Buruaga se ve obligada a remodelar el Gobierno al iniciar el segundo año de mandato

El primer Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha durado poco más de un año. Como le ocurrió en 2011 a Nacho Diego, la presidenta del PP cántabro se vio ante la obligación de gobernar casi sin haberlo previsto, porque era difícil imaginar que el PRC perdería tantos escaños, y que el PP local, que no vivía sus mejores momentos, sería el receptor de casi todos. Y como ya le ocurrió a Diego, no es fácil ocupar tanto poder en tan poco tiempo y encontrar más de cien nombres para los altos cargos, cuando el interior del partido estaba roto y las personas de confianza eran pocas. Buruaga tuvo que nombrar a la mitad sin conocerles y las consecuencias afloraron pronto, por las inexperiencias y los conflictos innecesarios.

La remodelación del Gobierno que acaba de hacer la presidenta Buruaga al iniciarse el segundo año de legislatura es la constatación de que no acababa de funcionar. Los damnificados han sido los consejeros de Cultura y de Ganadería, pero podían haber sido más. En ambos casos, habían llegado a situaciones de conflicto con los sectores que gestionaban, lo que provocaba una situación incomodidad para la propia presidenta. La exconsejera de Cultura, curiosamente va a continuar como directora general de la misma consejería (lo que supone el cese de Juan Antonio González Fuentes) y Pablo Palencia (Ganadería) probablemente vuelva al extranjero, ya que el trabajo en su especialidad –veterinario de caballos– se hundió tras la crisis económica de 2008. Cuando llegó al Gobierno formaba parte de un estudio en los Emiratos Árabes para el aprovechamiento agrícola del suelo que queda en sombra con los paneles solares.

Los cambios revelan un problema de gestión. Quizá por contraste con el Gobierno anterior, el del PP tiene muy poca visibilidad y se extiende la sensación de que no es capaz de abordar los problemas del día a día.

Concentrar la actividad y la imagen

Es cierto que las agendas de los consejeros son ahora más livianas pero la culpa de ese bajo perfil no es del todo suya. La presidenta, bien porque no tenía demasiada confianza en los nombrados, bien porque necesitaba incrementar su grado de conocimiento entre la población, ha venido concentrando gran parte de la actividad y presencia pública. 

La decisión de no tener un vicepresidente y de ejercer también como portavoz del Gobierno ya demostraba que pretendía tener todo muy controlado, al contrario de lo que venía ocurriendo con Miguel Ángel Revilla, con el que los consejeros tenían mucha libertad de actuación. 

Buruaga ha tenido que luchar contra la aún larga sombra de Revilla para proyectar su imagen, que en el caso de una mujer es más laborioso, por la larga tradición de cargos masculinos. Tanto Lola Gorostiaga como Eva Díaz Tezanos, siendo vicepresidentas, se encontraron con que en algunos pueblos las identificaban como “la secretaria de Revilla”, por entonces presidente.

Buruaga trata de agilizar los proyectos clave para poder materializarlos antes de concluir la legislatura

Pero ni siquiera su antecesor, por mucho que acaparase los focos, tenía el margen de maniobra que tiene la actual presidenta, puesto que la mitad de su gobierno la nombraba el PSOE. Ella puede hacer y deshacer, siempre que mantenga los apoyos parlamentarios que necesita, y hasta ahora se los han prestado el PRC sin contraprestaciones y Vox a cambio de derogar la Ley de Memoria Histórica, algo que no parece muy costoso pero que ha sido como tragarse un sapo para la imagen conservadora-centrista que Buruaga pretende proyectar.  

La líder popular cántabra también ha tenido motivos para no ser confiada. En su partido ha vivido días muy amargos mientras ha estado en la oposición, en los que su principales adversarios estaban dentro del PP. Con el poder en la mano, todos volvieron disciplinadamente a su lado pero eso no significa que aquellos acontecimientos hayan quedado definitivamente superados. 

Por su parte, está haciendo lo posible. Una de las primeras decisiones fue ofrecer respaldo económico a los principales proyectos del Ayuntamiento de Santander, tendiendo puentes con Gema Igual. También lo ha hecho con otros barones locales, pero en su entorno y en el grupo parlamentario ha seguido rodeándose de los que probaron su fidelidad en la época anterior.

De esta forma, y con las manos absolutamente libres, se atreve a emular algunas actuaciones de su predecesor que el PP tanto criticaba, como la presencia en todo tipo de fiestas populares, una demostración de su interés en crearse una imagen de calle.

