Una línea de avales ICO y una inyección a la internacionalización, primeras medidas frente a los aranceles

Las primeras medidas del plan de respuesta que ha aprobado el Gobierno para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos a Europa entran en vigor este mismo miércoles, de acuerdo con el real decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial publicado en el BOE, que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que supone una primera inyección de liquidez de 7.720 millones de euros.

El plan en su conjunto, que trata de hacer frente a la imposición de aranceles del 20% impuestos por Estados Unidos a Europa y que están vigentes desde este mismo miércoles, contempla una movilización total de 14.100 millones de euros con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la guerra comercial emprendida por Estados Unidos «y tejer un escudo» que proteja a la economía española.

Dentro de todas las medidas que incluye el plan, las que se activan hoy con el real decreto-ley se refieren a palancas financieras, para facilitar financiación a las empresas y reforzar su capacidad de inversión, que ascienden a un total de 7.720 millones de euros.

En primer lugar, se activa una línea de avales ICO de 5.000 millones hasta el 30 de junio de 2026, con vigencia ampliable por acuerdo del Consejo de Ministros, para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades que vayan a tener una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de Estados Unidos.

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir para esta medida, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán en Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

El plan refuerza también el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con 720 millones, lo que suponen 220 millones más respecto al plan inicial del Gobierno y que son fruto de las negociaciones que ha mantenido el ministro de Economía con los grupos parlamentarios.

El refuerzo de este fondo se realiza en aras de conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.

Asimismo, en los próximos días se presentará un plan específico de ICEX que ayudará a unas 500 empresas exportadoras a Estados Unidos que podrían verse afectadas por los aranceles planteados por Trump.

Tanto para las líneas de avales del ICO como para el plan del ICEX el Gobierno ha realizado unas estimaciones iniciales, por lo se ha dejado la puerta abierta a ir añadiendo más en función del seguimiento que se haga de la situación.

Además, se activan 2.000 millones también para el esfuerzo de internacionalización, a través del CESCE y su sistema ‘CARI’, que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.

EXTENSIÓN DE MORATORIA CONTABLE HASTA FINALES DE 2025

El decreto también incluye la extensión de la moratoria contable hasta finales del año 2025 para aquellas empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021 y que todavía tienen una recuperación más retrasada.

Entre las medidas planteadas del plan, destaca otra línea ICO para financiación, por 1.000 millones de euros, o un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros, para dar préstamos o participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas.

También se pretende ejecutar este año el Plan Moves III aprobado recientemente en el Consejo de Ministros (400 millones de euros), para estimular el sector del automóvil, y se activará el mecanismo RED (los ERTE) para los sectores que lo necesiten a fin de salvaguardar el empleo de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere.

Además, se recanalizarán 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por el «shock arancelario», a fin de que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.

GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL

El decreto publicado este miércoles en el BOE contempla también una disposición adicional de «garantía de proporcionalidad territorial» en la aplicación de los fondos, mediante la cual el Gobierno «garantiza» que la puesta a disposición de las empresas de los instrumentos financieros se efectúe, «con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición».

A tal efecto, prosigue la disposición adicional, se articularán «mecanismos de participación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas», orientados a garantizar «la transparencia, la equidad y la coherencia» de la distribución con el citado «criterio objetivo».

Asimismo, el Gobierno se compromete a remitir trimestralmente al Congreso de los Diputados un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley.

A continuación, se ha incluido otra disposición adicional para precisar los «criterios de ejecución», en la que se deja claro que la ejecución de los fondos previstos en el real decreto «no podrá estar condicionada a criterios de oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente».

En la jornada de ayer, el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, que los fondos se distribuirán a las autonomías en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros, de acuerdo con sus cálculos.

Posteriormente, fuentes del Ejecutivo matizaron que en ningún caso se va a producir una situación de competencia autonómica en las ayudas distribuidas, pues estas son a demanda de las empresas que las necesiten y en el caso de que no fueran suficientes se elevarían, algo que el Gobierno no cree que suceda. En concreto, explicaron que Cataluña percibirá ese 25% porque sus empresas exportan ese porcentaje a Estados Unidos.

Todas estas medidas conforman lo que el Ejecutivo ha denominado ‘Plan de respuesta y para el relanzamiento comercial’ y son adicionales a las adoptadas por el bloque comunitario para responder a la decisión del presidente de Trump de imponer unos aranceles del 20% a la Unión Europea y del 25% para todas las importaciones de vehículos fabricados en el extranjero.

ESPERA APROBAR EN EL CONGRESO EL PLAN, TRAS UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó este martes la voluntad del Gobierno de mantener una actitud «abierta y dialogada» respecto al plan con todos los agentes que tienen que estar involucrados –el diálogo social y los agentes sociales, los sectores y los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas–.

El ministro espera que este diálogo continuado con los grupos parlamentarios pueda llevar no sólo a la aprobación de este real decreto-ley, sino también a seguir en esta construcción conjunta de la respuesta. «Esperamos que esa sea la vía por la que transite la opinión y el voto del Partido Popular, pero también del resto de grupos parlamentarios», subrayó.

Cuerpo comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas aprobadas para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos y mañana jueves citará a las comunidades autónomas para abordar el impacto de la política comercial de Donald Trump.