrató fue por oposición» y se hizo «intentando cubrir la parte más alta» del Consistorio (personal cualificado), ha indicado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio por el ‘caso de los sobresueldos’, por supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Consistorio, así como el pago de retribuciones indebidas.

La vista oral por estos hechos, ocurridos entre 1991 y 2011, se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria con doce imputados como presuntos autores de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre ellos ocho exconcejales y el también exregidor Rufino Díaz Helguera, que ha optado por no declarar y que al igual que Muguruza se enfrenta a nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación.

Y para los entonces ediles la Fiscalía pide cinco de prisión y 18 de inhabilitación, por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando los reparos del interventor municipal que advertían de distintos pagos ilegales.

Finalizada la práctica de la prueba con los interrogatorios a los procesados (la gran mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar), este jueves será el turno de las conclusiones definitivas y el informe final del fiscal, en tanto que las defensas expondrán sus alegatos el martes y miércoles, cuando los enjuiciados podrán ejercer su derecho a la última palabra.

SITUACIÓN ECONÓMICA CATASTRÓFICA Y DANTESCA

Muguruza, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha tildado de «catastrófica» y «dantesca» la situación económica del Consistorio a su llegada, a lo que ha sumado la «escasez» de funcionarios especializados y la coyuntura «tensa» y «dudas» que generaba el pacto de gobierno (PRC, PP e Izquierda Unida en el primer mandato, y Acuerdo por Castro en vez de IU en el segundo).

Por eso precisamente, ha señalado, «todas» las decisiones, incluidas las relativas a pagos, las tomaba «desde el primer día» la Junta de Gobierno Local (integrada por los tres partidos). El entonces alcalde, médico de formación y que asumió las competencias de Urbanismo, ha apuntado igualmente que «desde el minuto uno» tenían claro en el tripartito que había que hacer una Relación de Puestos de Trabajo.

Pero desde ese mismo momento, y según ha agregado, se encontraron con la «oposición frontal» de los sindicatos, ya que había funcionarios que tenían una situación «inmejorable» y, ante eso, la negociación con sus representantes era «muy difícil». Finalmente, y aunque «costó mucho», la RPT se aprobó en 2009. Con todo ello, y en cualquier caso, a lo largo del interrogatorio ha justificado y defendido tanto las contrataciones que mantuvo como las que hizo desde su llegada a la Alcaldía.

PRINCIPAL ENEMIGO DE LAS RETRIBUCIONES A FUNCIONARIO S

Muguruza, que fue expulsado del partido regionalista en 2007 y que en 2010 estuvo veinte días en prisión provisional por la investigación por irregularidades urbanísticas en La Loma (causa por la que fue condenado a ocho años de inhabilitación y uno de prisión, pena esta última sustituida por una multa de 6.800 euros), se ha referido también a las retribuciones a funcionarios por distintos conceptos, precisando que se venían abonando cinco años antes de acceder él al cargo, en base al convenio colectivo de 1998.

El exregidor castreño ha aseverado que intentó denunciar esta situación, pero se ganó la «animadversión» de todos los empleados públicos, con manifestaciones diarias en la Plaza del Ayuntamiento, según ha expresado. Además, ha apuntado que realizó diferentes consultas, a despachos de abogados, al Consejo de Estado -que les remitió a la negociación sindical- o al secretario municipal, que dijo que era «legal».

Pese a ello, Muguruza se ha mostrado en contra y se ha reivindicado como «el principal enemigo» de esa situación. «Yo soy el primero que creo que esa situación era injusta y lo sigue siendo, para un Ayuntamiento con unos sueldos que no se corresponden con el resto de administraciones de Cantabria. Pero son derechos adquiridos», ha lamentado a la par que ha justificado.

En cuanto a la residencia municipal, creada hacía un siglo mediante una herencia familiar y que funcionó como un patronato hasta 2011, cuando se transformó en organismo autonómico, el hasta entonces alcalde castreño ha precisado que la subida salarial del 10 por ciento a los empleados se hizo para «afianzar» esos puestos de trabajo, defendiendo que era algo «legítimo» y que se aprobó «legalmente», en una junta de gobierno del centro sanitario a la que él «no» acudió.

CRITICAS AL INTERVENTOR

En su comparecencia, Muguruza también se ha referido a la labor del exinterventor municipal Fernando Urruticoechea, que ha declarado en el juicio como testigo denunciando la existencia de una situación «absolutamente caótica y arbitraria» en las concesiones y el manejo de los fondos públicos.

El entonces alcalde ha criticado que hacía informes de reparo «a todo» pero no la cuenta general. «Era una persona que se dedicaba a estar encerrada en su despacho, presentando informes, no se sabe para qué», ha reprochado.

También ha explicado que «dada la historia» del interventor, que alternaba «bajas laborales con ausencias justificadas», se decidió crear la plaza de viceinterventor, para que en ausencia de Urruticoechea hubiera alguien «cualificado» prestando el servicio. Entonces, salieron adelante las últimas cuatro cuentas generales que estaban pendientes y los presupuestos de 2004, sin que el Urruticoechea pusiera ningún reparo a su regreso.

RESTO DE PROCESADOS

En la causa también están procesados, además de Muguruza y Díaz Helguera (que fue alcalde de 1991 a 2003), los exconcejales José Miguel Rodríguez ‘KyK’, Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, que también fue regidor pero después de los hechos, a partir de 2011.

El otro acusado es el funcionario Gregorio Alcedo, que presuntamente cobró un complemento personal transitorio, ya que al inicio del juicio la Sala acordó el archivo de la causa para Pedro Luis Arroyuelos -funcionario al que se acusaba de cobrar el mismo complemento sin motivo- tal y como pedía su defensa, por estar «acreditada» su situación de deterioro cognitivo moderado. Además, el tribunal absolvió al secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, procesado por no abstenerse en la contratación de su hija por parte del Ayuntamiento.

El grueso de los encausados se han acogido a su derecho a no declarar, y solo lo han ejercido, además de Muguruza, Carranza y Alcedo, que igualmente han contestando únicamente a sus respectivos letrados.

La que fuera responsable de Educación y Cultura de 2003 a 2011 -y concejala cuatro años más en la oposición- ha aclarado que no formó parte de las comisiones informativas de Economía y Hacienda y ha afirmado que el interventor informó en los plenos del deber de votar los presupuestos, que «se ajustaban a la legalidad».

Y el funcionario encausado, que entró en el Ayuntamiento en 1973 y se jubiló en 2014, tras ser interventor accidental entre 2003 y 2004, ha corroborado que los funcionarios cobraban «de acuerdo» a sus puestos y al convenio de 1998, sin que nadie le alertara de ningún tipo de irregularidad en el pago de las nóminas, ha concluido.