Al tiempo, avanza con mucha decisión en sus objetivos de legislatura: la reforma de la Ley del Suelo, el plan de ayudas para los autónomos, la ley de simplificación administrativa… Pero la ciudadanía vive sus propias realidades y no de lo que aparece publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, y ahí los problemas con las listas de espera, los consultorios rurales, la progresiva pérdida de pasajeros de Parayas o el convencimiento de que Cantabria sigue sin tener un proyecto y sin despegar (el propio presidente de la CEOE fue muy crítico al respecto), impiden transmitir una imagen de éxito. Por no hablar de la incapacidad para afrontar los problemas más acuciantes, como la enfermedad hemorrágica del ganado vacuno, la escasez de viviendas de todo tipo o la regulación de los pisos turísticos, dos patatas calientes que los consejeros responsables (los dos ya cesados) han tratado de pasar a los ayuntamientos. 

La presidenta es consciente de que, incluso con un número histórico de proyectos de inversión sobre su mesa, si no actúa rápido se perderán o no podrán materializarse antes de las elecciones. Por eso ha decidido crear una Oficina Técnica, que dependerá exclusivamente de ella, para tratar de garantizarse que no se le escapen. Sabe que bastará con que se sustancie un par de ellos para salvar la legislatura, porque se trata de proyectos de mucha envergadura, como la planta de hidrógeno en los terrenos de Sniace, la nueva caldera de Solvay, La Pasiega o el enorme depósito centralizado de este gas que se ubicaría en Polanco. 

La Oficina Técnica va a reconcentrar aún más poder en sus manos, algo que le reprochan sus críticos, y reduce el margen de maniobra de la Consejería de Industria al día a día.  

Proyectos arriesgados

Muy pocos meses después de tomar posesión, el Gobierno de Buruaba pretendió dar un golpe de efecto con la bajada de impuestos y la reforma de la Ley del Suelo. La primera aún no ha dado sus frutos electorales, porque su auténtico efecto se verá cuando se haga la declaración de la renta correspondiente a este ejercicio y aún queda casi un año.

La otra medida que iba a impulsar la economía, los cambios en la Ley del Suelo, para poder edificar en terrenos rústicos, es igual de arriesgada y polémica. El PP sabe que el suelo es una varita mágica: la mera posibilidad de crearle a todo el que tenga un suelo rústico la sensación de que aquello puede llegar a valer mucho dinero es un caramelo con gran rendimiento político. El problema es que esa política de liberalización del suelo ya ha dado muchos problemas anteriormente y se convierte en una fuente de inagotables obligaciones, porque quienes puedan conseguir hacerse una vivienda en esos terrenos rústicos necesitarán tendidos eléctricos, acometidas de agua, saneamientos, autobús escolar para sus hijos… Y con todo ello tendrá que cargar antes o después el sector público. 

La decisión del Gobierno  ha pasado el corte del Ministerio de Administraciones Públicas, que en principio objetaba muchos de los cambios por posible inconstitucionalidad, y eso ha supuesto un respiro de alivio, pero esta es una batalla en la que siempre hay muchos episodios políticos y jurídicos de por medio, igual que en la instalación de parques aeogeneradores. Buruaga va a tener el honor de haber conseguido que cinco de los que había en tramitación puedan pasar ya a la fase de construcción, pero el proceso ha sido extraordinariamente largo y tortuoso.  

El otro problema que queda por salvar es el de la financiación autonómica. A pesar de ser la comunidad mejor dotada por habitante desde hace quince años, esta financiación es absolutamente insuficiente y, la rebaja que ha decidido el Gobierno regional sobre los impuestos que están bajo su responsabilidad va a agravar aún más el problema. 

La comunidad tiene que pagar, por otra parte, casi 50 millones al año por intereses de la deuda, y la teoría de que dejando más dinero en el bolsillo de los contribuyentes se acaba recaudando más es simplemente una hipótesis. Con esa misma idea llegó Rajoy al poder, pero acabó haciendo todo lo contrario, subió el IVA del 18 al 21% y los tipos del IRPF, lo que indica que ni siquiera los principales valedores tienen mucha confianza en que sea así.

El horizonte es aún más incierto, porque si no es suficiente en estos momentos en los que se están produciendo recaudaciones históricas, el problema se agravará cuando se produzca un cambio de ciclo.