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En paro y de vacaciones

Con cuatro millones de parados cualquier otro país estallaría. Esa idea se deja caer cada día en charlas de café o en tertulias de radio, que vienen a ser lo mismo. Pero hay muchos motivos para que eso no ocurra. El primero de ellos es que la estadística no siempre se corresponde con la realidad. Por muy crudo que sea el paro de 2010, no se parece al de la desesperanzada España de 1983 o 1984 cuando la mayoría de los desempleados había agotado todas las prestaciones económicas. Ahora, además de los tradicionales refugios latinos de la economía sumergida, quienes se quedan sin subsidio están cobrando una ayuda de algo más de 400 euros y es bastante más probable que en la casa haya otro salario, porque siguen trabajando dieciocho millones y medio de españoles, frente a los doce de entonces. Es cierto que las familias están ahora más endeudadas, pero también es verdad que los tipos de interés son infinitamente más bajos y las entidades financieras mucho más comprensivas con los clientes morosos, al menos en los primeros meses de impagos, porque la estrategia ahora es negociar y antes directamente se embargaba.
Probablemente haya otras razones para que esta crisis no azote a las familias con la misma intensidad que las dos anteriores, a pesar de que, en la escala richter del desempleo, el terremoto sea de gran magnitud. Convendría analizarlas para tratar de entender de una vez cómo es el mercado laboral español, muy distinto al de otros países. Así sabríamos por qué con cuatro millones de parados la temporada turística de Cantabria ha sido sorprendentemente buena y cualquiera ha podido constatar que entre los llegados eran muy pocas las matrículas extranjeras, de lo que se deduce que la inmensa mayoría de nuestros visitantes son nacionales, esos mismos que creen estar mucho peor que los ciudadanos de otros países, pero que son los que viajan y los que llenan los restaurantes. Así de paradójica es esta crisis en la que los constructores de piscinas tampoco han dado abasto este verano.
Las generalizaciones son muy injustas y quien lo está pasando mal tendrá otra opinión muy distinta, como la tienen los empleados de cualquier banco que cada día reciben varias llamadas de clientes que advierten de que ese mes no podrán atender el pago de su hipoteca. Pero, lo quieran o no, esta España es distinta a la España de otras crisis, o quizás más inconsciente. Una España que sigue sin renunciar a casi nada, después de haber saboreado las mieles de sentirse rica; que sigue llenando los cruceros en todos los mares del mundo; que se desplaza con desparpajo a los países más recónditos del Globo y que iría a otros aún más lejanos si los hubiese; que no renuncia al todoterreno, aunque sólo lo utilice para llevar a los niños al colegio o que se embarca en cuantos másteres hagan falta y no para dar la razón a Zapatero, sino para evitar el fastidio de buscar trabajo antes de los treinta años.
Con esta extravagante realidad que hace arquear las cejas de asombro a los extranjeros, los nacionales no tenemos empacho en proclamar a diestro y siniestro que estamos peor que nunca. Lo más sorprendente es que el mensaje salga de bocas que nunca imaginaron estar así (de bien), lo que demuestra que la memoria es muy corta y los mensajes del Gobierno un desastre. Pero no, no estamos peor que nunca. Estamos mejor que casi siempre, en un país que ha sido pobre hasta cuando era poderoso, que ha padecido crisis que duraron siglos y que ha pasado, en pocos años, de trabajar los campos con un arado romano y un pañuelo de cuatro nudos a la cabeza para defendernos del sol, a tener unos estándares de vida asimilables a los de cualquier país europeo desarrollado. Lo que es cierto es que estamos más endeudados que nunca, porque hemos gastado lo que teníamos y gran parte de lo que creíamos que íbamos a tener en los próximos diez o veinte años. La lechera del cántaro también podría haber echado la culpa al Gobierno por no asfaltar los caminos, pero no hay que engañarse. En esos 2,2 billones de euros que los ciudadanos de a pie debemos a los bancos no nos metió el Gobierno, nos metimos nosotros solitos. Y es hora de reconocerlo, a no ser que estemos convencidos (o nos convenzan quienes están en campaña permanente) de que en un mundo tan moderno y sobreprotector ni por asomo debe ser el pecador el que deba pagar la penitencia.

