Cantabria se apunta al reparto de los centros de datos con un proyecto histórico
El hijo de Ana Botín y su socio quieren instalar todo un corredor de CPDs con una inversión de 3.600 millones
Como anticipaba Cantabria Económica en su último número, la región se ha convertido en un punto estratégico para la instalación de centros de procesos de datos y así lo han entendido también los propietarios de Stoneshield Capital, dispuestos a promover un complejo histórico de estos gigantescos almacenes de datos. El proyecto le fue presentado a comienzo de legislatura al Gobierno regional, que ha estado buscando un emplazamiento, ya que va a requerir más de 60 hectáreas de terreno. Finalmente, se hará en los terrenos de la antigua minera Agruminsa, hoy propiedad del Estado, y en las mieses del otro lado de la S-30.
No ha habido que esperar mucho para que empiecen a dar frutos la decisión de la UE de que todos los archivos de sus ciudadanos se guarden en suelo europeo y la llegada del cable submarino Anjana, que conecta Carolina del Sur (EE UU) con la península ibérica a través de Santander. España va a ser la receptora de enormes inversiones en centros de procesos de datos y Cantabria, que hasta ahora no aparecía en esa carrera de candidatos, ha pasado a encabezarla.
El fondo de inversión Stoneshield Capital, fundado por Felipe Morenés, uno de los hijos de Ana Botín, y Juan Pepa, va a promover, a través de su filial XDC Properties la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria, que podría llegar a alcanzar los 3.600 millones de euros si se completan todas las fases de su proyecto, el Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira, que se ubicará en suelo de los municipios de Piélagos y Villaescusa.
El proyecto lleva meses de gestiones en los que el Banco Santander ha tenido un papel importante y se va a hacer con financiación 100% privada. Durante su construcción puede llegar a requerir más de 1.500 empleos directos. Una vez concluidas sus tres fases, los promotores calculan que serán más de 1.450 los puestos de trabajo vinculados a su operativa, aunque los CPDs son grandes almacenes de servidores de datos que requieren muy poca plantilla, por lo que, a pesar de la gigantesca inversión, solo 350 de estos empleos serán directos.
Este tipo de instalaciones, forman ‘la nube’ de internet y tienen como principales clientes a las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Meta, aunque la promotora reconoce que, por el momento, no tiene contratos cerrados.
Convencida de que no le faltarán candidatos, porque las necesidades de la red se han multiplicado como consecuencia de la inteligencia artificial, van a preparar espacios para asentar centros de datos con una capacidad de 500 MW (se miden por la potencia eléctrica que requieren), un 20% superior a toda la que está operativa en España en estos momentos. Para valorar sus ingentes necesidades energéticas basta recordar que la central nuclear de Garoña, ya cerrada, tenía una potencia nominal de 460 MW, lo que indica que toda su producción no hubiese sido suficiente para atender este complejo a pleno funcionamiento.
Las instalaciones ocuparán 636.432 metros cuadrados (el espacio de unos 70 campos de fútbol) y su desarrollo urbanístico se hará a través de Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). El proyecto se dividirá en tres fases, y las obras de la primera deberían comenzar el próximo enero, si se cumplen los planes de los promotores y estaría completado, según esos mismos cálculos, en 2032.
Uno de los principales hubs de Europa
Para poder cumplir estos plazos, agilizando los trámites administrativos, el Gobierno de Cantabria declarará esta iniciativa como Proyecto Empresarial Estratégico. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, se comprometió a ello al anunciar esta inversión que ha calificado de “histórica” junto al consejero de Industria, Eduardo Arasti; el responsable de adquisiciones de Stoneshield Capital, Javier Ibáñez; y el CEO de XDC Properties, Javier Gonzalo.
El proyecto convertirá Cantabria en uno de los principales hubs de centros de datos del mundo, solo por detrás del noruego de Kolos y el norteamericano de Citadel (Nevada) y para el Gobierno cántabro “abre un abanico de oportunidades inmenso”, al impulsar la transformación del tejido productivo hacia sectores más innovadores y atraer otras empresas tecnológicas de primer nivel.
Tres fases
Dos décadas largas después de que el Banco Santander tuviese que llevar a Solares el proyecto del CPD que inicialmente pensaba ubicar en la capital cántabra, los problemas para encontrar un emplazamiento han sido parecidos. Dado que “no había suelo para el desarrollo completo del proyecto”, como reconoció la presidenta regional “hemos tenido casi que inventarlo”. Una parte del Campus Altamira se ubicará en el polígono Vipar (Astillero), que lleva 18 años sin desarrollar, y otra en unas mieses de Piélagos y Villaescusa en torno a la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67. Ambas zonas están muy cerca del puerto y el aeropuerto.
La primera fase tiene, en teoría, el desarrollo más sencillo, ya que se hará en el polígono Vipar, propiedad de una sociedad participada por Sepides (una empresa del Ministerio de Industria) y Sican (la promotora de suelo industrial del Gobierno de Cantabria). Ambos socios aprobaron ya en noviembre la adjudicación de la parcela a los promotores del centro de datos, de modo que en el próximo consejo de administración formalizarán el cambio de manos de estos 374.572 m2 que salieron a la venta en 7,8 millones.
