Detectives, el ojo que todo lo ve
En Cantabria hay 15 investigadores privados que cada vez tienen más casos de empresas
A día de hoy, hay 6.000 personas en el país acreditadas por el Ministerio del Interior para ejercer como detectives privados, pero solo unos 1.200 trabajan, según Juan de Santiago, fundador de la Asociación Nacional Unificada Cántabra de Detectives. Las empresas les requieren, sobre todo, para detectar bajas fingidas y competencia desleal mientras que los particulares suelen recurrir a ellos para las pensiones compensatorias que se dirimen en los divorcios y las custodias de los hijos.
Ataviados con pipa, sombrero y gabardina hasta las rodillas, la literatura y el cine han alimentado durante décadas una imagen de los investigadores privados que no se ajusta a la realidad. Pese a ello, Juan de Santiago (Jaén, 1957) no renuncia del todo a ese estereotipo, hasta el punto de que su referente es el teniente Colombo, un investigador de ficción de Los Ángeles que en los años 70 esclarecía los más enrevesados homicidios, casi siempre provocados por personalidades influyentes, y tenía una especial habilidad para evitar que los sospechosos le vieran como una amenaza.
Desde que comenzó su actividad en 1981, los encargos que ha tenido que afrontar De Santiago han sido mucho menos cruentos y más variados: bajas laborales fingidas, absentismo laboral, competencia desleal, infidelidades, desapariciones, falsificación de documentos, seguros de vida, esclarecimiento de accidentes de tráfico, pago de pensiones compensatorias, sabotajes….
De Santiago vive en Santander desde hace varios años y ha trasladado recientemente las oficinas de su agencia, Poirot Detectives, de Río de la Pila a la calle San Fernando, donde se reubicará también la sede de la Asociación Nacional Unificada Cántabra de Detectives, que preside.
Servicios más demandados
Según el detective privado, que anteriormente ejerció en Madrid, Barcelona, Sevilla y Mallorca, los clientes no siempre demandan lo mismo. “Va por temporadas. Ahora atendemos muchos casos de pensiones compensatorias en los divorcios y la custodia de los hijos”, explica. “El juez pide pruebas y al final las únicas que valen son las que aporta el detective. Las partes nos acaban contratando con dinero que no tienen, porque saben que no será un gasto, sino una inversión”.
La crisis económica ha provocado que muchas empresas se hayan puesto a investigar bajas laborales fingidas y casos de competencia desleal que antes dejaban pasar. “Hay empleados que dicen al jefe que no acuden al trabajo porque están malos y están trabajando en el taller de enfrente”, comenta.
Si hay una circunstancia familiar que ya no se investiga tanto como antaño es la infidelidad. En su opinión, el motivo principal es económico. “No es que haya más confianza entre las parejas sino que antes de gastar dinero, los clientes se lo piensan dos veces”.
La perseverancia y la vocación son las mayores cualidades de un detective, según Juan de Santiago. De otra manera, explica,sería imposible realizar vigilancias estáticas tan largas como las que se ha visto obligado a hacer desde su furgoneta. “Tengo el récord de trabajar 36 horas seguidas”, asegura.
Fraudes al seguro
Entre sus cliente están también las compañías de seguros, que a menudo se convierten en víctimas de personas que pretenden sacar rendimientos económicos con falsos siniestros con la manipulación de documentos. “Una vez demostré que un médico falseó el certificado de una mujer que había fallecido con la intención de cobrar el seguro de vida. Resultaba que el médico era muy amigo del hijo de la señora que había muerto”, recuerda.
DE SANTIAGO: “Atendemos muchos casos de pensiones compensatorias y custodias de los hijos”
De Santiago no deja pasar la ocasión para alertar de la inestabilidad económica de la profesión. “A los nuevos detectives les venden que van a ganar mucho dinero pero la mayoría van a ser mileuristas”, asevera.
En la época de mayor esplendor de la profesión, las mutuas llegaban a pagarle entre 2.600 y 3.000 euros por trabajo realizado, unos importes que distan mucho de los actuales. “Ahora pagan 300 o 600 euros por el mismo trabajo”, denuncia. Y matiza: “Bueno, no es el mismo trabajo. Ahora los detectives hacen cinco fotos en una mañana pero las distribuyen como si fuesen el trabajo de tres días. La mutua sabe que no están tres mañanas trabajando sino una, pero aún así les sale más barato. Están destruyendo el oficio”.
Los límites legales a una investigación
La actividad de los detectives privados está regulada por la Ley de Seguridad Privada de 2014 y por un Real Decreto de 1994. Son los únicos profesionales no uniformados autorizados para obtener información e investigar conductas o hechos privados en el ámbito laboral, mercantil, financiero o referidas a la vida personal, familiar o social. Con un matiz importante, no pueden ejercer estas investigaciones en domicilios o lugares privados.