Ayudas con poco resultado

Es paradójico que muchos de los que abogan por el liberalismo económico sean los primeros en reclamar subvenciones públicas, como las que piden los vendedores y fabricantes de coches. En ocasiones, lo consiguen, y sin que sus principios liberales se resientan se lamentan de que cuando el maná gubernamental se acaba, el negocio desaparece. Sin subvenciones no solo no se vende lo mismo que antes sino que no se vende nada, porque es obvio que los compradores adelantaron las compras que tenían previstas, para aprovechar la oportunidad, y una vez que tienen el coche, ya no necesitan otro.
El hundimiento del mercado se veía venir, de forma que al hacer el balance final del año se habrá vendido, poco más o menos, lo que se hubiese vendido sin subvenciones. La único que ha cambiado es que, para conseguir ese resultado neutro en el mercado del automóvil, en el de los electrodomésticos y en el del mueble en Cantabria, donde somos mucho más generosos, se ha consumido mucho dinero público.
Cualquiera de estas políticas tiene un éxito temporal incuestionable, pero es dudoso que aporte algo a medio plazo y a largo plazo. Si las crisis económicas fuesen muy cortas en el tiempo, esta inyección sobre el consumo podría ayudar a pasar el bache, pero las crisis acaban antes con los recursos públicos que con los problemas y, por eso, conviene analizar con seriedad los resultados.
¿Merecen el gasto? Es muy probable que los beneficiarios lo afirmen con la misma rotundidad que quienes diseñaron estas medidas, para no desautorizarse a sí mismos, pero sólo el tiempo podrá corroborarlo o desmentirlo. Hasta entonces será mejor abstenerse de políticas que generan gasto y vulneran la libre competencia porque, además, este tipo de prácticas suele ser un buen caldo de cultivo para la pillería. La Comisión Nacional de la Competencia, que es un organismo muy serio, ha tirado de la manta para descubrir que las marcas de coches se pusieron de acuerdo para subir los precios en cuanto supieron que el Estado y las comunidades autónomas iban a subvencionar las compras y, además, aprovecharon para reducir los descuentos que estaban aplicando hasta ese momento con la intención de incentivar las ventas. Para este viaje tan corto, no hubiésemos necesitado ni alforjas ni dinero público. Nos habíamos quedado como estábamos y tan ricamente.

El clavo ardiente de las viejas tecnologías

Con la marcha de Sony, que deja de fabricar televisores en España, el país se queda sin ninguna de las grandes multinacionales de la electrónica de consumo. Lo que hace sólo veinte años se presumía como un gran negocio, ahora es un sector en abandono, que sólo puede ser rentabilizado con los sueldos bajos de los países emergentes y en factorías gigantescas capaces de abastecer a muchos países a la vez.
El premio Nobel de Economía Amartya Sen sostenía hace tiempo que los agricultores de Taiwan seguirán cultivando el arroz con la ayuda de bueyes dentro de varias décadas, mientras que sus paisanos que se dedican a la fabricación de microchips serán desplazados por los de otros países emergentes donde se podrán fabricar aún más baratos. Y no es que el indio Sen sea partidario de volver a la economía más tradicional, sino que se limita a constatar una realidad: en el mundo actual casi todos tenemos la oportunidad de estar alguna vez en la cresta de la ola, pero es casi imposible mantenerse en ella.
Ningún país puede desdeñar las nuevas tecnologías, pero ha de ser consciente de que dejan de ser nuevas en cuanto empieza su producción industrial. En ese momento ya hay alguien en algún lugar desarrollando otras más avanzadas o, simplemente, distintas.
Por muy innovadoras que sean las industrias de nuevas tecnologías, lo más probable es que su éxito dure unas pocas décadas, mientras que industrias tan tradicionales como Solvay o Ferroatlántica han podido mantenerse con los mismos productos durante más de un siglo. Por eso, aunque nuestras actividades industriales son demasiado maduras no tenemos la sensación de que estén en peligro y confiamos en que sigan sosteniendo nuestra economía en las próximas décadas. A estas alturas, ya no parece muy probable que aparezcan sustitutivos de la sosa o de las ferroaleaciones y el mayor riesgo es que en otros países se puedan producir mucho más baratos, lo cual tampoco es probable en procesos que requieren mucha energía.
Por el contrario, quienes pudieron sentirse muy tranquilos con la presencia en España de todos los grandes fabricantes internacionales de productos electrónicos han recibido un baño de crudo realismo. En poco tiempo, Philips, Sanyo, Samsung y Panasonic han cerrado sus plantas en nuestro país. El último en despedirse ha sido Sony, que ha vendido su factoría de televisores de pantalla plana de Barcelona a dos grupos españoles que aprovecharán las naves para ingeniería de automoción. Tras esta huida en masa –que no es un problema exclusivamente español, sino de todos los países desarrollados– sólo nos queda uno de los grandes fabricantes internacionales, Sharp.
Alguien pensará que se marchan las fábricas electrónicas, porque también a ellas, quién lo diría, se les pasó su momento de gloria y ahora serán sustituidas por otras actividades aún más innovadoras. Un planteamiento que quizá resultase reconfortante si entre los 24 millones de trabajadores españoles hubiese 24 millones de ingenieros, pero la inmensa mayoría de la población laboral está capacitada para ejercer las tareas que ejerce y no otras. Si esas ahora las hacen los chinos y aquí con unas decenas de miles de ingenieros y pensadores nos sobra, ¿cuál va a ser el papel de todos los demás? ¿La Administración pública?
Menos mal que nos queda el clavo ardiente de las viejas tecnologías.