La primera fase (Altamira I) se iniciará en este terreno en enero próximo cuando concluya la tramitación de un PSIR que el Gobierno ya tiene redactado y espera aprobar definitivamente antes de terminar este año. Las obras de las dos fases restantes también se van a desarrollar a través de sendos PSIR, y se iniciarán en 2028 o 2029.
Los hitos más importantes de estas dos últimas fases son la obtención de la declaración de interés regional, que va a ser inmediata; la licitación y adjudicación de la redacción del PSIR, previsto para mayo de 2025; la aprobación del PSIR (julio de 2027) y la privatización de los terrenos (julio de 2028), de tal manera que las obras comiencen en noviembre de ese año.
Repotenciar Penagos
El proyecto prevé 12 módulos de centros de datos de 40 MW cada uno. Sus 75.000 m2 de cubiertas estarán repletas de paneles fotovoltaicos para colaborar en el consumo energético, aunque se estima que su aportación no cubrirá más del 10% de las necesidades del Campus. Además, se recolectará agua de lluvia para la refrigeración de los servidores, que es el proceso que más energía consume.
La subestación de Penagos, de 220.000 voltios, será repotenciada para proporcionará la energía complementaria que requiere el proyecto: 100 megavatios en 2028 y 500 en 2030.
Buruaga ha subrayado que este centro de datos “no es un anuncio, es una realidad ya en marcha” y que, en su opinión, “valida y da sentido a todas las políticas y todas las decisiones que hemos adoptado en esta primera parte de la legislatura para transformar Cantabria”.
Un suelo problemático, que lleva décadas sin encontrar uso
Si hay un suelo industrial en Cantabria condenado al limbo ese es el que heredó el Estado de la antigua compañía minera Agruminsa que extraía el hierro de Cabárceno y que el Campus Altamira pretende usar para su primera fase. Agotada la explotación, la sucesora de la Orconera británica cerró y sus activos acabaron en manos públicas, que nunca pudieron dar uso a este suelo a pesar de su privilegiada situación, al borde de varias autovías y del ferrocarril, muy cercano al puerto y en una posición geográfica que permite generar una cierta continuidad entre los polígonos de Guarnizo-Morero y Parbayón.
A las muchas afecciones que tiene este suelo (el Plan del Litoral y las reservas de espacio de Obras Públicas y Adif), se suma el hecho de que gran parte está formado por los lodos que se depositaron históricamente al lavar el mineral de hierro antes de embarcarlo. Eso puede justificar que siga sin uso a pesar de que el Gobierno de Martínez Sieso ya presentó un gran proyecto para ese espacio hace más de dos décadas.
En 2015, otro gobierno del PP, el de Ignacio Diego, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Industria para recortar el proyecto y hacer más fácil un desarrollo que se antojaba casi imposible con las dimensiones originales (2,2 millones de m2, un gasto de 80 millones de euros en urbanización y la necesidad de expropiar una treintena de viviendas y muchas fincas particulares). El Estado tenía aproximadamente la mitad del suelo resultante que acabó compartiendo con la autonomía en una sociedad conjunta, Vipar, en la que la comunidad cántabra asumía un 15%.
El polígono quedó reducido a 400.000 m2, lo que evitaba muchos de los problemas que hasta ese momento habían hecho inabordable su desarrollo, pero tampoco con esa reformulación ha tenido más suerte hasta ahora.
El precedente del CPD del Santander
A pesar de su magnífica ubicación, no se trata del suelo más favorable para asentar un centro de proceso de datos. Cuando se construyó el del Banco Santander, Solares no fue la primera opción. Inicialmente se planteó hacerlo en una gran finca que se encuentra frente al PCTCAN, pero el Ayuntamiento de Santander no aceptó que el Gobierno regional tramitase un PSIR para poder construirlo con agilidad y el Banco tuvo que buscar otro emplazamiento. Desde el ejecutivo regional se le sugirió el polígono de Marina-Medio Cudeyo, por entonces casi vacío, y se decidió situarlo en la margen izquierda de la Autovía Santander- Bilbao (el terreno que ahora ocupa la central logística de Lupa) pero el lugar tuvo que ser descartado tras estudiarse el suelo, cuyo origen kárstico da lugar a muchas oquedades y cavernas. Hay que tener en cuenta que, para contratar estos centros de datos, las grandes multinacionales exigen las más altas certificaciones de seguridad que, entre otros requisitos, exigen un suelo muy estable.
Finalmente, el CPD del Santander se construyó al otro lado de la carretera, donde había una base firme de caliza y un riesgo sísmico mínimo.
Los terrenos de Vipar, como todas las proximidades de Cabárceno, también son de origen kárstico y en parte lagunosos, por lo que los promotores se van a enfrentar con muchos más inconvenientes que los propiamente administrativos para poder iniciar la construcción el año próximo como pretenden.