Su labor no puede socavar el derecho del honor, a la intimidad personal o familiar, el secreto de comunicaciones y, por supuesto, a la protección de datos.
Tampoco pueden interferir en la vida íntima de las personas ni utilizar medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A diferencia de las autoridades policiales, que siempre llevan consigo placas, ellos solo tienen la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) y están obligados a redactar una memoria anual con todos los casos abordados. En algunos de ellos, antes de empezar el trabajo han de solicitar documentación a sus clientes. “Por ejemplo”, dice Juan de Santiago, “si un marido me pide investigar la presunta infidelidad de su mujer, tengo que pedirle el libro de familia”, para acreditar su derecho a hacer esta indagación.
No obstante, el gerente de Poirot no tiene tapujos a la hora de reconocer que algunas de sus actuaciones han bordeado la legalidad. “Yo hago lo que haga falta, me meto donde sea necesario y me hago pasar por quien sea”, asegura.
Se queja ardorosamente de que los investigadores privados tienen que lidiar con normas sancionadoras “muy estrictas” y sostiene que un “auténtico detective” no puede estar pendiente “de lo que decidan cuatro politicuchos que están de paso”.
Desde la asociación que dirige, exige la elaboración de unos estatutos acordes a la idiosincrasia de la profesión y que el detective privado no dependa del Ministerio de Interior, sino de Justicia. “Nosotros no hacemos seguridad privada, sino investigación privada, y el 95% de nuestras investigaciones acaban en el juzgado”, argumenta.
Sus inicios
Para ejercer, es necesario contar con una licencia oficial otorgada por el Ministerio del Interior. Él, además, es diplomado en Investigación Criminal y Criminología y perito judicial.
El director de la agencia cántabra explica que en la actualidad hay 6.000 personas en España con licencia de detective privado pero solo unas 1.200 están en activo. “Hay gente que está poniendo hamburguesas en un McDonald’s y tiene un carnet de detective en el bolsillo”, asegura.
La mayoría de los titulados, cuando finalizan sus estudios y hacen su primer trabajo, se dan cuenta de que tienen que pasar doce horas seguidas esperando en un coche supone una penosidad que pocos están dispuestos a asumir. “No son vocacionales”, sostiene.
Calcula que en Cantabria hay 15 detectives privados, todos asentados en agencias de Santander, a excepción de una que se encuentra en Torrelavega y cuentan, como mucho, con dos profesionales. “Yo tengo dos personas conmigo, pero son autónomos y les llamo cuando los necesito”, detalla.
De Santiago ha investigado en ocasiones más allá de las fronteras nacionales para seguir una pista o hacer un seguimiento. Ha viajado a Francia, Alemania, México, República Dominicana o Miami. Incluso a Camboya, donde tuvo que permanecer un mes entero para resolver un caso.
Nuevas tecnologías
Los avances tecnológicos han facilitado la labor de los investigadores privados y aunque el responsable de la agencia Poirot cree haber llegado “un poco tarde” a este cambio, apunta que está rodeado de un equipo capaz de hacer verdaderas “virguerías”. “A mí hay cosas que me cuestan. Soy de pegar las fotos con barra blanca y escribir a máquina”, reconoce.
Su intención es retirarse pronto, pero tiene claro que nunca se desvinculará por completo del oficio: “Yo ahora me voy a dedicar a ir contra el establishment”, anuncia.
Otra de las compañías dedicadas a la investigación es Arkos Detectives, creada en 2014. La agencia cuenta con delegaciones repartidas por Bilbao, Marbella, Málaga, Vizcaya, Álava, Valladolid y León. “Bilbao es la central, pero donde más actividad tenemos es en Cantabria y la Costa del Sol”, explica su responsable, Mario, que no quiere dejar constancia de su apellido.
Detective desde 2013, Mario asegura que las mutuas y los seguros les aportan muchos casos cada año, pero también las empresas. Son frecuentes, dice, los casos de comerciales que aprovechan la cartera de clientes de sus compañías para vender productos de otras.
Para explicarlo mejor, pone un ejemplo ficticio, ya que la discreción es una de sus premisas. “Un comercial dedicado a la distribución de vinos aprovecha la ruta de su compañía para vender vinos y quesos, en gran parte sin IVA. Como le va bien, incluye sardinas y alquila una lonja para guardar ese material, donde tiene a dos trabajadores que cargan la mercancía en el coche de la empresa”, ilustra.
Tras un seguimiento de varios días, el detective obtiene las pruebas necesarias y el despido es procedente. “Las empresas suelen tener indicios, pero necesitan pruebas para presentarse en el juzgado”, puntualiza.
Bajas falsas por depresión, una misión imposible
Las bajas laborales generan un flujo permanente de trabajo para los detectives privados. Y se detectan muchos fraudes, porque investigar el alcance real de una lumbalgia o un latigazo cervical en un operario de una empresa fabril que está de baja no es tan difícil como parece. Basta con aprenderse sus rutinas y horarios y comprobar si la lesión limita sus actividades diarias, tal y como aseguran los informes médicos.
Los detectives se frotan las manos cuando el sujeto sale de un supermercado cargado de bolsas pesadas o cuando lo ven usando una azada para plantar tomates en una huerta. Una fotografía o un vídeo puede servir ante un juzgado para demostrar que la dolencia es inexistente o no tan grave como para estar de baja.
El escenario es radicalmente distinto en los casos de bajas psicológicas o por depresión. Lo constata Pedro, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación privada. Aunque prefiere no desvelar su apellido para preservar su identidad, no tiene problemas en reconocer que pocos detectives aceptan estos encargos.
El motivo es que comprobar si una baja por depresión es fingida es “prácticamente imposible”, dice. “Incluso en el caso de que localizásemos al enfermo bailando en una fiesta, el médico diría que es señal de que está progresando”.
La única forma, según Pedro, de constatar que una baja es simulada es conocer si el investigado consume alcohol, ya que en los tratamientos por depresión está prohibida su ingesta. “Pero tampoco es sencillo demostrar que lo que tiene en un vaso es alcohol”, lamenta.
Bajas por Covid19
La llegada de la pandemia no paralizó la picaresca laboral. Más bien al contrario. Pedro destaca que las compañías de seguros y las mutuas les han contratado para saber si empleados de baja por Covid19 padecían realmente la enfermedad. “Muchas bajas por coronavirus eran falsas. Ha habido un total desbarajuste”, sostiene. Pero no todos salieron indemnes del engaño. “En el momento en que salían por la puerta de casa e incumplían la cuarentena, estaban despedidos, porque mentían a la sanidad y a la empresa”, relata.
La detección de casos de incumplimiento de confinamientos ha disminuido, como es lógico, desde que Salud Pública ha levantado la obligación de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de casos positivos.
Uso de pisos alquilados como casas de citas
Entre los clientes particulares, un servicio demandado con frecuencia es investigar si el uso que se le está dando a un piso es el que el estipulado en el arrendamiento. No es infrecuente que algunos destinados a vivienda habitual se terminen utilizando como “casas de citas”, explica.
Pedro ha resuelto varios casos de esta índole haciéndose pasar por un cliente. El primer paso consiste en conseguir el teléfono del piso a través de plataformas en Internet dedicadas a esta actividad. “Cuando estás cerca, ellas (las prostitutas) te piden que las llames para abrirte la puerta. Así evitan que los clientes llamen por error a los vecinos, pero tú grabas esa conversación”, explica.
Una vez en el interior de la vivienda, el detective presta atención a todos los detalles para describirla ante el juez y aportar todos los datos posibles. En cambio, no tiene utilidad alguna hacer fotografías, “porque es de una propiedad privada y no sirven como prueba”, aclara Pedro para justificar esta paradoja.
Cámaras y micrófonos
El coordinador de Arkos revela que uno de los servicios más demandados en estos momentos es el barrido para localizar cámaras y micrófonos ocultos.
A menudo, sus clientes recurren a la agencia para saber si están siendo grabados con el fin de obtener información personal o profesional. Estas escuchas pueden tener lugar en despachos, centros de trabajo, salas de reuniones, vehículos e, incluso, en viviendas.
Su agencia cuenta con equipos de inhibición y rastreo de estos aparatos. También ofrecen espacios seguros contra posibles grabaciones no autorizadas.
Plagio de patentes
Otro de los servicios más habituales el investigar las falsificación de marcas y logos y, en general, las vulneraciones de los derechos de autor. “Aportamos pruebas sobre la persona o compañía que falsifica el producto, quién lo distribuye y quién lo vende”, comenta.
Desde la crisis de 2008 todos los investigadores reconocen que han crecido notablemente los encargos relacionados con empresas, sobre todo de cara a escisiones en el capital, por desconfianza entre socios (en muchos casos tienen denuncias cruzadas en los juzgados) o por supuesta gestión negligente, mientras que son menos la de índole familiar, a pesar de que en estos años ha aumentado sensiblemente el porcentaje de matrimonios que acaban en divorcio, una fuente inagotable de sospechas y reclamaciones.
David Pérez
